A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Argentina vuelve a mirarse en un espejo incómodo. No porque el pasado haya regresado —nunca se fue— sino porque el presente insiste en tensionar los consensos construidos con dolor, lucha y persistencia. Medio siglo después de la última dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado ya no necesita tanques en las calles para reaparecer como amenaza: alcanza con discursos que relativizan el horror, políticas que vacían la memoria y un clima de odio que vuelve a señalar enemigos internos.
La historia, cuando deja de asumirse como advertencia, reaparece como sombra.
El golpe de 1976 no fue un rayo en cielo despejado. Fue la culminación de un proceso largo, incubado en la Guerra Fría, en la Doctrina de Seguridad Nacional y en una trama local donde confluyeron las Fuerzas Armadas, sectores del poder económico, medios de comunicación, jerarquías eclesiásticas y una parte decisiva del arco civil.
La dictadura no se propuso únicamente eliminar a las organizaciones armadas: su objetivo fue mucho más profundo y estructural. Buscó desarticular la capacidad política de los sectores populares, destruir el entramado sindical, disciplinar a la sociedad y reorganizar la Argentina sobre bases económicas regresivas. En ese marco, el terror no fue un exceso ni una desviación, sino el método central de gobierno. Tal como ha desarrollado Pilar Calveiro (2005), no se trató de un recurso excepcional, sino de una forma sistemática de reorganización social, orientada a disciplinar cuerpos, subjetividades y vínculos colectivos.
El plan represivo fue racional, sistemático y planificado. Secuestros nocturnos, centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte, apropiación de bebés. Nada fue improvisado. Todo respondió a una lógica de aniquilamiento y borramiento. El desaparecido no solo era alguien asesinado: era alguien condenado a no existir, a no tener cuerpo, tumba ni duelo. Esa violencia extrema no buscó solo destruir militantes; buscó romper el lazo social, sembrar miedo, convertir el silencio en norma y la desconfianza en forma de vida.
No mirar
Pero la dictadura no se sostuvo únicamente por las armas. Se sostuvo también por consensos, por indiferencias, por complicidades. Mientras los centros clandestinos funcionaban a plena luz del día, una parte de la sociedad eligió no ver, no preguntar, no saber. Esa zona gris —incómoda, persistente— sigue siendo una de las preguntas más difíciles de nuestra historia. ¿Cómo fue posible? ¿Qué condiciones sociales, culturales y políticas habilitaron el horror? Recordar no es solo homenajear a las víctimas; es también interpelar a los vivos.
La recuperación democrática en 1983 abrió un camino singular. El Juicio a las Juntas, el informe Nunca Más, la persistencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y, años después, la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, construyeron un consenso poco frecuente a escala mundial. En la Argentina, el terrorismo de Estado fue juzgado. La memoria, la verdad y la justicia dejaron de ser demandas marginales para convertirse en políticas públicas. No fue un recorrido lineal ni exento de retrocesos, pero estableció un pacto básico: hay hechos que no se relativizan y hay límites que no se negocian.
Ese pacto hoy está en disputa.
El gobierno de Javier Milei no necesita reivindicar abiertamente la dictadura para erosionar ese consenso. Le basta con relativizarla. Con hablar de “excesos”, con reinstalar la teoría de los dos demonios, con cuestionar el número de desaparecidos, con desfinanciar espacios de memoria, con degradar las políticas de derechos humanos, con atacar a los organismos que durante décadas sostuvieron la memoria cuando el Estado callaba. El negacionismo contemporáneo no siempre grita: a veces susurra en nombre de la “libertad”, del “ajuste necesario”, de la “batalla cultural”.
Odiadores
Los discursos de odio que circulan desde el poder no son exabruptos aislados ni simples provocaciones. Construyen clima social, señalan enemigos, habilitan la exclusión. Militantes, docentes, periodistas, feministas, diversos colectivos minoritarios y organismos de derechos humanos vuelven a ser presentados como obstáculos, como gastos innecesarios, como amenazas. Las memorias de las catástrofes del siglo XX funcionan como advertencias políticas para el presente: no están hechas para conmemorar, sino para incomodar (Traverso, 2007). Cuando esas advertencias se ignoran, las democracias se vuelven frágiles.
Los recortes a las políticas de memoria no pueden leerse como una cuestión meramente presupuestaria: constituyen una definición política. Cuando se vacían sitios de memoria, se paralizan programas educativos, se desacredita a los organismos de derechos humanos y se deslegitima el trabajo sobre el pasado reciente, lo que está en juego no es el pasado, sino el futuro. Porque una sociedad que renuncia a sus memorias se vuelve más dócil, más vulnerable y más expuesta a repetir sus tragedias. En ese sentido, siguiendo a Tzvetan Todorov (2000), las memorias pierden todo su valor cuando dejan de estar ligadas a una exigencia de justicia. Separada de esa dimensión ética, las mismas se vacían, se vuelven decorativas o molestan, y dejan de funcionar como límite frente al abuso del poder. Allí donde recordar ya no incomoda, la injusticia encuentra terreno fértil para volver a instalarse.
A cincuenta años del golpe, la dictadura ya no es solo un objeto de estudio histórico: sigue siendo una frontera ética. No se trata de mirar atrás por conmemoración ritual, sino de comprender que el terrorismo de Estado fue posible cuando se naturalizó la violencia, cuando se aceptó que algunos derechos podían sacrificarse y cuando se creyó que el orden justificaba cualquier medio. Esa lógica, con otros nombres y otros lenguajes, vuelve a circular hoy.
Sin embargo, la historia argentina también ofrece otra enseñanza: la de la resistencia.
Resistieron las Madres cuando estaban solas en la Plaza. Resistieron las Abuelas buscando nietos en un país que les decía que olvidaran. Resistieron los sobrevivientes dando testimonio. Resistieron los organismos cuando se dictaron las leyes de impunidad. Resistió la sociedad cuando exigió justicia. Y esa resistencia, lenta y persistente, logró lo que parecía imposible.
Por eso, incluso en este presente áspero, hay lugar para la esperanza. Porque las memorias no son un museo: son una práctica viva. Porque cada juicio, cada nieto recuperado, cada escuela que enseña el pasado reciente, cada joven que pregunta, renueva el sentido del Nunca Más. Porque los consensos democráticos no se heredan: se defienden. Frente al odio, memoria. Frente al negacionismo, verdad. Frente a la crueldad, justicia. Y frente a la tentación autoritaria, la convicción profunda de que una sociedad más justa no se construye con miedo, sino con derechos.
A cincuenta años del golpe, cuando el Nunca Más vuelve a ser disputado, las memorias no se declaman: persisten. A veces lo hacen en forma de lucha, otras en forma de palabras. Y otras, como ahora, en forma de poema:
Ecos de la memoria
No es el olvido quien calla su nombre:
es el viento que insiste en decirlo,
la risa de un niño en la plaza, la madre que no deja de esperar.
Por si alguien no lo sabe: aún duele.
Aún faltan abrazos, nombres, respuestas.
Marzo vuelve con banderas alzadas,
porque un pueblo que recuerda no aprende a callar.
Referencias
Carmen Tarres Comunicaciones