El "caso Dalmasso" se apresta a escribir un nuevo y escandaloso capítulo en la bochornosa historia reciente del Poder Judicial de Córdoba. Además de tener a un periodista como único condenado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) espera el desenlace del jury iniciado a tres de los seis fiscales que intervinieron en la causa para torcer su propia jurisprudencia y abrir un inédito "juicio por la verdad" en una causa prescripta por la inoperancia... del propio Poder Judicial.

A poco más de dos semanas de abandonar su cargo -ya tiene reemplazante designado- el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, presentó la acusación contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, denunciados ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial por los ex imputados Marcelo y Facundo Macarrón y por Valentina, la hija de la víctima.

El escrito de Delgado reproduce los cuestionamientos de la familia Macarrón -representada por los abogados Gustavo Liebau y María Ángeles Mussolini- a la actuación de los fiscales, denunciados básicamente por no haber cotejado el ADN del parquetista Roberto Bárzola, imputado 18 años después el crimen por el fiscal Pablo Jávega.

Con un pie fuera de la Fiscalía General -su cargo caducó el 15 de este mes-, Delgado dejó la sustanciación del jury en manos de su adjunta Bettina Croppi. Quien, curiosamente, también tiene nuevo destino: el año pasado su pliego fue aprobado por la Unicameral para asumir al frente de la flamante Procuración Penitenciaria Provincial, el nuevo organismo creado por Martín Llaryora para ordenar el desaguisado de las cárceles mediterráneas, que funcionará bajo la órbita del TSJ. Como es la única acusadora, no podría asumir su nueva función al menos hasta junio, fecha estimada para la conclusión del jury. El sistema penitenciario puede esperar...

A pesar de ser sus últimos actos en la Fiscalía General, ni Delgado ni su adjunta profundizaron la denuncia de los Macarrón, quienes con el diario del lunes -la tardía imputación de Bárzola- embistieron sólo contra los tres fiscales que imputaron a los varones de la familia: Di Santo a Facundo por el supuesto abuso sexual y homicidio de su madre; Miralles a Marcelo como presunto autor material del crimen de su esposa; y Pizarro también al viudo, pero como supuesto autor intelectual del asesinato. Quedaron fuera de la acusación, en cambio, los fiscales Marcelo Hidalgo, Fernando Moine y Walter Guzmán, que no imputaron a ningún Macarrón, pero tampoco pusieron el foco en Bárzola. Curioso.

La acusación

¿Qué dice la acusación de los inminentes ex funcionarios de la fiscalía general contra los fiscales, a casi veinte años del crimen por el que se los quiere destituir?  Que incurrieron en "negligencia grave" y "mal desempeño", figuras que en realidad se complementan, siendo la segunda consecuencia de la primera.

Imbuidos del espíritu de "La Docta", Delgado y Croppi piden la destitución de Di Santo, Miralles y Pizarro por considerar que por su actuación en el caso Dalmasso "se ha visto afectada la credibilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, constituyendo un mal desempeño en sus funciones" (sic).

Al remitirse a la denuncia de los Macarrón, la acusación omite mencionar las distintas hipótesis que tuvo la causa. Al igual que en el documental de Netflix “Las mil muertes de Nora Damasso” (2025), Miguel Rohrer y Daniel Lacase no figuran ni como actores de reparto y apenas se menciona a Rafael Magnasco y Gastón Zárate. También se exalta el rol del FBI y la bióloga molecular Nidia Modesti, presentada como la única voz autorizada para interpretar los datos genéticos del expediente, pese a que el Ceprocor -que estaba a su cargo- no pudo establecer a quién pertenecía el ADN hallado en la escena del crimen y descartó que el líquido blanquecino encontrado en la vagina y la vulva de la víctima fuera semen.

El bioquímico Daniel Zabala, cuyo testimonio fue alevosamente censurado en la docuserie del amigo de los Macarrón, Jaime Crawford, insiste en había semen y era fruto de una relación sexual contemporánea a la muerte de Nora Dalmasso.

El vello pelo

Hay un dato curioso en la acusación de la fiscalía general: el "vello" que el fiscal Jávega dice haber analizado y se correspondería con el ADN de Bárzola se transforma, páginas más adelante, en un cabello.

Huelga decir que, como prueba, no es lo mismo un vello que un pelo. Bárzola trabajaba en la casa de los Macarrón y encontrar un cabello suyo no sería extraño. Salvo que la teoría de Modesti que hubo "contaminación" de ADN por la convivencia en la casa sólo sea aplicable a los Macarrón.

Delgado y Croppi recuerdan incluso que el fiscal Miralles le pidió a Modesti que analizara si el pelo hallado en el cuerpo de la víctima era compatible con el del viudo. Y Di Santo aclara que a pesar de haber sido rotulado como "vello púbico", el pelo estaba en la zona abdominal de la víctima y no en sus partes íntimas.

Pizarro -que cambió la carátula del expediente porque siempre desconfió de la prueba genética- advirtió en su descargo ante el jury que la reciente imputación a Bárzola surgió "luego de cuarenta pericias de ADN, lo que demuestra a las claras que no era el principal sospechoso" del nuevo fiscal (De hecho, Jávega insistió en pedir el cotejo genético de Rohrer, a pedido de los Macarrón). Pero además señaló que el perfil de Bárzola no se corresponde con el trazado por la autopsia psicológica -el trabajo interdisciplinario más riguroso que hay en el expediente- ni con las conclusiones del propio fiscal de Cámara, Julio Rivero, que descartó un ataque sexual cuando pidió la absolución de Macarrón.

Si se lee la prueba del expediente en función del “hallazgo” genético de Jávega, la conclusión es Bárzola era amante de Nora. Un absurdo. Sin mencionar el robo de uno de los celulares de la víctima, que no se encontró en los allanamientos realizados a los operarios que trabajaron en la casa de los Macarrón, incluido Bárzola.

Reproches

En su descargo ante el jury, los tres fiscales acusados negaron haber sido negligentes y parciales y mucho menos haber ejercido violencia institucional contra la familia de la víctima.

Di Santo, primer fiscal de la causa, negó categóricamente haber hecho un análisis sesgado de la prueba. Recordó que intervino las líneas telefónicas de los operarios que trabajaban en la casa de los Macarrón y allanó el domicilio de Bárzola, su jefe y su pareja y hasta cotejó su calzado con las huellas detectadas en la pérgola del chalet de Villa Golf.

Di Santo recordó, al igual que sus pares, que siempre tuvo el apoyo de la fiscalía general, por entonces a cargo de Gustavo Vidal Lascano y luego del controvertido Darío Vezzaro. Mencionó como una ironía de que después del “perejilazo” que motivó la detención de Gastón Zárate se pidiera su juicio político por investigar a los trabajadores y ahora, casi veinte años después, se lo juzgue por no investigarlos.

Al igual que Pizarro, Di Santo consideró que el reciente “hallazgo” del ADN de Bárzola en la escena del crimen fue más un golpe de suerte que agudeza investigativa de Jávega. "Fue producto de un hallazgo estrictamente fortuito que implicó la realización de estudios genéticos a múltiples personas y no de una línea de investigación concreta", explicó.

Una situación similar vivió el propio Di Santo cuando cotejó el ADN de los presuntos contaminadores de la escena del crimen y ¡bingo!, apareció la coincidencia con Félix Macarrón. Fue esa coincidencia la que orientó la pesquisa hacia la familia de Nora, como ahora sucedió con Bárzola.

Di Santo destacó que la causa fue analizada por cinco fiscales de instrucción, dos fiscales de cámara, el juzgado de control y las dos cámaras penales de Río Cuarto y ninguno de estos organismos -ni los cuatro fiscales generales que tuvo la Provincia en ese lapso- plantearon la omisión de investigar a Bárzola. También negó que Vezzaro le hubiera entregado un informe privado que sugería investigar a Bárzola, como señalan los Macarrón.

Daniel Miralles también recordó que mientras estuvo al frente de la investigación, ni la querella y ni los abogados de Macarrón pidieron investigar a Bárzola. Y que, al contrario, pidieron cotejar el pelo hallado en la escena del crimen con el ADN de Rohrer, con resultado negativo. Aclaró que su polémico viaje a Uruguay fue a instancias del por entonces fiscal general Alejandro Moyano.

La acusación fue presentada el 25 de febrero y el plazo fatal de 60 días hábiles vence el miércoles 27 de mayo. Sería un escándalo destituir a la mitad del Ministerio Público Fiscal de Río Cuarto por fallar en el esclarecimiento de un homicidio cometido hace dos décadas. Pero será difícil elegir un chivo expiatorio porque la acusación es idéntica para los tres: no haber investigado al sospechoso que, 18 años después, el fiscal y la familia Macarrón eligieron como culpable, aunque la causa esté prescripta.

¿Un jury para Netflix?

“Crímenes en espejo” (Recovecos, 2023) es la actualización de “Las cuatro muertes de Nora Dalmasso” (Del Boulevard, 2008). En el libro se analiza minuciosamente la actuación de todos los fiscales que intervinieron en la investigación del crimen impune de Nora Dalmasso.

El texto tiene una visión crítica del trabajo de los fiscales, pero pone todos los elementos sobre la mesa y no omite la actuación determinante que en su momento tuvieron el vocero Daniel Lacase o el empresario Miguel Rohrer, que conformaban un triángulo de poder político y económico junto al viudo Marcelo Macarrón. Pese a que "Las cuatro muertes" agotó tres ediciones y fue el libro de referencia para los medios nacionales que siguieron el caso, Netflix tuvo el descaro de titular su docuserie "Las mil muertes de Nora Dalmasso" (2025), que diluye las cuatro hipótesis que investigo Di Santo -el amante, el violador, el matricidio y el crimen económico- en un número indefinido de muertes, incluida la mediática. Ni el libro, ni el testimonio de su autor fueron requeridos como prueba por la fiscalía general: desfilarán por la Legislatura, en cambio, el viudo, sus dos hijos y hasta su hermana. ¿Visión sesgada? No sólo la de los fiscales.