Que la pareja federal más famosa del país siga rubricando fallos en forma conjunta supone una verdadera afrenta al sistema republicano y la división de poderes. Esta revista publicó en varias ediciones la manifiesta incompatibilidad funcional de la pareja que integran la presidenta y el vice de la Cámara Federal de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres. Resolver el destino de los bienes y la libertad de las personas desde la alcoba matrimonial no sólo es incompatible con los principios republicanos más elementales, sino que implica una clara tentación de abuso de poder. A la que, por la imputación de que da cuenta exhaustivamente esta edición de El Sur, sucumbieron las todavía máximas autoridades del Poder Judicial federal en Córdoba.

La Corte Suprema de Justicia avaló en su momento las mentiras de Montesi -llegó a negar en el Senado su relación sentimental con Sánchez Torres para acceder al sitial que hoy ocupa- e hizo la vista gorda ante las innumerables denuncias de abuso de poder de los conyugues federales mediterráneos.

Hasta que una mujer - ¡cuándo no! - decidió quebrar el pacto de silencio de la torre federal -avalado por la vergonzosa conducta pro patronal del gremio que preside el condenado Juan Triputti- decidió que era demasiado y denunció a su jefe ante la propia Fiscalía Federal.

El requerimiento de investigación a la pareja federal elaborado por los fiscales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano (fiscal de la Procuración Federal de la Nación) es lapidario, reúne testimonios directos de trabajadores y trabajadoras de la Torre Federal, documentación y capturas de pantalla de teléfonos celulares. Entre otros delitos, acusa a la dupla Sánchez Torres/Montesi de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Un ramillete delictivo pocas veces visto en quienes deberían dar ejemplo de austeridad y transparencia por ocupar los sitiales más codiciados del Poder Judicial nacional en Córdoba.

Tras semejante requerimiento fiscal, la pareja que conduce los destinos de la Cámara Federal de Córdoba debería dar un paso al costado hasta que se aclare su situación. O, cuando menos, dejar de firmar fallos de manera conjunta.

El juez Alejandro Sánchez Freytes tiene en sus manos una investigación que puede implicar una bisagra en el desprestigiado edificio de Arenal y Paunero, que hace algunas semanas fue noticia mundial por el descollante trabajo de búsqueda e identificación de restos de una docena de personas desaparecidas en el ex campo de concentración La Perla durante el terrorismo de Estado.

Dos caras del mismo Poder Judicial.