Los delitos de guante blanco encuentran en la complicidad judicial la impunidad que no goza el ciudadano común, cuya libertad y bienes están en manos de funcionarios que debieran ser probos en su trabajo por establecer justicia. Sus altísimos salarios están fijados para que no se vean tentados a aprovechar las ventajas del acceso a causas donde se dirimen multimillonarias demandas.

Cuando el pasado primero de abril el fiscal Federal Maximiliano Hairabedian, junto al procurador en lo Penal Económico Pablo Nicolás Turano, imputaron a los camaristas federales Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres -presidenta y vice de la Cámara, además de pareja sentimental-, el nombre de la cerealera Bunge quedó en boca de todos. Revista El Sur lo había denunciado en noviembre del año pasado, en una investigación titulada “El fallo Bunge que compromete a Sánchez Torres”.

Ahora, a raíz de la investigación judicial, Bunge pasó a primer plano en la prensa de la provincia no ya en plano de hipótesis, sino de certeza: ambos magistrados son apuntados por su intervención en beneficio de la histórica trasnacional exportadora, cuyos gerentes atravesaron sendos juicios por evasión tributaria agravada, según la denuncia que realizó la AFIP (hoy ARCA) y que debió tramitar distintas instancias del juicio en la Cámara Federal, hasta su resolución final.

Los fiscales promueven acción penal ante el Juzgado Federal N°2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. También están incluidos en la imputación el secretario penal de la Cámara, Mario Olmedo, y el secretario de superintendencia, Gustavo Flores.

Maniobras

Todo comenzó a partir de la denuncia que presentó la secretaria de Cámara, Celina Laje Anaya, quien advirtió que Sánchez Torres intentó conformar una de las salas del tribunal, por medio de un mecanismo contrario a la ley que lo regula, con su pareja Montesi para resolver una de las causas de Bunge que implicaba al presidente de la multinacional en 2013, Plácido Enrique Humanes, un referente del agronegocio que sigue ocupando los más altos estrados de looby económico, como es el consejo empresarial IDEA.

Tras la negativa de Laje, Sánchez Torres montó en cólera e inició un proceso persecutorio de acoso laboral y violencia de género por el que también fue denunciado. En el interín, la camarista Liliana Navarro impugnó la integración de Montesi a la sala, Sánchez Torres debió dar marcha atrás y una nueva conformación de la sala -sin Montesi- procesó a Humanes, dejando a Sánchez Torres en minoría en el pedido de sobreseimiento. El voto por mayoría obligó a Bunge a pagar con multa el monto de la evasión tributaria probada.

Sin embargo, en otra causa similar que involucraba a Bunge, el gerente Raúl Alfredo Padilla sí fue sobreseído, esta vez con los votos de Sánchez Torres y Montesi. En esa oportunidad, según determinaron los fiscales, tras recibir el expediente con el voto de Montesi, a Sánchez Torres le llevó… ¡un minuto! fallar en sintonía con su pareja.   “Vale aclarar que recibidas las actuaciones en la vocalía de Sánchez Torres con fecha 07/12/2023 a las 11:48 hs. emite su voto y remite el expediente a la secretaria penal el mismo día a las 11:49 hs. es decir que demoró un minuto en analizar y resolver una apelación, arrojando como resultado una falta de mérito por unanimidad en favor de Raúl E. Padilla (fs. 17/22-233/257 incidente 4). Tales actos exceden lo razonable como mera convicción jurídica, proyectando inequívocamente la imagen de un interés personal que los compelía a garantizar ese resultado”, describen los acusadores en su pedido de procesamiento de la pareja federal.

Los fiscales le piden al juez interviniente que llame a declaración indagatoria a Sánchez Torres y Montesi porque están convencidos que la conformación forzada de las salas tuvo por fin beneficiar a los gerentes de Bunge: “La rapidez materialmente imposible con que Sánchez Torres habría votado en la causa "Padilla" (un minuto), y la persistencia con que insistió en el resultado incluso tras quedar en minoría en la causa “Humanes”, configurarían un conjunto de conductas cuya explicación más plausible, a esta altura de la investigación, no es sólo la arbitrariedad funcional, sino la existencia de un propósito: integrar juntos la Sala y emitir un pronunciamiento favorable para los imputados”, advirtieron.

Hairabedian y Turano imputan el hostigamiento laboral de Sánchez Torres a Laje Anaya como “lesiones graves en un contexto de violencia de género”. El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria. Según la acusación, Sánchez Torres no le dio tregua por negarse a avalar la irregularidad pretendida con la convocatoria a Montesi: cambios arbitrarios de funciones, sobrecarga de tareas, interrupción de una licencia psiquiátrica, descalificación profesional, aislamiento, discriminación, manipulación, coacción y hostigamiento para obligarla a cambiar su cargo por otro de menor jerarquía fueron algunas de las consecuencias padecidas por Laje Anaya. 

En esa línea, la Fiscalía acusa al secretario penal, Mario Olmedo, como cómplice de las maniobras de hostigamiento, en tanto al secretario de superintendencia, Gustavo Flores, le imputaron directamente falso testimonio ante las inconsistencias de su declaración testimonial.

Sánchez Torres y Montesi, que ya tenían una medida de restricción de la denunciante, ahora deberán afrontar un proceso penal por demás complicado.  

Hacete amigo de(l) Juez

Abel Sánchez Torres se mueve a sus anchas entre empresarios de peso, mientras fantasea con llegar a la Cortes Suprema de Justicia, que tiene dos vacantes desde las renuncias del cordobés Juan Carlos Maqueda y el paso fugaz de Manuel García Mansilla. Para ello confía en los apoyos que pueda recibir de lobistas como el G6 -integrado, entre otros, por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos-, que recientemente emitió un comunicado en apoyo a una acordada de los supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que cambia el mecanismo de selección de los jueces.

Sánchez Torres tiene asistencia perfecta a los ágapes y encuentros de la Fundación Mediterránea, donde siempre consigue lugar en las mesas principales, quizás por el vínculo con la gerenta de la entidad, la histórica Miriam Martínez, que tiene a su hijo trabajando como secretario privado del camarista. Marco Dalfaro -de él se trata- no es abogado, sino un ingeniero en sistemas, según detalla en su perfil de Linkedin. “Son las relaciones que hace Abel para conseguir los apoyos en su carrera”, explican en la torre federal.

Consejo y más nubarrones

¿Qué efecto tendría el cambio reglamentario impulsado por Rosatti y Rosenkrantz en el sueño cortesano de Sánchez Torres? El camarista confía en que el senador libertario Luis Juez le despejará el camino en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que la denuncia de Laje Anaya, que motivo su imputación, también está radicada en esa dependencia.

En la inauguración del año judicial en Córdoba, Juez y Sánchez Torres se fundieron en un ampuloso abrazo en el Salón de los Pasos Perdidos. Antes había llegado al despacho del senador libertario -a cargo de la Comisión de Acusación- la denuncia de Laje Anaya, que derivó a la Comisión de Disciplina, donde hace meses duerme el sueño de los justos.

Al cierre de esta edición se conoció otra denuncia contra los camaristas, en un expediente paralelo impulsado por el procurador Turano, que apunta a investigar la evolución patrimonial de Sánchez Torres.

“Lo que surgió de las testimoniales es que Sánchez Torres no tiene forma de explicar la casa que tiene en un country, ni tiene forma de explicar la casa que tiene en el Mirador de Parque Siquiman, no tiene forma de explicar otras propiedades más con el sueldo que gana”, aseguran en los pasillos de tribunales.

La otrora todopoderosa pareja federal todavía tiene mucho que explicar.