"El clan Macarrón es una colección de mitómanos", dijo el verborrágico Miguel Rohrer, (a) "El Francés", apenas su imponente figura se metió en el culo de televisor gigante que envuelve las modernas instalaciones de la Legislatura de Córdoba, donde se escribe un nuevo y vergonzoso capítulo del proceso político/judicial más bizarro de la historia de Córdoba: el caso Dalmasso.

Con la causa prescripta hace casi cinco años -el 25 de noviembre se cumplirán dos décadas del crimen-, el tribunal conformado por cuatro legisladores y la inefable vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Aída Tarditti presenció un desfile que reflejó la desorientación general de propios y ajenos para apuntalar una acusación absurda y contrafáctica: no haber cotejado el ADN del parquetista Roberto Bárzola con las muestras que había en el expediente.

La inconsistente acusación de la familia Macarrón fue asumida por la fiscal adjunta Bettina Croppi (en realidad por su ex jefe, Juan Manuel Delgado, que culminó su mandato apenas entregó el libelo para que asumiera su reemplazante, Carlos Lezcano).

Croppi, con sobrados pergaminos en violencia de género, espera que termine el jury para ocupar el mullido sillón que la espera en la flamante Procuración Penitenciaria de la Provincia, donde fue designada en la misma Legislatura para controlar lo que suceda en las cárceles mediterráneas con rango y sueldo equivalentes al de un vocal del TSJ.

A su lado, quien fuera la mano derecha del fiscal general Gustavo Vidal Lascano cuando viajaba a Río Cuarto para seguir de cerca el trabajo de Javier Di Santo y los dos fiscales que él mismo asignó para apuntalarlo (Marcelo Hidalgo y Fernando Moine), apuntaba su dedo inquisidor contra Di Santo y los dos fiscales que lo sucedieron en la caótica instrucción de la causa: Daniel Miralles y Luis Pizarro).

En las maratónicas jornadas realizadas en la Legislatura las últimas semanas de abril nadie aportó nada nuevo a una causa que no por casualidad quedó impune. Di Santo se quebró, pero demostró con datos concretos que investigó a Bárzola y al resto de los trabajadores que por esos días hacían refacciones en la casa de los Macarrón en Villa Golf. Es más, su inclinación hacia los obreros le valió un prematuro pedido de juicio político en 2007, que fue desestimado entonces, entre otros, por Tarditti y Miguel Nicolás, que 19 años después siguen impertérritos en el mismo lugar.

"En el año que siguió al fallecimiento de mi esposa las publicaciones se han sucedido a ritmo vertiginoso, al compás de los rumores de la investigación judicial, acompañadas de un torbellino de procacidades, ultrajes a la privacidad de nuestra familia, distorsiones de dichos y presuntos dichos de sus miembros, cuando no directamente de inventos del más sofisticado cuño o de las más disparatadas quimeras", escribió Gustavo Libeau en los fundamentos de la demanda que, apenas un año después de crimen, iniciaron los Macarrón contra quien escribe estas líneas -desde entonces director de El Sur- y sus colegas Alejandra Elstein (semanario Otro Punto) y Vanesa Lerner (Canal 13 de Río Cuarto).

De aquella "escalada periodística y mediática probablemente sin precedentes en la historia judicial de este país" (Libeau dixit), los Macarrón sólo denunciaron a tres periodistas de Río Cuarto. Pero al constatar que ni Lerner ni Elstein tenían bienes a su nombre, sólo continuaron el proceso en mi contra. Embargaron mi casa, mi auto, peritaron los números de la revista y hasta solicitaron una pericia psiquiátrica para dilucidar si yo estaba "obsesionado" con ellos.

El tortuoso proceso judicial paralelo a la investigación del crimen -donde estuvieron imputados dos de los tres demandantes- recién  culminó en 2024, cuando a menos de un mes de jubilarse el cortesano cordobés Juan Carlos Maqueda me aplicó -junto a los inefables Rosenkrantz y Rosatti- el medieval artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que dejó firme la sentencia del TSJ que me obligaba a indemnizar a Facundo y Valentina (no así a su padre, por entonces imputado como autor material del crimen de su esposa).

¿Qué hubiera pasado si toda esa energía volcada a perseguir al periodismo -llegué a contar siete abogados en el expediente que litigaban en mi contra- la hubieran utilizado para apuntalar la investigación penal? Según declaró el ex fiscal general Darío Vezzaro en el jury, tenían en su poder un informe privado de un ex agente del FBI que apuntaba a Bárzola. ¡Pero nunca lo presentaron! Si el informe no está en la causa, mal pueden reprocharles a los fiscales que no hayan cotejado el ADN de Bárzola, a quien desecharon como sospechoso tras allanarle la casa y pincharle el teléfono.

Boomerang

Fracasado el intento de amordazar a los periodistas de Río Cuarto, Liebau, que tiene el dudoso mérito de atender de los dos lados de la barandilla -es abogado del periodista Tomás Méndez, que supo hacerle un cámara oculta que incriminaba al vocero de los Macarrón-, amplió sus denuncias fuera del ejido urbano y demandó al canal América TV.

En estas intensas semanas de jury, el histriónico fiscal de Cámara Julio Rivero -el mismo que pidió la absolución de Macarrón en el juicio de 2022- declaró que las fotos del cadáver de Nora Dalmasso que emitió ese canal en horario prime time se las entregó el abogado Marcelo Brito, defensor histórico de los Macarrón (padre e hijo). Si, leyó bien: el socio de la persona que entregó las fotos del cadáver de Nora demandó al canal de televisión que las difundió.

¿Por qué Rivero no imputó a Brito? Porque al ser un delito de índole privada, no podía actuar de oficio: necesitaba el impulso de Macarrón, pero el viudo prefirió no hacer la denuncia penal. Nada le impedía, en cambio, imputar al vocero Daniel Lacase cuando comprobó que pagó la estadía del comisario Rafael Sosa y sus secuaces llegados desde Córdoba capital para resolver el crimen inculpando a un perejil. Lo asaltó la "duda insuperable" y prefirió no pintarle los dedos a Lacase. Quien, pese a haber sido un actor central en los primeros meses de la investigación del crimen y supuesto destinatario del informe del ex agente del FBI que apuntaba a Bárzola, no declaró en el jury.

Tras el impacto de la serie que coordinaron con el rotario inglés Jaime Crawford en Netflix -la mayor plataforma on demand del mundo, que les pagó una fortuna por la cesión de los derechos y las filmaciones de Nora en la intimidad familiar-, la Justicia bonaerense desempolvó la causa contra América TV y condenó al canal a indemnizar con 300 millones de pesos a los Macarrón, que esperan el final del jury para demandar a la Provincia por daño moral.   

Otro que se relame con la posible destitución de los fiscales es el primer imputado en la causa, Rafael Magnasco. Hace 19 años, después de ser señalado como el amante/asesino de Nora -a quien ni siquiera conocía personalmente-, Magnasco demandó a la Provincia por 1,4 millones de pesos. La causa ya estaba a fallo, pero se abrió un nuevo paréntesis a la espera del desenlace del jury: si destituyen a los fiscales, también aumentan las chances de que Magnasco sea resarcido económicamente. La cifra, a valores de hoy, rondaría los 965 millones de pesos.

¿Cuánto pagará la Provincia si el tribunal destituye a los fiscales y convalida el transformismo de los Macarrón, que pasaron de imputados a víctimas?

El jury se llevó puesta la presunción de inocencia: ni siquiera Tarditti aclaró a los legos que Bárzola es inocente hasta que se pruebe lo contrario. 

Ya no está Mauro Viale para ahorcar un maniquí frente a cámara para ilustrar cómo asesinaron a Nora, pero Mauro Z le mostró al país cómo quedó el piso de parquet que colocó "el asesino" en la coqueta vivienda del viudo en Villa Golf.