Esta semana se sabrá si alguno de los tres fiscales de instrucción de Río Cuarto sometidos a un insólito juicio político sigue en funciones o es destituido. La decisión, en manos de un tribunal de jury integrado por dos legisladores del oficialismo (Julieta Rinaldi y Facundo Torres Limia), dos opositores (Miguel Nicolás y Walter Gispert) y la inefable vocal del TSJ Aida Tarditti, es política.

El proceso desarrollado en la Legislatura mostró que el déficit del Ministerio Público Fiscal de Córdoba es estructural y se extiende a todo el Poder Judicial. En casi dos décadas de investigación penal se cometieron todos los yerros posibles para garantizar la impunidad del homicidio de Nora Dalmasso. Destituir a uno, dos o a los tres fiscales de instrucción no cambiará la imagen desteñida de un Poder Judicial imbuido en una crisis de credibilidad que es fruto de su propia impericia. Ni la decisión del jury, ni el decidido apoyo de los medios de comunicación hegemónicos al transformismo de los ex imputados, ni la sesgada serie de Netflix que se coló en el recinto legislativo, cambiarán un hecho indubitable: el único condenado por el hecho policial más mediático de la historia de Córdoba es el periodista que lo siguió el caso con mayor rigor y profesionalismo, como lo estableció el dictamen del procurador general ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, al sugerir el TSJ que revirtiera su condena al director de esta revista. 

La aplicación del monárquico artículo 280 del CPCCN por parte del cortesano cordobés Juan Carlos Maqueda a un mes de jubilarse fue la antesala del insólito jury pedido por la familia Macarrón, que espera al menos una destitución para demandar una millonaria indemnización a la Provincia.

Si el desaguisado del caso Dalmasso expuso otra vez las miserias de la Justicia del cordobesismo, la causa "Cuadernos" reabre por estos días la cloaca de Comodoro Py, donde el grupo de tareas que supieron conformar el desaparecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli destruyó el Estado de Derecho para perseguir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presa política de la democracia de menor intensidad desde su recuperación en 1983.

Desde que nació, hace más de dos décadas, esta revista denunció, denuncia y denunciará, pese a los aprietes, la corrupción en el Poder Judicial, desde el TSJ hasta el último fiscal de instrucción del interior del país. En honor a ese compromiso editorial inclaudicable, la tapa de este mes está dedicada a Gerardo Ferreyra, un empresario cordobés que padeció las mazmorras del terrorismo de Estado y la cárcel infame del Poder Judicial más desprestigiado de la democracia.