El 26 de noviembre de 2006, en una casona del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto, una mujer apareció muerta. Se llamaba Nora Dalmasso. Tenía el cuerpo semidesnudo. Había sido estrangulada con el cinto de su propia bata. Su marido estaba en Uruguay, jugando al golf.

Hasta ahí, los hechos. Lo que vino después pertenece a otro género: no al policial, sino al del drama, al de la intriga, al de la crueldad, que fueron los encargados de diseñar toda la arquitectura de la impunidad.

Porque en las horas que siguieron al hallazgo del cuerpo, mientras la Policía de Córdoba todavía levantaba evidencia y los forenses completaban su trabajo, ya se había puesto en marcha algo más sofisticado que una investigación criminal. Se había activado un protocolo cuyo objetivo nada tenía que ver con encontrar al responsable. Tenía que ver con garantizar que el asesino nunca fuera condenado.

La diferencia entre ambas cosas puede parecer abismal. En el caso Dalmasso, esa diferencia se administró con una paciencia y una astucia que, vista en retrospectiva, resulta casi admirable. Si no fuera tan criminal.

El perejil

Febrero de 2007. Tres meses después del crimen, la Policía detiene a Gastón Zárate. El pintor. Trabajó en la casa de los Dalmasso-Macarrón. Es joven, es pobre, tiene el perfil perfecto para lo que viene.

Las pruebas son un fiasco. El testimonio de un amigo con contradicciones flagrantes. Sin ADN coincidente. Sin evidencia física que lo vincule al crimen. La detención termina siendo un despropósito tan evidente que en el acto la ciudadanía de Río Cuarto reacciona como era previsible: con furia.

El "Perejilazo" pasó a la historia. Miles de personas marcharon. "No al perejil", gritaban. "La Justicia está podrida". Tenían razón. Mucha más de lo que en ese momento se pensó.

Zárate fue liberado y recibido en andas por la multitud. El fiscal quedó desacreditado. El sistema judicial cordobés sufrió lo que parecía una derrota humillante. La opinión pública parecía haber ganado. Parecía.

El mecanismo

Aquí es donde la "Teoría del Anticuerpo" se vuelve perturbadora. No porque sea una intrincada conspiración de poderes, influencias a impunidades, sino porque es demasiado simple. Demasiado eficiente. Demasiado parecida a la forma en que funciona el poder en Argentina cuando necesita protegerse.

La teoría propone esto: la detención de Zárate no fue un error. Fue una vacuna. Fue una inoculación.

Un organismo biológico que quiere desarrollar inmunidad frente a una enfermedad se inocula a sí mismo una dosis controlada del virus que la causa. El cuerpo reacciona, genera anticuerpos, y queda protegido. La próxima vez que ese virus aparezca, el organismo lo reconocerá y neutralizará automáticamente, sin que nadie tenga que dar una orden.

El sistema judicial-policial cordobés hizo exactamente eso. Se inoculó el escándalo Zárate —un obrero detenido sin pruebas— para generar un anticuerpo social. Y ese anticuerpo tenía un sentido: generar desconfianza automática hacia cualquier investigación que apuntara a obreros, operarios, trabajadores del entorno de la víctima.

No se necesitaba coordinar a los cuatro fiscales. Bastaba con que el sistema de poder que rodeaba la causa —el político, el judicial, el mediático— generara la presión suficiente para que ninguno avanzara en la dirección peligrosa, que casualmente era también la dirección correcta.

Tras el papelón de Zárate, los fiscales desarrollaron un pánico absoluto a investigar el entorno de los laburantes. Después del "Perejilazo", cualquier pesquisa sobre un trabajador de la construcción vinculado al caso Dalmasso equivaldría, en la opinión pública, a armar otra causa contra un perejil. Cualquier fiscal que se atreviera a ir en esa dirección sería lapidado. Cualquier juez que avanzara sería destruido mediáticamente. Así es como se generó un blindaje psicológico: investigar a Roberto Bárzola hubiera sido interpretado como un Zárate 2.0.

Así, sin que nadie lo percibiera, el sistema se había vuelto inmune a la única línea de investigación que conducía a quien hoy es el principal sospechoso.

El operador

La vacuna no se administra sola. Alguien la prepara. En este caso, ese alguien tiene nombre: Rafael Sosa, comisario a cargo de la División Homicidios de Córdoba, trasladado especialmente a Río Cuarto junto a toda su comitiva para conducir la investigación. A todos nos sorprendió.

Sosa no era un policía torpe. Era, según lo demostrarían causas judiciales posteriores, un profesional del armado de causas. Un experto en el uso de informantes, en el direccionamiento de pruebas, en la construcción de sospechosos descartables. Fue el que nos hizo conocer aquella vergüenza de “los embagallados”, luego de años de tergiversar causas en sociedad ilícita con el recordado Juan “El Francés” Viarnes, recientemente asesinado en el Conurbano bonaerense. De ahí que la condena posterior de “Rafa” Sosa en el "Narcoescándalo" cordobés —por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad— no fuera una sorpresa para quienes lo conocían, sino más bien una confirmación.

Ahora, volvamos a Río Cuarto. Volvamos a aquel momento de máxima tensión cuando la sociedad demandaba avances concretos y la atención de todo el país estaba depositada en esta ciudad del sur cordobés. ¿Quién pagó la estadía de Sosa y toda la plana mayor de Homicidios en un hotel de Río Cuarto? Daniel Lacase. Abogado. Operador político. Hombre de confianza de Marcelo Macarrón y del gobernador José Manuel De la Sota.

Por si no queda claro, lo volvemos a explicitar: una fuerza pública de seguridad provincial alojada en un hotel pagado por el abogado y vocero de la familia Macarrón. Un tipo que en ese preciso momento se dedicaba afanosamente a sembrar versiones contradictorias sobre el crimen y a esparcir detalles —verdaderos o no— sobre la vida privada de la víctima, cuando el cuerpo todavía estaba caliente.

No estamos frente a una irregularidad procesal sino más bien frente a la misma arquitectura del encubrimiento.

Los quince años

Mientras Zárate era liberado entre aplausos y el sistema fingía vergüenza, algo dormía en el expediente judicial. Desde 2008 —apenas dos años después del crimen— un ADN encontrado en el cinto de la bata de Nora había sido perfilado por el FBI. Era incompatible con la víctima. Era incompatible con toda la familia Macarrón.

Un agente del FBI entregó personalmente ese informe a los abogados de la familia. Nunca llegó a la fiscalía. Nunca se presentó. El informe quedó ahí, inexplicablemente dormido.

Jamás se hizo un cotejo genético con Roberto Bárzola, el pulidor de pisos que trabajaba en la casa durante la semana del crimen. Simplemente no se hizo.

Por eso Bárzola durmió también. Igual que el informe.

Mientras tanto, los fiscales trabajaban. ¡Vaya si trabajaban! Di Santo imputó al hijo de Nora, Facundo, entonces de 19 años, sosteniendo una teoría de relación incestuosa. Estuvo imputado cinco años y medio. Miralles construyó la hipótesis del "avión fantasma": el viudo Macarrón habría viajado clandestinamente desde Punta del Este para cometer el crimen y volver. Pizarro acusó a Macarrón de contratar sicarios y lo llevó a un juicio con 39 audiencias, más de 7.000 fojas, 30 cuerpos de expediente y ninguna prueba suficiente.

El fiscal del juicio —Julio Rivero, quien debía sostener esa acusación— pidió la absolución del acusado durante el alegato. Macarrón fue absuelto. Y el caso fue cerrado por vergüenza.

Así la causa quedó sin acusados. Y, como el propio fiscal Rivero señaló en su alegato, con la acción penal ya prescripta.

El hilo de Ariadna

En 2022, tras la absolución del viudo, un nuevo fiscal se hizo cargo del expediente. Pablo Jávega sólo se dedicó a hacer algo bastante elemental: aplicó metodología de investigación. Realizó el mapeo genético de doscientas personas del entorno del caso. Cotejó el ADN del expediente con esos perfiles. Tiró del hilo de Ariadna… y en dos años identificó al sospechoso.

Era Roberto Bárzola. El pulidor de pisos. El mismo cuyo ADN estaba en el cinto de la bata desde 2008. El mismo que había declarado tranquilamente como testigo en el juicio de 2022, mientras el fiscal Rivero pedía la absolución del acusado equivocado.

Bárzola estaba ahí. Había estado ahí todo el tiempo. En el expediente. En los informes del FBI. En los pedidos de la familia. En la escena del crimen. En la sala de juzgamiento.

Pero el reloj corría.

El Código Penal establece que la acción penal para el homicidio calificado prescribe a los quince años. El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2006. La prescripción operó en 2021.

Cuando Jávega identificó a Bárzola, en 2024, la Cámara Criminal de Río Cuarto no tuvo más respuesta que decretar el sobreseimiento. "Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años", escribieron los jueces.

Con esa resolución se clausuró para siempre la posibilidad de condenar a Bárzola. Pero también de saber quién lo contactó antes del crimen. Si hubo un pago. De quién. A través de quién. Qué comunicaciones tuvo en los días previos al 25 de noviembre de 2006. Qué sabía exactamente Nora, y a quién se lo había contado.

Hay un detalle procesal que merece atención especial, porque es donde el círculo se cierra con precisión quirúrgica. Durante años, el marido y el hijo de Nora estuvieron imputados del crimen, condición que les impedía actuar como querellantes. No podían impulsar la acción penal. No podían interrumpir la prescripción. Y mientras ellos permanecían imputados de manera bastante absurda, el reloj corría. El mismo sistema que los imputaba falsamente era el que impedía frenar el reloj que garantizaba la impunidad del asesino real.

No parece haber sido negligencia. La negligencia no tiene tanta elegancia.

Lo que Nora sabía

Nora Dalmasso le había dicho a su marido que quería divorciarse. Él le respondió que había cosas que arreglar primero, porque lo que tenían no era del todo de ellos. Ella fue cortante: no había nada que arreglar, eran bienes gananciales y le correspondía la mitad. Amenazó con contar todo lo que sabía. Todo eso está en el expediente.

Cuatro fuentes periodísticas independientes señalaron en 2007 que Macarrón habría sido testaferro de al menos tres figuras: el gobernador José Manuel De la Sota, el abogado Daniel Lacase, y el empresario Miguel Rohrer. Un ex empleado del Registro de la Propiedad provincial, condenado en la causa por titularización irregular de propiedades, declaró ante el fiscal que Macarrón había sido testaferro del ex gobernador y de su ex ministro Carlos Alessandri.

Lacase aparece citado 39 veces en la requisitoria fiscal. Nunca fue imputado.

De la Sota murió en un accidente automovilístico en 2018. Se llevó con él cualquier posibilidad de responder preguntas.

La prescripción clausuró la posibilidad de llegar a esa cadena desde el brazo ejecutor.

El resultado es una impunidad de 360 grados.

El jury y el símbolo

En abril de 2026, veinte años después del crimen, comenzó en la Legislatura provincial el jury contra tres de los fiscales que condujeron la causa: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Se los acusó de mal desempeño y negligencia grave.

El jury, como se esperaba, terminó destituyéndolos. Los fiscales ya no estaban en actividad en la causa. No estarán en ninguna más. Pero no pueden ser condenados penalmente por ese proceso. No pueden resarcir a la familia. No pueden devolver veinte años. No pueden condenar a quien mató a Nora.

Es un juicio que llega tarde. Un símbolo que llega tarde. Una indignación institucionalizada que llega, también, tarde.

Y aquí es donde la "Teoría del Anticuerpo" alcanza su conclusión más perturbadora. Porque el jury también es, a su manera, un anticuerpo. Una dosis controlada de justicia aparente que permite al sistema decir que reaccionó, que sancionó, que no estaba dispuesto a tolerar aún más impunidad. Y también una puerta abierta y una invitación para una segura demanda millonaria que reclamarán los familiares de la víctima.

La detención de Zárate, en 2007, fue el sacrificio de una pieza menor para ganar la partida. El sistema entregó la reputación de un fiscal y de una división policial a cambio de garantizar que la mirada de la sociedad nunca más bajara a los cimientos de la casa de la Villa Golf, donde el ADN del principal sospechoso esperaba, en silencio, el paso del tiempo

La indignación popular del "Perejilazo" sirvió para blindar al asesino. La indignación institucional del jury sirve ahora para cerrar el expediente con algo parecido a la dignidad.

En ambos casos, disfrazada de remedio, la indignación terminó siendo el instrumento más efectivo para garantizar esta impunidad.