Esta semana, en Córdoba, la política se comió a la independencia de poderes.  

La destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro es -debería ser- un escándalo institucional.

No porque se trate de tres funcionarios irreprochables, sino porque se los destituyó sin argumentos, con total arbitrariedad.  

La destitución de los fiscales deja a Río Cuarto en una situación de virtual acefalía judicial: según datos del propio Poder Judicial, de las 12.000 causas penales iniciadas en 2005, sólo se resolvieron 800. No llegan al diez por ciento. Y había cuatro fiscales. Desde ayer sólo queda uno: Pablo Jávega. Su par Fernando Moine sólo interrumpió su licencia médica para declarar como testigo en el jury.

Por unanimidad, un tribunal político integrado por dos legisladores cordobesistas, un juecista, un radical y la magistrada Aída Tarditti truncó la carrera judicial de tres fiscales, uno de los cuales ni siquiera pertenece a la jurisdicción de Río Cuarto. El argumento para su destitución fue falaz, ahistórico, contra fáctico y extemporáneo, pero teñido por la pátina de la corrección política con que el Poder Judicial de Córdoba pretende eludir su responsabilidad histórica en la consagración de la impunidad: reivindicar a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género. De su homicida y, ¿por qué no?, también de los fiscales.

Hace casi cuatro años el tribunal que absolvió a Marcelo Macarrón declaró a su esposa “víctima de violencia de género” y le endilgó otro amante que no figuraba en la causa. Esta semana, la fiscal general adjunta Bettina Croppi les reprochó a los fiscales en su alegato haber actuado “sin perspectiva de género”.

El tribunal presidido por una contemporánea de estudios de Facundo Macarrón en la Universidad Católica de Córdoba, una vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que condenó al autor de estas líneas por la falaz acusación de hacer pública la condición sexual –fue su tía Silvia quien reveló la homosexualidad de Facundo en una entrevista con Vanina Cacace en Canal 13- y otros tres legisladores (un oficialista, un juecista y el último radical) tenía resuelto destituir a los fiscales desde el momento mismo de la apertura del jury.

La defensa de los fiscales probó que trabajaron, bien o mal, como pudieron, con recursos escasos, pero apegados a la ley. Y que los elementos que fueron incorporando a la causa los llevaron a seguir pistas fallidas y/o truncas, que derivaron en el fatal resultado de la impunidad. También quedó en evidencia que la desorientación era de todos los fiscales -los que fueron sometidos al jury, los que declararon como testigos y los que ni siquiera fueron citados (no menos de cinco), incluidos los magistrados (jueces de control, camaristas, etc.) que intervinieron a lo largo del proceso.

En un contexto político electoral y con los medios de comunicación de todo el país instalados en la ciudad, el “caso Dalmasso” eyectó de sus funciones al ministro de Gobierno, el jefe de Policía, el secretario de Seguridad y el fiscal general de la Provincia, entre muchos otros funcionarios. Y generó la movilización espontánea de los miles de riocuartenses que protagonizaron el “perejilazo” y obligaron al Poder Judicial a liberar a Gastón Zárate. Nada de eso se reflejó en el jury. Ni en la acusación de Croppi, que llegó a sostener -contra la evidencia del propio expediente- que la teoría de los amantes de Nora fue impulsada por Di Santo y no sembrada por el entorno de Macarrón unos días antes del viaje a Punta del Este.

Hay que decirlo con toda claridad: el poder político de Córdoba destituyó a tres fiscales por perseguir penalmente a la familia Macarrón. ¿Pero a quién se le ocurre imputar a los poderosos? ¿Por qué sospechar de una familia acomodada? ¿Cómo se les ocurrió? A uno de los fiscales destituidos no le tembló el pulso para mandar preso al “perejil” Gastón Zárate sin pruebas; en cambio, imputó de “sospecha leve” a quien consideró pertenecía el material genético hallado en la escena del crimen y el cuerpo de la víctima. En base a esa misma prueba genética -a la que el FBI le puso nombre propio, algo que no logró la celebrada Nidia Modesti- el otro fiscal destituido imputó al viudo.

Pero tampoco ordenó su detención.

Los Macarrón, que “perdonaron” las supuestas infidelidades de Nora en la primera conferencia de prensa que dieron y que en lugar de pedir justicia por Nora se dedicaron a perseguir periodistas, nunca pisaron una comisaría ni fueron alojados en una celda de ninguna prisión.

Tampoco presentaron el célebre informe del ex agente del FBI que supuestamente apuntaba a Bárzola, ni pidieron cotejar el ADN del parquetista, porque estaban más ocupados -y preocupados- en defenderse y en acusar a su ex amigo Miguel Rohrer de ser el supuesto amante/homicida de Nora.

El jury a los fiscales mostró, por enésima vez, que el Poder Judicial de Córdoba no supo, no pudo o no quiso resolver el homicidio de Nora Dalmasso. En su alegato, la jefa adjunta de los fiscales se preguntó si sus hasta ayer subordinados realmente quisieron encontrar al asesino. ¿Entonces fueron encubridores?

Croppi también convalidó el brutal linchamiento mediático al que el fiscal Jávega sometió al último sospechoso, que -ambos lo saben- será declarado inocente por prescripción de la causa.

La línea política es clara y se coló en el último y forzado capítulo de la miniserie de Netflix: Nora fue víctima de violencia de género y de los medios de comunicación, que victimizaron a su familia tanto o más que los fiscales que les atribuyeron la autoría del crimen. Para sostener ese vergonzoso argumento se eligieron cuatro chivos expiatorios: el periodista que más investigó el caso y los tres fiscales que acusaron a los Macarrón.

El golpe institucional del poder político de Córdoba apunta a disciplinar a otros fiscales para que no se les ocurra sacar los pies del plato y acusar a algún poderoso. ¿Cuál será el próximo en la lista? ¿La fiscal que mandó a prisión al creador de la más célebre estafa piramidal de los últimos tiempos?

El resultado de la arbitrariedad política y el descalabro institucional se vivió ayer en las modernas sedes judiciales de Río Cuarto y Río Tercero, donde un nutrido grupo de trabajadores judiciales -poco propensos a movilizarse- expresaron su genuina consternación, dolor y repudio al accionar del jury aplaudiendo de pie a los fiscales destituidos.