Hay semanas en que la historia se apura y ajusta cuentas. La última de abril fue una de ellas. Al menos tres empresarios que habían firmado como arrepentidos en la Causa Cuadernos —la investigación judicial que acusó a decenas de hombres de negocios de haber pagado coimas al kirchnerismo a cambio de obra pública— salieron a confesar que mintieron. Que firmaron lo que firmaron porque no querían ir presos o perder sus empresas. Que los nombres que pusieron en sus declaraciones, empezando por los de Néstor y Cristina Kirchner, no tenían sustento en ningún hecho real. Que la Causa Cuadernos fue, en el fondo, una extorsión judicial de manual.

El mecanismo era brutal en su simplicidad: la ley del arrepentido, estrenada en esa causa, le ofrecía a cada imputado un trato sin vueltas. Hablás, nombrás a los de arriba, y esta misma tarde te vas a tu casa. No hablás, vas en cana. Para un empresario de sesenta y nueve años, con empresa, familia y patrimonio en juego, era una presión casi imposible de resistir. Aldo Roggio firmó un acta ante escribano reconociendo que mintió "para preservar la empresa". Enrique Wagner, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró y salió. Otros hicieron lo mismo. La mayoría cedió.

Gerardo Ferreyra no. El empresario cordobés, histórico vicepresidente de Electroingeniería —la firma que terminó Atucha 2, construyó rutas y autopistas y levantó centrales termoeléctricas durante los doce años kirchneristas— estuvo sentado frente al fiscal Carlos Stornelli el 4 de agosto de 2018, con su compañera Mimí y su hijo Federico esperándolo en el pasillo del cuarto piso de Comodoro Py, y dijo que no. No firmó nada. Hizo un manifiesto espontáneo, la secretaria lo escribió, y fue derecho a la cárcel. Doce meses en Marcos Paz. Seis meses de domiciliaria. Y no se quebró. “El precio fue alto, pero yo no podía pensar en algo distinto”, recuerda hoy. Con los arrepentidos deshaciendo sus propias declaraciones, habla en profundidad y responde todo. Porque ahora es su turno de hablar.

—Su abogada, Alejandra Gils Carbó, le pide no dar entrevistas. Y sin embargo acá está, hablando con Revista El Sur. ¿Por qué?

—Ella me dice: “Si hay una excepción en esta causa, vas a ser vos, porque no hay un solo hecho fáctico que te vincule”. Tan es así que tuvieron que agregarme en la agenda de Centeno, porque yo no estaba originalmente. Estuvieron cinco meses reformateando esa agenda, de enero a mayo del 2018, y recién en mayo se la pasaron a Bonadio. El primero de agosto me detuvieron. Ella insiste en que no hable, pero a veces yo me tomo estas licencias y después le explico.

—¿Cuánto tiempo estuvo preso?

—Esta es la segunda causa ilegal que tengo en mi vida. Estuve preso desde la madrugada del primero de agosto del 2018 hasta junio del 2019, que me dieron la domiciliaria, que duró hasta octubre de ese año. Estuve un año en la cárcel y seis meses en prisión domiciliaria, en mi casa. Fue una ofensiva de Macri. Una razzia: algo así como 35 o 40 allanamientos simultáneos. Me llevaron primero a una cárcel de tránsito y después a Marcos Paz.

—¿Qué recuerda del allanamiento?

—El oficial que me fue a detener me dejó llamar a mis abogados y a mis hijos. Mis hijos estuvieron presentes toda la noche, a las cuatro y media de la mañana, y me iban informando online. Después de dos horas y media de allanamiento, no encontraron nada. “Nada” era dólares, obras de arte, vehículos de alta gama, documentación de socios ocultos. No encontraron nada. Entonces el oficial informa: nos estamos retirando. Y el secretario de Bonadio le da la orden por teléfono de que me detenga igual. El oficial me dice: “Hay mucha maldad en este procedimiento, pero tengo instrucciones de detener”. Y me llevó.

—Situémonos en la indagatoria, días más tarde. Sentado frente a Stornelli, ¿qué pasó en ese momento?

—Te la voy a contar con todo detalle. Stornelli levantó la incomunicación de una manera particular: me dejó saludar a toda la familia y charlar con ellos en su propio despacho. Me recibió con Mimí y con mi hijo Federico. Luego se fue y nos dejó solos para hablar unos minutos. Ya sabíamos lo que venía. Les dije que me iban a ofrecer que me arrepienta. Y mi hijo me dice: vos no te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir. Bueno, iré a la cárcel. Y así fue la previa.

—¿Y cómo arrancó la conversación con Stornelli?

—Cuando entro, Stornelli me dice: “Mirá, Gerardo, tengo varias referencias tuyas, de amigos en común, muy buenas referencias. Así que tengo la obligación de decirte de entrada cuáles son las reglas de juego, tal como son”. Le pregunto cuáles eran esas reglas de juego. Me dice: “Si vos te arrepentís, te vas a ir con Mimí y Federico, que te están esperando en el pasillo. Y si no te arrepentís, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel”. ¿Pero de qué me tengo que arrepentir?, le digo. ¿De qué? Él me contesta: “De haber colaborado con los mugrientos”. Esta es la palabra que no me voy a olvidar más en mi vida. ¿Qué mugrientos? ¿A qué mugrientos te referís? “A los que estuvieron en la Casa Rosada”.

—¿Y qué le respondió?

—Que no, y en ese momento hice un manifiesto, adelante de él. Lo escribió la secretaria. Le dije: No me arrepiento porque son los que buscaron y juzgaron a los genocidas, porque echaron al Fondo Monetario Internacional, y un montón de otras cosas, que después mi hijo fotografió de mi declaración y lo volanteó. Yo milité por todo eso en los años 70, éstas eran nuestras banderas y no iba a arrepentirme de eso. Me salió así, espontáneamente. Y no me arrepiento.

—¿Cuál era la actitud de Stornelli?

—Era coloquial. No era como una postura de duro, sino más bien amable. Tal es así que yo no le di mucha importancia al hecho en el momento. A mí me acababan de sacar el chaleco, el casco, toda esa tortura psicológica, pero no le daba importancia porque me seguía considerando un sobreviviente más. Cuando le cuento esto al que era mi abogado (Eduardo) Barcesat, a las 72 horas, él me dice: “Eso es gravísimo Ferreyra. Esto constituye una extorsión. Es un delito”.

—Varios empresarios mintieron para no ir presos y ahora lo están reconociendo. ¿El tiempo le dio la razón, o el costo personal fue demasiado alto?

—Las dos cosas. El tiempo me dio la razón, y el precio sin dudas fue muy alto; pero no podía hacer otra cosa, no podía arrepentirme. No es una cuestión personal, yo tengo toda una historia: yo no soy kirchnerista, soy guevarista. Me formé en los 70. Entré a la universidad meses después que lo asesinaron al Che en Bolivia. ¿Cómo me voy a arrepentir de participar en gobiernos que buscaron a los genocidas, que echaron al Fondo Monetario Internacional? Hace cuarenta años que marcho con los familiares de desaparecidos. Por eso no me puedo quejar: no estoy desaparecido, no estoy muerto, no estoy loco, no estoy quebrado. Soy un sobreviviente. Por eso el costo que pagué, comparado con todo a lo que estábamos expuestos en los 70, fue ínfimo. Yo les decía a los otros presos en Marcos Paz que esto era un spa. Me querían matar. Porque cárceles eran las de los 70.

—En ese momento se habló mucho de que la avanzada contra el empresariado buscaba desplazarlos del negocio, dejar el espacio vacío para otros. ¿Cree que fue así?

—A ver.... La obra pública es siempre el blanco que elige el imperialismo para dominar la infraestructura de un país. Te voy a contar una anécdota para que veas lo claro que está. Irán. ¿Cómo se libera Irán, que hace 47 años está castigada, perseguida, demonizada? A través de la industria misilística que desarrolla el Estado. ¿Y con quién hizo ese desarrollo? Con la Argentina. Con la Argentina, 13 años en forma conjunta, entre 1980 y 1992. Con nuestras fuerzas armadas, con el Estado Argentino. ¿Para qué? Para hacer un programa misilístico. ¿Sabés cómo se llamaba? El Programa Cóndor. ¿Y sabés dónde se hacía? En Córdoba. En Falda del Cañete. Yo trabajé ahí, por eso lo conozco. En cavernas. Todo en cavernas, para que no lo viera el enemigo desde el aire. Ingeniería alemana, obra civil y electromecánica argentina, y una vez terminado el producto iba para Irán. ¿Y qué fue lo primero que le exigió Estados Unidos a Menem? La desactivación del Programa Cóndor. Lo desarmaron todo.

—O sea que el objetivo no era desplazar al empresario local sino liquidar la obra pública en sí.

—Exacto. Y lo que hace ahora Milei es descarado: paró toda la obra pública. Contra sus propios planes de estabilidad y gobernabilidad, paró el gasoducto Néstor Kirchner, que dio vuelta la balanza energética. De ocho mil millones de dólares negativos pasamos a tener cuatro mil positivos todos los años. Una sola obra de infraestructura. Y la paró igual. Lo mismo pasó con Atucha 2, que estaba parada quince años cuando llegó Néstor, parada desde Menem y Cavallo, desde el momento de las relaciones carnales de Argentina ante Estados Unidos. Primer acto de gobierno de Néstor: reactivarla. Tuvimos que crear una escuelita de capacitación porque los soldadores nucleares son una élite en el mundo y había que volver a formarlos. Así de costoso es cortar ese flujo. Y así de importante es sostenerlo. La industria nuclear, la misilística, la obra pública, son todas cuestiones que sólo los países que aspiran a la soberanía se dan el lujo de mantener. Ese camino lo hicimos juntos doce años, hasta que vino Menem. Y lo volvimos a hacer con Néstor y Cristina. Por eso me convocaron. Por eso me detuvieron. Y por eso no me arrepiento.

—En la cárcel le tocó convivir con algunos de los arrepentidos que ahora se arrepintieron de haberse arrepentido ¿Cómo fue la relación?

—Estuve diez días conviviendo con el más importante de los arrepentidos, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Enrique Wagner. Lo iba a ver a la celda. Lo conocía, aunque no teníamos amistad. Cuando iba, yo ya sabía que él se quería arrepentir, y le decía: Enrique, no te arrepientas, por favor, por tu bien te lo digo. Me dice: Vos sos joven, Gerardo. Yo extraño a mis nietos, quiero levantarlos en brazos. Y le digo: ¿Sabés una cosa? A lo mejor, si te arrepentís, tus nietos no van a querer que vos los subas en brazos, porque vas a ser el buchón del barrio. Hoy esos tipos arrepentidos no pueden salir a la calle. Entraron en una crisis. Han conspirado contra ellos mismos.

—¿Roggio también?

—El mismo Roggio, que era un referente ético de la tercera generación de la familia, ya no puede dar la cara públicamente. Porque está pasando vergüenza. Él mismo hizo un acta ante escribano diciendo que mintió para salir en libertad. No es una opinión mía. Están los propios hechos. Ahora están presentándose como que tienen Alzheimer, como que sufren insanidad, como pasó con Pescarmona, para que los saquen de la causa. Ya no son los dirigentes que eran. Ahora son una piltrafa de persona. Mintieron para salvarse o para salvar a sus empresas, y ahora vino un gobierno que anula toda la obra pública.

—¿Cómo cree que va a terminar la Causa Cuadernos?

—Depende de la política, no de la justicia. Los jueces son los que tienen el olfato más fino, los que anticipan el devenir de la política. Yo noté que ya hay grietas en algunos tribunales; jueces que están comenzando a votar diferente. Están viendo la barbaridad que fue esta causa. Supongo que deben tener órdenes de la Corte, con una sentencia ya escrita, como lo de Vialidad contra Cristina. Pero esta causa se les complicó: los arrepentidos ya no pueden sostener su propio arrepentimiento, no declaran. No existe el derecho a la defensa. Y encima, Roggio dice que mintió "para preservar la empresa". Los hechos mandan.

—¿Dónde debería estar hoy Stornelli?

—Stornelli ya tiene un fallo en contra de una Cámara por haber formado una asociación ilícita con D'Alessio y Sáenz. El juez Ramos Padilla lo llamó cuatro veces a indagatoria y nunca se presentó. Hay pruebas abrumadoras: reuniones, pedidos de causas a medida. Esa causa que se la sacaron a Ramos Padilla y la trajeron a Comodoro Py, donde tiene protección política. Y el principal apoyo que tiene adentro es Sergio Massa. No te olvidés que Massa hizo su campaña presidencial prometiendo meter preso a los dirigentes de La Cámpora. Con esa bandera estuvo muy cerca de llegar. Bueno, él tiene su poder en Comodoro Py, y una parte de ese poder es Stornelli. Lo siguen protegiendo. También los protege la Embajada. Yo creo que Stornelli puede llegar a renunciar antes de que le hagan un jury, para preservar el sueldo. Está llegando un momento de poca fortuna para él.

Córdoba y los pituquitos

—¿Cómo percibe el peronismo cordobés de hoy?

—Hasta el año 2008, el kirchnerismo en Córdoba tenía el 75% de la voluntad del electorado. Cuarenta y pico llegaban por el peronismo, y otro cuarenta y tantos a través de la construcción transversal que hacía Néstor a través de Luis Juez. En mayo del 2008, cuando estábamos habilitando la primera turbina de la central Timbúes en Rosario, en Córdoba hubo un tractorazo. Schiaretti, que había ganado la gobernación en diciembre del 2007, y Juez -que se mataban entre ellos-, los dos se subieron furiosamente a los tractores. ¿Por qué? Porque representan a los intereses que los bancan. De La Sota había ganado su primera elección prometiéndole al campo eliminar el 30% de impuestos. Juez también tenía al campo como sponsor. Cuando Cristina impulsó la 125, ambas fuerzas confluyeron en contra. Y el campo en Córdoba representa directa o indirectamente el 55% de los intereses económicos.

—¿Nunca hubo autocrítica de eso?

—Nunca. Y ahí está el problema. Los dirigentes de Córdoba no han tenido huevos para exigirle al peronismo, al kirchnerismo, a Cristina, una autocrítica de esa medida. Y si no lo hacés, la gente no te va a creer más. Los dirigentes pro-kirchnerismo quedaron encerrados en una cápsula del 15 o 16%. Si queremos revertir eso, tiene que haber una autocrítica pública. Fue un error castigar a la única actividad que generaba divisas genuinas, el campo, y nunca se reconoció. Diecisiete años después, el campo sigue desconfiando.

—¿Y Martín Llaryora? Da la sensación de que no termina de posicionarse.

—Antes tenés que entender cuál es su problema en términos electorales. Hay un componente del voto Milei, que es un fenómeno nuevo. Ya no es el histórico trabajador industrial organizado, que fue columna vertebral del movimiento peronista, sino que hoy hay entre 6 y 7 millones de trabajadores, pobres, precarizados. Eso también es la base del voto de Milei. Y es además gente que lucha para que los demás no tengan derechos, para igualar para abajo Ese 30% que tiene Milei como base, fomentado en el odio, es la base histórica del voto peronista. Y eso también pasa en Córdoba. Entonces Llaryora no sabe qué hacer porque le faltan 30 puntos para su elección. Permanentemente lo va a sufrir, y por eso oscila entre el peronismo histórico, el peronismo que viene, y Milei, que representa ese núcleo duro.

—¿La disputa actual termina siendo por el voto-odio?

—En parte, sí. El fenómeno Milei no se alimenta del amor ni de la solidaridad, sino del odio. Los pibes que vivieron dos años encerrados por la pandemia, sin IFE, mientras la casta seguía cobrando. Eso genera un odio genuino. Y resulta fundamental entender a esos sectores que quedaron marginados, excluidos y que están con odio. Odio porque no tienen derechos, porque no tienen vacaciones, porque no tienen nada. Pero lo votan a Milei porque dice que viene a eliminar la casta. Para mucha gente, “casta” son los empleados jerárquicos, los funcionarios con sueldo, todos los que tienen sueldos extraordinarios. Cambió la sociedad también. Y Llaryora está vacilando. Dijo una verdad cuando desafió a los pituquitos, pero a los dirigentes políticos tenés que valorarlos no por lo que dicen sino por lo que hacen.

Los que se arrepintieron de arrepentirse

Mientras Ferreyra resistió, otros firmaron. En la tercera semana de abril, tres de los empresarios más poderosos del país que habían declarado como arrepentidos en la Causa Cuadernos reconocieron públicamente que mintieron bajo presión. Sus testimonios —que apuntaban a Néstor Kirchner, Cristina Fernández y otros funcionarios— fueron durante años el pilar de la investigación judicial.

Aldo Roggio, de la constructora que lleva su apellido, cabeza de uno de los contratistas más grandes del Estado argentino, firmó un acta ante escribano donde reconoció que declaró lo que declaró "para preservar la empresa". Roggio había sido durante años un referente del empresariado de la construcción. Hoy, según cuenta Ferreyra, "ya no puede dar la cara públicamente".

Marcos Mindlin (Pampa Energía) y Gabriel Romero (Meldorek) completan el trío de abril. Los tres firmaron acuerdos de colaboración entre 2018 y 2019, en el marco de la ley del arrepentido aplicada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Diego Stornelli. Todos sostienen ahora que la mecánica fue la misma: hablás, nombrás a los kirchneristas, y te vas esa misma tarde. No hablás, vas en cana.

La situación abre un escenario jurídico inédito. Si los testimonios que sostuvieron la causa durante años eran falsos, toda la arquitectura acusatoria se tambalea. Los abogados defensores ya presentaron planteos de nulidad. El juicio oral ante el TOF 7, que lleva años de tramitación, atraviesa su momento de mayor fragilidad. Y en el banquillo de los acusados, paradójicamente, ya no está sólo Cristina. Están también quienes eligieron mentir para salir rápido.