Que el Consejo de la Magistratura no haya tomado ninguna medida ante el escándalo de la actuación de la pareja federal más famosa de Córdoba refleja la crisis terminal del Poder Judicial. En la Argentina libertaria, dos magistrados deciden sobre los bienes y la libertad de los ciudadanos desde la alcoba de una mansión de dudosa procedencia mientras acosan a sus empleados para acallar infidencias.

El magistrado que alguna vez supo resguardarse en el anonimato para denunciar el desvergonzado sistema de favores y prebendas de la sagrada familia judicial se convirtió en una caricatura de sí mismo, un neolibertario que, al igual que el inefable Manuel Adorni, tiene más propiedades que el aloe vera.

¿Cómo se hace para adquirir una mansión que supera el millón de dólares con un sueldo de magistrado y otro de docente universitario, sin renunciar a manejar dos autos de alta gama y viajar tres veces por año a los destinos más exóticos del mundo?

¿Qué espera el Consejo de la Magistratura para tomar cartas en el escándalo de la Justicia federal de Córdoba? ¿Seguirá sosteniendo la Corte Suprema de Justicia que la relación íntima que une a las máximas autoridades de la Cámara Federal es un tema privado que no tiene incidencia en su funcionamiento institucional?

La denuncia de la secretaria Laje Anaya es la punta del iceberg de una práctica política que refleja la podredumbre del entramado judicial mediterráneo. A medida que se suman testimonios a la causa que instruye el juez Alejandro Sánchez Freytes queda al desnudo el poder omnímodo que ejercen quienes debieran predicar con el ejemplo de austeridad y ecuanimidad a la hora de impartir justicia. Sin embargo, prefieren chapotear en el barro del intercambio de favores, las amenazas y el acoso laboral.

Asistimos con estupor a la exhibición obscena de la mafia judicial que llevó a juicio oral la mal llamada “causa de los cuadernos de la corrupción", un oscuro proceso de lawfare que tiene como único norte la persecución y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras la Corte Suprema se hace la distraída sobre el affaire de la Cámara Federal de Córdoba y elude pronunciarse sobre el incumplimiento del gobierno libertario de la ley de financiamiento educativo, el poder político de Córdoba pretendió lavar la cara de su sumiso Poder Judicial destituyendo a tres fiscales por su mala praxis en el caso Dalmasso. Paradojas del destino, no pasó un mes para que otro cavernícola del fuero, en medio del drama por el brutal femicidio de una adolescente, felicitara ante las cámaras de todo el país a los perros rastreadores de la Policía de Córdoba por haber encontrado sus restos.