El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó que el magistrado Abel Sánchez Torres mantenga una restricción de contacto directo con el testigo y secretario de la Cámara Federal de Córdoba, Francisco Juárez Rouviere, debido a que lo habría presionado para que modificara su testimonio y perjudicara a Celina Laje Anaya, la persona que denunció el año pasado al camarista y transformó a la Torre Federal en un tembladeral.

El juez sostuvo en su pronunciamiento, enmarcado en la causa donde investiga los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción, que la conducta de Sánchez Torres “hubiera justificado que se ordenara su inmediata detención” por entorpecimiento de la investigación, situación que afrontaría cualquier ciudadano común, pero que el camarista puede eludir por su condición de magistrado.

Debido a que el Consejo de la Magistratura no ha tomado medida alguna a pesar de las denuncias penales y resoluciones judiciales que retumban con inusitada fuerza en la torre federal, Sánchez Torres mantiene su inmunidad y continúa trabajando en la Cámara, que integra junto a su pareja, la también imputada Graciela Montesi. En esa condición mantiene contactos funcionales con sus empleados, entre ellos Juárez Rouviere.

Sánchez Freytes acusó al camarista de aprovechar su posición ventajosa en la Cámara Federal para presionar al secretario penal Juárez Rouviere para que declarara en contra de Laje Anaya. Y advirtió que su presión al testigo se inscribe en la misma mecánica por la que lo denunció su ex secretaria. Entre otras acciones, acusa a Sánchez Torres de “la manipulación del sorteo de los jueces de Cámara que debían integrar el tribunal de alzada de su propia causa”, la elaboración “con fines probatorios de certificados que distorsionan la realidad” y la intención de que “influyera sobre jueces que salieron sorteados para integrar la Cámara de Apelaciones en autos”.

El juez no tiene dudas: Sánchez Torres utiliza su poder para dificultar el proceso investigativo en su contra al someter a distintas presiones al testigo Juárez Rouviere, que es su subordinado. Además, recuerda que otro testigo, el secretario Gustavo Flores -también subordinado del camarista-, tiene abierta una causa por falso testimonio por intentar favorecer a su jefe.

Juárez Rouviere expuso esta situación cuando declaró como testigo y admitió estar atemorizado por las posibles represalias de Sánchez Torres.  

Restricción

A pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian y del procurador Pablo Turano, Sánchez Freytes ordenó que el imputado se abstenga de mantener contacto directo con Juárez Rouviere, a quien solo podrá dirigirse por escrito o por intermedio de otros funcionarios “únicamente por cuestiones vinculadas a la tarea judicial/funcional que desempeña”. También le impuso abstenerse de intervenir -por sí mismo o por interpósita persona- “en cualquier medida o asunto que pueda afectar personal o laboralmente” al testigo.

Como si hiciese falta aclararlo, dispuso además que Sánchez Torres no interfiera en el trámite de la causa “valiéndose de su condición de magistrado”, por fuera de las facultades y derechos que le asisten como imputado. Es decir, que no utilice su poder -que es mucho, tratándose de un camarista federal del tribunal más importante por peso, estructura y cobertura territorial del interior del país- para manipular el proceso judicial en su contra.

Por pedido del abogado Claudio Orosz, que representa a la querellante Laje Anaya, el juez notificó al Consejo de la Magistratura ante “la delicada y grave situación planteada a fin de que ese órgano pueda adoptar las medidas necesarias de su incumbencia que sirvan para garantizar la protección de los testigos de la causa”.

Testigos en peligro

Al igual que otros testigos que trabajan en La Torre, Juárez Rouviere mencionó en su declaración los constantes maltratos, gritos y arbitrariedades que habría cometido Sánchez Torres, en sintonía con lo denunciado por Laje Anaya, la mujer que el año pasado reveló que durante el largo proceso de violencia en su contra -que se extendió entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, cuando hizo la denuncia-, Sánchez Torres habría abusado de su autoridad desplegando “actos de maltrato y violencia laboral de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.

Laje Anaya atribuyó la violencia sufrida a su negativa a avalar la conformación irregular de una sala de la Cámara Federal, que debía tratar un incidente en la llamada “causa Humanes”, referida al procesamiento del gerente de la trasnacional cerealera Bunge, Plácido Enrique Humanes. La Cámara debía dirimir la responsabilidad de la firma por el delito de evasión tributaria agravada, denunciado por la ex AFIP (hoy ARCA). Lage Anaya mencionó en su denuncia presuntos actos de corrupción derivados de esa maniobra irregular.

Como lo reseñó Revista El Sur en su edición de octubre, Sánchez Torres intentó incluir a su pareja Montesi en la sala que debía resolver el incidente de Bunge. El especial interés del camarista por conformar la sala con su compañera sentimental levantó sospechas en los fiscales, que investigan si hubo alguna contraprestación. Ante esas sospechas, el procurador Turano denunció a Sánchez Torres por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que ahora deberá explicar, entre otras cosas, cómo hizo para adquirir una mansión valuada en 1,3 millón de pesos en uno de los barrios cerrados más exclusivos del país.