Los fiscales federales Maximiliano Hairdabedián y Pablo Turano pidieron el procesamiento de Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi por la denuncia de maniobras en la Cámara Federal y las agresiones a la secretaria Laje Anaya. También denunciaron a la pareja federal por el delito de “admisión de dádivas”. La requisitoria apunta que Montesi y Sánchez Torres, presidenta y vice del tribunal, utilizaron el avión privado en 2024, propiedad de la firma Porta Hermanos, para un viaje de placer a Punta del Este.

Además, sumaron otra vinculación escandalosa porque compartieron el viaje con María Pía Astori, accionista principal del Grupo Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de una de las empresas del grupo empresarial. María Pía era socia del dueño de la sociedad propietaria de la aeronave, Airjeat S.A., al momento del viaje. Todo mientras intervenían en causas judiciales que involucran empresas de ambas corporaciones. Sus conductas estarían en infracción del artículo 18° de la ley de Ética Pública 25.188.

De esta manera, la Justicia profundiza las indagaciones que pesan sobre ambos jueces y lo que salta a la luz es la combinación de vínculos con empresas, maniobras judiciales para resolver incidentes o cuestiones de fondo en los juicios que las empresas enfrentan en tribunales, donde tienen mucho dinero que perder. Se trata de una operatoria ya descripta en otra causa que los investiga por manipular la conformación de salas de la Cámara que debían resolver responsabilidades de la cerealera Bunge por evasión tributaria y contrabando.

Ahora se suma Porta Hnos a través de la causa “Dádivas”, que deriva de un juicio donde vecinos de barrio San Antonio denuncian que la planta de bioetanol del grupo empresario, instalada en 2012, generó una enorme cantidad de casos de cáncer entre la población del sector, entre otras afecciones, y exigen que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), medida que la empresa se niega a realizar, por lo que debieron recurrir a la Justicia.

Una segunda causa tiene a Porta como protagonista debido a una fuerte multa que le impuso la AFIP por presunta omisión fiscal, que la firma contrarrestó con una acción contencioso administrativa en la Justicia federal, obteniendo una sentencia a su favor en la Cámara, con los votos favorables de Sánches Torres y Montesi, luego que el juzgado de primera instancia rechazara la pretensión.

En cuanto a Astori, la empresa inició un juicio contra el Estado Nacional por el Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar por un litigio de tierras propiedad de la Fuerza Aérea. Desde 2016 la pareja de jueces intervino en, al menos 25, expedientes en la causa.

La pregunta es si la Justicia Federal está colonizada por grupos empresariales que obtienen impunidad, se libran de pagar a la AFIP o ganan juicios, a cambio de beneficios para estos dos magistrados. Las dádivas supuestamente otorgadas por Porta y Astori serían una muestra de esa artimaña.

¿Puede el propio Poder Judicial generar los anticuerpos para extraer estos tumores?

Una primera respuesta quizás pueda encontrarse en el avance de la investigación de la denuncia de Celina Laje Anaya, donde los fiscales pidieron el procesamiento de los jueces por violencia laboral institucional y violencia de género, pero que tiene a Bunge como sombra de las maniobras.

Si, como se especula en tribunales, el juez Federal N°2 Alejandro Sánchez Freytes finalmente dicta el procesamiento de la pareja, podría verse una luz al final del túnel, que comience a despejar la degradación en que ha caído el fuero.

En la defensa de los camaristas intervienen el mediático Carlos Nayi y el legendario José Cafferata Nores, histórico operador de la Justicia en Córdoba.

Mientras se resuelve su suerte, trascendió que Graciela Montesi, de 64 años, especula con presentar los papeles para jubilarse e intentar así que los fiscales sólo concentren sus esfuerzos en su pareja Sánchez Torres. Sería la forma más elegante de salir impune del entuerto.

Porta

Las presuntas maniobras de los camaristas para beneficiar a Porta Hnos son las que están mejor detalladas en la requisitoria de los fiscales. En 2019 el juez de primera instancia Hugo Vaca Narvaja emitió una sentencia sobre la causa de contaminación ambiental de la planta de bioetanol, ordenando el Estudio de Impacto Ambiental reclamado por el grupo de vecinos que se constituyeron en querellantes.

“Porta apeló esta orden y en 2020 la Cámara Federal de Apelaciones, por mayoría -votos de los camaristas Ignacio Vélez Funes y Eduardo Ávalos-, confirmó la orden del juez. La camarista Graciela Montesi votó en disidencia”, describen.

En 2021, el juez Vaca Narvaja quiso hacer cumplir la sentencia e intimó a la empresa. Nuevos incidentes procesales llevaron a la causa de nuevo a la Cámara, con el fin evidente de dilatar el trámite mientras se pergeñaba una estrategia de resolución desde la empresa. Porta vio rechazado sus planteos, con los votos de Eduardo Avalos y Liliana Navarro. Montesi volvió a acompañarlos en su pedido.   

Hasta que la empresa nombró abogado a Alfonso Buteler, de enemistad con Avalos. Montesi apartó por decreto a su colega, en una curiosa maniobra porque no esperó que aquel se expidiera, logrando así incorporar a Sánchez Torres a la sala para desempatar un fallo donde ella voto a favor del plateo de la empresa y Navarro en contra. Con Sánchez Torres en la cancha, esta vez ganó Porta.

“Por esas incidencias, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental no se pudo cumplir, pese a que la acción fue iniciada hace 10 años y ese estudio fue ordenado en 2019 y posteriormente intimado en más de una ocasión”, concluyeron Hairabedián y Turano.

La década de espera, y la difusión de las maniobras de los camaristas en la causa Bunge, llevaron a los vecinos querellantes a pedirle a los fiscales que diriman si con la causa Porta también hubo manipulación. “La Justicia no nos ha cuidado y estamos hace una década peleando para que se haga justicia. ¿Por qué tanto tiempo sin ejecutar una sentencia?”, se queja Silvia Cruz, vecina de San Antonio. Y agrega: “Sabíamos del avión, José Porta alardeaba de eso. Lo guardaba en los hangares del aeródromo de Coronel Olmedo, cosas de millonarios. Pero lo que indigna es que hayan quebrado el brazo de la Justicia. No es una causa civil, no pedimos dinero, sino salud. Es totalmente injusto”.

Esta revista documentó en 2022 el nivel de contaminación que sufre el barrio por los efluentes que emanan las chimeneas de la planta de bioetanol. Al citar un trabajo científico publicado por la revista especializada norteamericana Journal of Biosciences and Medicines, El Sur informó que el daño que producen los químicos hallados en las pericias coincide con los efectos clínicos sobre la población encuestada en un relevamiento, donde se entrevistó al 74% de los vecinos.

Entre las maniobras judiciales, la enfermedad de los vecinos de Porta y los aviones privados a Punta de Este se encuentra la clave de lo que está en juego en Tribunales.

Consejo de la Magistratura

La dirigente Elisa Carrió sumó una denuncia más contra Sánchez Torres y Montesi en el Concejo de la Magistratura. Allí describe, citando amplios párrafos de las investigaciones sobre el caso realizadas por esta revista, incluida la realizada por Adolfo Ruiz sobre la mansión que el juez tiene en el country El Terrón y la casa en Altos del Chateau, que no pueden justificarse por los ingresos de Sánchez Torres, según informes y declaraciones juradas.

Carrió enumera las denuncias por irregularidades, acusaciones de mal desempeño y delitos, los conflictos de intereses y relaciones personales, la violencia laboral y de género ejercida contra Celina Laje Anaya, el Impacto público e institucional de las conductas de los magistrados, las violaciones al proceso judicial, la manipulación de expedientes y el amedrentamiento y amenazas a testigos.

También señala el accidente por conducción peligrosa y posterior fuga de Sánchez Torres, cuando volcó con su camioneta en la avenida Circunvalación. ¿En qué estado se encontraba el juez para huir del lugar antes que llegara la policía? Nadie lo sabrá porque no se labró un acta del siniestro. Una vez conocido el hecho, difundido de por el periodista Lázaro Llorens en sus redes sociales, el abogado Carlos Nayi explico en el programa televisivo del Lagarto Guizzardi, que el camarista volcó tras salir “de la casa de una importante dirigente de la Fundación Mediterránea”. El curioso comentario generó especulaciones en tribunales. Algún funcionario de trayectoria arriesgó que “es un mensaje, Sánchez Torres está diciendo que ‘si caigo yo, caen conmigo’”.

Llorens logró identificar la camionera con una foto que le fue enviada, donde podía verse la patente. Su posteo logró miles de visualizaciones y días después sufrió un ataque a las redes, con denuncias que lograron dárselas de baja. Además, el periodista que publica en el sitio web Stripteasedelpoder.com denunció que un auto sin identificación estuvo estacionado frente a la empresa donde trabaja, lo que interpretó como un mensaje amenazante.

“Luego de publicar las notas sobre el vuelco y fuga del juez federal Sánchez Torres, me boicotearan la cuenta de facebook y amenazaran con allanar mi domicilio y secuestrar mi celular, recibí la visita de este extraño auto”, posteó en X, acompañando un video donde se advierte el vehículo en cuestión.

Cosas vedere.

La CIDH, más rápida que La Torre

El 16 de julio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una notificación a la Cancillería Argentina, comunicando que resolvió abrir el proceso de admisibilidad para aplicar “Medidas para reducir el atraso procesal”, dando cauce al reclamo que un grupo de vecinos de Barrio San Antonio Planteó en 2024, que fue patrocinado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).

Se trata del segundo caso referido a problemáticas ambientales, después del caso Atanor.

“Normalmente, una denuncia ante la CIDH tarda años porque se divide en dos grandes etapas: admisibilidad, que evalúa si la denuncia cumple con los requisitos formales (por ejemplo, si se agotaron los recursos judiciales internos del país); y de fondo, donde se analiza si el Estado realmente violó o no los derechos humanos. El texto enviado a Cancillería advierte que el retraso acumulado es tan grave que, para cuando la Comisión emita un dictamen, este habrá perdido su "efecto útil". Esto significa que la Justicia llega tan tarde que ya no sirve para nada”.

La CIDH decidió fusionar las etapas, considerando que los requisitos de forma ya están cumplidos. De esta forma, por la demora de Sánchez Torres y Montesi en defensa de los intereses de Porta Hnos, el Estado Argentino podría recibir una sanción internacional por denegación de justicia.

Otra cucarda más para la pareja.