Córdoba no es una isla económica y la gestión de Martín Llaryora enfrenta el mismo ahogo financiero que el resto de las provincias. Y no es una especulación periodística o la mirada de economistas agoreros: el gobierno de Javier Milei incluyó a la administración cordobesista dentro del plan de salvataje a otras provincias a través del adelanto de recursos coparticipables.

La ayuda de Milei, que busca su reelección, es la crónica de un déficit anunciado. La administración Llaryora entabla un vínculo cada vez más tóxico con la Casa Rosada, con senadores y diputados que actúan como rehenes, en un extraño caso de síndrome de Estocolmo político: votan todo lo que les pide el Gobierno nacional a la espera de un repunte económico que tiene más de expectativas alimentadas por los medios oficialistas que de la cruda realidad de una economía estancada.

El decreto presidencial del 8 de julio no es solamente una medida administrativa del gobierno libertario: es un crudo diagnóstico de las cuentas provinciales que no se compadece con el relato del cordobesismo. Milei y Caputo lo dicen con todas las letras: Córdoba necesita, al igual que la mayoría de las provincias argentinas, que la Nación le adelante fondos para poder afrontar sus gastos corrientes.

La falacia del superávit cordobés contrasta con la inercia del gobierno nacional, que insiste en un ajuste infinito que perjudica a las provincias, en un círculo vicioso que recuerda al hámster que corre en círculos sin avanzar un centímetro.

Hoy un decreto, mañana otro ajuste

El decreto presidencial 584/2026 se firmó el 8 de julio y se publicó en Boletín Oficial el 13 de julio, en medio de la fiebre mundialista. En lo formal el texto determina que el Gobierno nacional autoriza a Córdoba a tomar un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos de su propia coparticipación, que deberá devolver en el segundo semestre del año con una tasa del 15%. El decreto justifica la medida en que “la Provincia está impedida de atender compromisos”.

En lo económico, el texto -refrendado por el jefe de Gabinete Diego Santilli y su par de Economía, Luis Caputo- expone que la situación financiera de Córdoba está lejos de la tranquilidad que transmite la administración Llaryora y que, por el contrario, está en la misma situación que otras provincias. De hecho, al cierre de esta edición, 16 de las 24 provincias habían recibido fondos adelantados de su propia coparticipación para salvar los compromisos más urgentes, como el pago de aguinaldo a los trabajadores estatales.

A esta situación no se llegó de casualidad. Según un estudio de la consultora Politikon Chaco, en los primeros cuatro meses del 2026 “las jurisdicciones provinciales recibieron $21,9 billones, lo que representa una baja real del 5,7% frente al mismo período del año pasado”. Esa cifra marcó la “cuarta caída interanual consecutiva y la quinta en los últimos siete meses, consolidando una tendencia negativa en los recursos coparticipables".

El ajuste no empezó este año, sino que ha sido una constante desde diciembre del 2023. Una investigación del IARAF explicó que “al traducir el impacto fiscal a moneda extranjera para dimensionar la magnitud del recorte en términos internacionales, el bache financiero total para las jurisdicciones rozó los USD 18.000 millones”.

Cuando la Nación destaca el déficit cero como bandera, omite mencionar esta parte de la historia. No gasta un peso en las rutas nacionales, no cumple con la ley de financiamiento educativo, ejecuta un salvaje ajuste en discapacidad, se desploma el poder adquisitivo de los jubilados y los estatales y envía menos fondos a las provincias.

Ese contexto explica la necesidad de 16 provincias de pedirle a la Nación que les adelantara plata de lo que les debería transferir en la segunda parte del año. El primero de abril se emitió el primer decreto (219/2016), que incluyó en el salvataje financiero a un primer grupo de doce provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En aquel momento se dijo que era un problema específico de esas jurisdicciones.

Sin embargo, 30 días después, solicitaron participar del mismo beneficio los gobernadores de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. Y en julio llegó la adhesión de los herederos de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti.

El complejo escenario financiero de la mayoría de las provincias argentinas cuestiona el relato oficial de las virtudes macroeconómicas del modelo implementado por “el especialista en crecimiento con o sin dinero”.

No solamente los gobernadores no llegan a fin de mes. Las consultoras privadas coinciden en que el 60% de los hogares argentinos están endeudados. Algo estaría fallando en un modelo en el que las familias y las provincias necesitan pedir plata prestada para llegar a fin de mes.  

Los números no cierran

En esa foto económica nacional, Córdoba muestra sus propios números. Un estudio de la consultora OTES que se conoció después de la publicación del Boletín Oficial se preguntó por qué la provincia requería ese adelanto de fondos. La consultora recordó que el propio decreto nacional señala que la provincia se encuentra, de manera transitoria, impedida de atender financieramente compromisos urgentes derivados de su presupuesto y de la amortización de deudas y que esas dificultades aparecen en un contexto de caída ingresos: “entre enero y junio de 2026, la recaudación provincial cayó un 2,8% en términos reales respecto al mismo período de 2025. Y los recursos provenientes de la Nación bajaron un 2,5%”.

Sobre los fondos frescos adelantados por la Nación, OTES plantea un interrogante a futuro: “El adelanto puede aliviar las cuentas provinciales en el corto plazo, pero deberá devolverse antes de finalizar el año. Esto abre una pregunta central: ¿Qué va a cambiar de acá a diciembre para que una provincia que hoy necesita hasta $400.000 millones para atender compromisos urgentes pueda devolver esos mismos recursos, con intereses, pocos meses después?”.

2026 ya viene dando señales de estrés financiero por parte de la gestión de Martín Llaryora. Córdoba debía pagar a lo largo de este año 635.560 millones de pesos de deuda externa. ¿Cómo afrontó el compromiso? Tomando más deuda. En diciembre, la Unicameral autorizó un nuevo endeudamiento por 2.500 millones de dólares y en enero el Gobierno provincial sorprendió al salir al mercado internacional a tomar nuevos empréstitos.

La deuda de Córdoba que vence en 2027 supera los $542 mil millones e incluye tres títulos importantes, algunos de ellos ajustados por CER, es decir, un valor que se actualiza automáticamente al ritmo de la inflación.

¿Hasta cuándo se puede patear hacia adelante el problema de la deuda en pesos y en dólares? ¿Es sustentable en el tiempo el modelo económico cordobés con este bajo nivel de actividad económica y una caída sostenida de los ingresos provenientes del Estado nacional y la recaudación provincial? El decreto presidencial adelantando parte de la coparticipación parece ser la respuesta.

Rehenes Otro informe de la consultora Politikón Chaco puso el foco en los envíos no automáticos de la Nación, que son aquellos que dependen de la voluntad política de la “Casa Rosada”. Son recursos discrecionales, sin ley que regule su transferencia a las provincias.  “En el primer semestre del año, por esta vía se distribuyeron $ 639.589 millones, lo cual representa una baja real de 61,8% contra igual período del año pasado”, advierte la consultora. Para las provincias se trata del segundo peor semestre de los últimos 20 años, sólo superado por sucedido en 2024, también durante la presidencia de los hermanos Milei.

Los 400.000 millones de pesos que llegaron a Córdoba estaban atados también a la discrecionalidad presidencial. Según el decreto refrendado por Milei, la Secretaría de Hacienda determina el monto efectivo a desembolsar "conforme a la capacidad de repago de la referida provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”. En otras palabras, para recibir los fondos, Córdoba autorizó a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente su porción de coparticipación federal de la Ley 23.548 hasta cubrir el capital más los intereses. En definitiva, “Toto” Caputo decidió cuánto y cuándo envió los fondos adelantados a la provincia.  

Hay dos ejemplos de cómo está funcionando el sistema: Catamarca y La Rioja. La provincia gobernada por el peronista con peluca Raúl Jalil y la gestionada por el opositor Ricardo Quintela presentaron todos los papeles ante Nación la misma semana, pero mientras los catamarqueños recibieron el adelanto solicitado en tiempo y forma, los riojanos siguen esperando.  ¿La explicación? Los senadores y diputados nacionales riojanos no votaron en el Congreso ninguno de los proyectos de Milei; los catamarqueños sí.

A buen entendedor, buenas transferencias.

Relatores

Algo no es coherente en el relato oficial de la Casa Rosada y del Gobierno provincial. La recaudación sigue cayendo y el ajuste se vuelve un círculo infinito. Lo mismo que le pasa a la mayoría de los argentinos en sus economías domésticas les sucede a las provincias. En los primeros seis meses del año, Córdoba necesitó volver a tomar deuda en dólares para refinanciar la existente y le pidió a la Nación un adelanto de fondos coparticipables para atender gastos corrientes.

Si la caída de la actividad económica está desplomando la recaudación de impuestos provinciales y nacionales ¿Qué cambiará para que los ingresos aumenten y el problema sea sólo coyuntural?

En los próximos meses el Congreso tendrá una agenda muy intensa, con temas que el oficialismo nacional considera fundamentales para su proyecto político: la reforma electoral, el cambio en la Carta Orgánica del Banco Central y un nuevo paquete de desregulación de la economía, además de la media sanción en Diputados de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tupacamarizada en el Senado, que eliminó los capítulos referidos a la venta de tierra a extranjeros y explotación comercial de bosques quemados.

¿Cómo votarán los senadores y diputados nacionales que responden al Panal? ¿Cuánto pesará la necesidad de fondos nacionales con su postura? ¿Fue casual la presencia de la vicegobernadora en el acto del 9 de julio en Tucumán?

La salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su reemplazo por “el colo” Santilli descomprimió la relación de la Casa Rosada con los gobernadores.  Sin el decorador serial de departamentos en escena, las conversaciones con el nuevo interlocutor girarán en torno al apoyo político a la reelección de Milei a cambio de alivio coyuntural para las provincias.

Martín Llaryora incluido.