El Consejo de la Magistratura emprendió en agosto una investigación sobre la conducta de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, que podría derivar en su destitución.

Se trata de dos expedientes. El primero acumula el supuesto direccionamiento de causas -en particular, la causa “Bunge”-, la incompatibilidad derivada de su relación de pareja, violencia laboral contra la secretaria Celina Laje Anaya, enriquecimiento ilícito, presiones sobre un funcionario judicial -que derivó en una orden del juez Federal Alejandro Sánchez Freytes de restricción de contacto directo de Sánchez Torres con el secretario Francisco Juárez Rouviere, testigo en una de las causas contra el magistrado- y un accidente automovilístico protagonizado por Sánchez Torres, que dejó una camioneta de alta gama abandonada en adyacencias de la avenida de Circunvalación.

El segundo expediente se refiere a la causa por presuntas dádivas, que también se tramita en el juzgado de Sánchez Freytes, donde se busca establecer si ambos camaristas utilizaron un avión de las firmas Porta Hnos y Astori para un viaje de placer a Punta del Este mientras trataban causas que involucraban a ambas empresas.

“Este tema tiene una gravedad institucional que no puede obviarse”, dijo el senador por Córdoba Luis Juez, consejero de la Magistratura, para advertir que los expedientes en cuestión terminarán más temprano que tarde en la Comisión de Acusación, por la envergadura de las denuncias.

Durante el debate se remarcó que los camaristas son pareja y ocupan dos de cuatro vocalías -había dos vacantes- que tiene el tribunal de alzada, que resuelve las apelaciones en materia jurisdiccional y todas las cuestiones de Superintendencia, incluidos nombramientos y ascensos de personal. Por eso se agrava su responsabilidad en el acoso laboral y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género contra Laje Anaya, que se negó a avalar la conformación irregular de una sala para que la pareja definiera los incidentes en la causa Bunge. A esto se suma abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

En el Consejo de la Magistratura sostienen que “a Sánchez Torres le soltaron la mano”. Y ejemplifican con la conducta asumida por el consejero Alberto Lugones. “Estando la suerte echada, voto por no postergar el tratamiento”, dijo al final del debate, sin mencionar que Sánchez Torres fue uno de sus asesores en el Consejo de la Magistratura. No hacía falta.

Esta revista hizo público en abril que el abogado Germán Gianotti, que litiga habitualmente en los tribunales federales de Córdoba, se presentó a un concurso para cubrir vacantes en la Cámara Federal y “olvidó” informar que estaba imputado por contrabando en una causa radicada en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires. Gianotti tiene estrechos vínculos con Sánchez Torres y litigó contra la Afip (ahora ARCA) en causas donde intervino el camarista denunciado. Sánchez Torres debió dar cuenta de su situación procesal, pero no lo hizo. Ambos son habituales de la Universidad Siglo 21 de Córdoba, donde supieron dar cursos conjuntamente.

El Consejo de la Magistratura dejó pendiente de tratamiento las denuncias iniciadas por vecinos de barrio San Antonio, en Córdoba, en el marco de un amparo ambiental contra la empresa Porta Hnos (ver aparte), y la denuncia de un docente de la Facultad de Derecho de la UNC contra Sánchez Torres y Montesi. Tampoco resolvió la amplia denuncia contra la pareja federal que presentó la dirigente política Elisa Carrió y de la que El Sur dio cuenta en su edición de agosto.

Mientras se desarrollan estos avatares en Capital Federal, en Córdoba se espera que el Juzgado Federal N°2 dicte o no el procesamiento por las denuncias de Laye Anaya y de los fiscales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano.

La Porta

Siete años después que el Juzgado Federal N°1 ordenara llevar a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la firma Porta Hnos sobre la planta de Biodiésel en barrio San Antonio, ubicada tras la avenida Circunvalación, la Cámara Federal de Córdoba emitió el 4 de agosto una sentencia que ordena la realización del estudio, que Porta pospuso con una sucesión de apelaciones, incidentes y chicanas judiciales.

¿Cómo se llegó al dictamen? Con la firma de los jueces Liliana Navarro y Julián Falcucci, que sumó su voto ante la ausencia de Graciela Montesi, que se excusó tras ser denunciada por presunta admisión de dádivas al haber viajado en un avión privado de Porta en un viaje de placer junto a su pareja Sánchez Torres.

Al cierre de esta edición se aguardaba que el expediente bajara nuevamente al juzgado a cargo de Hugo Vaca Narvaja para que por fin ejecute la sentencia.

Esta revista consignó en mayo de 2022, hace cuatro años, bajo el título “Porta, fábrica de calamidades”, que un estudio científico publicado por la revista Journal of Biosciences and Medicines denunció que la destilería de bioetanol genera en la población circundante el síndrome de “Sensibilidad Química Múltiple”, producto de la “exposición química repetida” que “afecta múltiples órganos y sistemas del cuerpo”.

La evaluación epidemiológica sobre el 74% de los habitantes del barrio dio por resultado “una elevada frecuencia de trastornos irritativos encabezada por cefaleas (43%), seguida de congestión ocular (34%), trastornos respiratorios (33%), malestar digestivo (26%) y dermatitis irritativas (18%)”.

No obstante la numerosa prueba que el Juzgado N°1 acreditó para obligar a Porta a realizar el estudio, la firma nunca lo llevó a cabo, amparada por avales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que consideró que los estudios existentes eran suficientes para llevar tranquilidad a los vecinos del sector.

Ejecución y Círculo Rojo

Previendo nuevos planteos e incidente procesales de parte de Porta, la defensora Pública Mercedes Crespi, que representa a las y los niños y adolescentes afectados del barrio, insistirá con el estudio de impacto ambiental que confirmó la Cámara Federal. “Para que el resultado sea fiable debe tratarse en el juzgado, conforme la calidad pericial que se necesita para este caso en particular”, sostuvo ante una consulta de esta revista. Crespi admitió que en esta causa “hubo un uso excesivo de los recursos judiciales” y sostuvo que el nuevo fallo de los camaristas “es contundente”.

La excusación de Montesi, lejos de aventar sospechas, confirmaría su rol decisivo en la demora para ejecutar la sentencia de Vaca Narvaja. ¿Deberá responder también por las consecuencias de que la planta haya seguido funcionando sin controles?  En el Juzgado Federal N° 3 explicaron que, una vez que “baje” el expediente, se aplicará la Ley Provincial N° 10.208, de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, que establece un plazo de 15 días hábiles para presentar el EIA. Si no cumple, se aplican multas diarias y se puede decretar la clausura de la fábrica. “Se tiene que hacer la audiencia pública previamente. Pero para noviembre, si no obedecen, la planta estará clausurada”, auguran en Tribunales.

Esta revista quiso saber la posición de la empresa, pero desde el área de prensa de Porta Hermanos se comunicó que no harán ningún comentario. “Respetamos y confiamos en lo que la Justicia decida y en nuestro cumplimiento de las normas ambientales”, fue la escueta respuesta.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia quedó en el ojo del huracán. La resolución de la Cámara Federal cuestiona su papel al remarcar que “no puede el Poder Ejecutivo provincial modificar y hacer una distinción que no surge de la normativa nacional- la cual establece presupuestos mínimos de cumplimiento- haciendo una distinción respecto a las empresas que se encuentran en marcha y los nuevos proyectos. La ausencia del procedimiento formal de EIA y de licencia ambiental conlleva una violación al marco normativo vigente y una afectación directa al derecho colectivo a un ambiente sano, de jerarquía constitucional”.

Revista El Sur pidió al área de prensa de la Provincia una entrevista con la ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores, o en su defecto con el secretario de Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Scotto, pero tampoco hubo respuesta.

En la jura, para la foto

A pesar de su compleja situación procesal, la pareja federal tuvo un rol protagónico en el acto de asunción de los nuevos camaristas federales. Como presidenta de la Cámara, Montesi le tomó juramento a María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo en la sala Agustín Díaz Bialet de la Torre Federal de Córdoba. A su lado, impertrérrito, Abel Sánchez Torres -su pareja y segunda autoridad de la Justicia Federal mediterránea- posó para la foto junto a sus flamantes colegas y los camaristas Eduardo Avalos y Liliana Navarro. 

A la jura asistió el presidente de la deslucida Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Horacio Rosatti, el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, los vocales del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña, Luis Rubio y Marta Cáceres de Bolatti, el opaco fiscal general de la Provincia Carlos Lescano y el jubilado Juan Carlos Maqueda, que no se pierde un ágape desde que abandonó su mullido sillón en la Corte. 

Con la asunción de los nuevos camaristas se cubren las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba: Mancini integrará la Sala A y Cortés Olmedo la B, con lo cual la pareja federal dejaría de votar mancomundamente en las mismas causas.