Ya son treinta los nombres de víctimas del terrorismo de Estado cuyos restos fueron rescatados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en los predios del ex campo de concentración de La Perla, en el contexto de la causa de lesa humanidad “Enterramientos clandestinos”. La identificación de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, dada a conocer el 28 de agosto por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba (JF3), a cargo de Hugo Vaca Narvaja, se suma a otras 29 informadas entre marzo y mayo pasados.

Entre las piezas óseas recuperadas en la campaña de prospección y excavación arqueológica emprendida por el EAAF en 2025, fueron diferenciados 35 perfiles genéticos, de los cuales sólo resta identificar cinco, a partir del cotejo genético con las muestras de ADN aportadas por familiares de personas detenidas-desaparecidas. Mientras tanto, continúa la campaña 2026 de búsqueda en la zona de La Perla conocida como Loma del Torito, que ya produjo nuevos hallazgos, según informó el JF3.

Nacido el 30 de julio de 1953, Jerez Bodereau militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), trabajaba en la planta de IKA-Renault en Santa Isabel y tenía una hija de cinco años. El 5 de mayo de 1976, fue secuestrado por personal del Ejército en una pensión de barrio Alberdi, junto a Susana Noemí Huarte Martínez y Rubén Rosemberg, estudiantes de Medicina y Psicología en la UNC.

Vendados y maniatados, los tres fueron conducidos al principal campo de concentración, tortura y exterminio del Tercer Cuerpo de Ejército. Rosemberg fue liberado esa misma noche. Huarte Martínez estaba embarazada de dos meses y permanece desaparecida. Jerez Bodereau fue visto en La Perla por prisioneros sobrevivientes.

Su desaparición está incluida en la causa “Poncet”, todavía en etapa de instrucción, en la que están acusados 19 ex militares por los secuestros, aplicación de tormentos y desaparición forzada de 105 víctimas. Entre ellas, Elsa O’Kelly Pardo y las hermanas Adriana y Cecilia Carranza, cuyos restos fueron también recuperados e identificados este año por el EAAF.

La colaboración certificada

Dos semanas después del secuestro de Jerez Bodereau, los directivos de IKA-Renault recibieron una nota del Tercer Cuerpo de Ejército, firmada por su comandante, el general Luciano Benjamín Menéndez: “A los efectos de cumplimentar las previsiones de seguridad ordenadas por la superioridad, a partir del día de la fecha y dentro del término de 72 horas deberá proceder a adjuntar el domicilio de sus agentes o empleados”. La información debía estar actualizada con “carácter de declaración jurada”. El 21 de mayo, la empresa automotriz remitió al Tercer Cuerpo cuatro hojas con la lista de sus trabajadores, respectivos DNI y direcciones. Con la aclaración de que que algunos obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo, certificada por acta notarial 549 B, Registro 221.

Esa prolijidad burocrática permitió, 37 años después, recuperar esa documentación, evidencia de la participación empresarial en el terrorismo de Estado. La revelación surgió durante el juicio de la Megacausa La Perla en 2013, cuando la abogada Lylan Luque, de la querella de Familiares e HIJOS, presentó al Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) copias de esas nóminas archivadas en el Colegio de Escribanos de Córdoba. Allí figuraban varias víctimas de ese juicio, secuestradas y desaparecidas antes y después de la entrega de las listas: Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca, el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, desaparecido el mismo 24 de marzo de 1976. Y también Santiago D’Ambra, padre del militante del PRT Carlos Alberto “Nona” D’Ambra, otra víctima de La Perla del grupo identificado en marzo.

“A esa altura, ya habían secuestrado un montón de trabajadores de la Renault y otras fábricas. Entonces… ‘vamos por las listas’, debe haber pensado Menéndez. Y por supuesto, esas listas le sirvieron para continuar y profundizar esa persecución”, dijo a El Sur Facundo Trotta, entonces fiscal del juicio y hoy en la fiscalía de instrucción. En la audiencia de 2013, Luque fundamentó: “Esa información se utilizaba para hacer Inteligencia, para secuestros y en otros casos para extorsiones posteriores”. Con el acuerdo de la querella y la fiscalía, incluso de las defensas, la documentación fue aceptada por el TOF1 como prueba en la Megacausa, pero hasta la fecha no se activó ninguna investigación sobre la responsabilidad de la empresa.

El álbum de la muerte

Los obreros de otras firmas automotrices tuvieron similar destino. Pedro Flores, Adolfo Luján, Víctor González, José Apontes, Hugo García, Guillermo Pucheta y César Córdoba trabajaban en la fábrica de motores diésel Perkins. En el juicio La Perla, Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos al momento del golpe de Estado, atestiguó: “La empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las fuerzas armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército”. Aun en ese contexto opresivo, ante la desaparición de Apontes y García, el 18 de mayo del 76, los obreros de Perkins se atrevieron a declarar 48 horas de huelga.

También en la megacausa, el sobreviviente Jorge Argañaraz, ex militante montonero y obrero de Fiat-Materfer, aportó un testimonio categórico. El 22 de noviembre del 76, fue secuestrado y llevado a La Perla. Mientras lo interrogaban, los torturadores le exhibieron “álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “Cuando ingresábamos a la empresa, nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla. La empresa se los había provisto”, explicó el testigo. Además, refirió que desde antes del golpe del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. “Fueron 32 o 33 compañeros de la Fiat desaparecidos en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”, reclamó.

En otras jurisdicciones, la complicidad de las patronales automotrices fue investigada, juzgada y condenada. En 2018, el TOF1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, sentenció al ex jefe de seguridad de Ford Motor Argentina Héctor Sibilla a doce años de prisión y al ex gerente Pedro Müller a diez. Se los consideró “partícipes necesarios” de “privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas (…) e imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político”, en perjuicio de una veintena de víctimas. A su vez, Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de la planta Mercedes Benz en González Catán, está procesado bajo la acusación de haber entregado a los obreros Diego Núñez –desaparecido– y Héctor Ratto –sobreviviente–.

En Córdoba, Jorge Argañaraz murió en 2023 sin que la Justicia respondiera su reclamo.

Ya son treinta y la búsqueda sigue

“La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, es la consigna de la campaña lanzada en Córdoba el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, por los Espacios de la Memoria, el Ministerio de Vinculación de la Provincia y el EAAF. “50 años después, nuestra sociedad sigue encontrando los restos de quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Si tenés un familiar que sufrió desaparición forzada entre 1974 y 1983, tu información es importante. Una gota de sangre puede ayudar a identificarlos. La toma de la muestra es gratuita, confidencial y con fines identificatorios”, dice la convocatoria.

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