“Preocupa el funcionamiento orgánico institucional de la Cámara. Él tiene sus abogados y el trámite judicial seguirá su curso, pero el problema que vemos es cómo vamos a seguir funcionando con un vicepresidente procesado y una presidenta aún imputada. Además, ambos presiden las dos salas de la Cámara y los nuevos camaristas recién asumidos deberán resolver en las apelaciones en soledad, porque ni Liliana Navarro ni Eduardo Ávalos están en condiciones de intervenir, por haber sido testigos en la causa”. Esa fue la primera lectura de pasillo en los tribunales federales de Córdoba al conocerse el procesamiento de Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad, por su intento de manipular la conformación de la Sala B para abordar un incidente de la causa “Humanes” (que impactaba sobre la cerealera Bunge, investigada por evasión tributaria y contrabando por cifras millonarias) y por lesiones graves calificadas por violencia de género en perjuicio de la secretaria Celina Laje Anaya.

Además, los flamantes camaristas Soledad Mancini y Facundo Cortés dependen en términos de superintendencia de quienes deberán juzgar en la Cámara cuando lleguen los incidentes de las causas en las que están siendo investigados. “Es algo absurdo e insólito. No sé si el Consejo de la Magistratura debe intervenir para resolver esta situación, pero acá se va a resolver de forma libre”, auguran ante la gravedad de lo acontecido y la falta de reacción institucional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que a su vez preside el Consejo de la Magistratura, lo sabe de primera mano. Estuvo en Córdoba a mediados de septiembre para la asunción de los nuevos camaristas y palpó el clima de La Torre. Trató de evitar una foto con Sánchez Torres, pero terminó siendo tackleado en un pasillo por el fornido juez, ahora procesado. Su expresión en la imagen habla por sí sola.

En el Consejo las denuncias sobre Sánchez Torres se ventilaron en la Comisión de Disciplina, que se ocupa de sanciones menores, pero un procesamiento -como adelantó el mes pasado el senador y consejero Luis Juez- derivaría en el paso del caso a la Comisión de Acusación, que podría suspender al juez en sus funciones y quitarle la inmunidad de arresto de la que hoy goza. Ese beneficio procesal fue el argumento que utilizó el juez instructor Alejandro Sánchez Freytes para rechazar la detención del encartado -término que se repite en el escrito del procesamiento- que habían pedido los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián, debido al peligro procesal que significa que Sánchez Torres camine por tribunales apretando testigos e intentando direccionar un proceso que tiene como principales actores a sus propios empleados.  

Al cierre de esta edición los fiscales no habían apelado la medida del juez. En caso que lo hagan, ¿cómo actuarán Cortez Olmedo y Mancini con su “colega”? ¿Ordenarían su detención? ¿Cómo quedaría la convivencia entre los camaristas en otras causas donde les toque intervenir?

En su resolución de 164 páginas, Sánchez Freytes le impuso al procesado un embargo sobre sus bienes de 70 millones de pesos. “Tres sueldos, un chiste”, alertó un alto funcionario de tribunales. El camarista sigue siendo investigado por presunta admisión de dádivas y enriquecimiento ilícito, aunque fue beneficiado con la falta de mérito en la causa “Padilla”, donde se investigaba su actuación en la conformación de la sala para beneficiar a Bunge.

Ella no

Distinta fue la suerte de la pareja de Sánchez Torres, Graciela Montesi. La camarista, también beneficiada con la falta de mérito en la causa “Padilla”, fue sobreseída también en la causa “Humanes” porque la presunta manipulación ejercida por su pareja para conformar la sala no se concretó ante la resistencia de la secretaria Laje Anaya. Esta situación motivó que Sánchez Torres dictara un decreto por su cuenta para integrar la sala, sumando a su pareja en flagrante violación de la ley 27.439 de Subrogancias y el Acuerdo de Cámara 316/2023, que establece el orden de subrogación a aplicar por el tribunal.

La camarista Liliana Navarro rechazó el decreto de marras y advirtió que esa integración era ilegal. “Una advertencia grave y con entidad suficiente para ser escuchada y respetada, formulada -reitero- por una secretaria que gozaba de las más altas calificaciones, dilatada trayectoria y que cumplía funciones de revisar y fiscalizar proyectos y, al decir del propio Sánchez Torres, también tenía a su cargo el control de los votos emitidos por los jueces de Cámara, de modo tal de evitar contradicciones en su fundamentación”, escribió Sánchez Freytes en el auto de procesamiento de Sánchez Torres.

Las causas “Padilla” y “Humanes”, denominadas de esa forma porque se trata de dos gerentes de Bunge enjuiciados por evasión y contrabando, corrieron distinta suerte según la conformación de las salas que trataron las apelaciones en ambos procesos. Para el juez, no hay conexión entre ambos expedientes porque se tramitaron en jurisdicciones diferentes (Padilla en Río Cuarto y Humanes en Villa María, donde Bunge tiene domicilio fiscal) y en la causa Padilla hubo unanimidad a la hora de dictar la falta de mérito del gerente imputado.

Según el instructor, los fiscales no pudieron probar que Montesi estuviera al tanto de la maniobra porque no había sido notificada del decreto emitido por Sánchez Torres. Resulta cuanto menos curioso: en la instrucción reconocieron, después de años de negarlo, que los une una relación sentimental. Pero para el juez Montesi no sabía que su pareja había firmado un decreto que la involucraba en una medida de evidente riesgo procesal. ¿Hablarán de la inminente jubilación de Montesi para evitar que avancen las otras causas abiertas contra ambos? Secretos de alcoba.

El intríngulis institucional que hoy se vive en la Torre tiene su origen en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 ignoró la advertencia que otros camaristas sobre la situación que se vivía en Córdoba: novios que resolvían controversias de trascendencia institucional y causas de peso. A pesar del escándalo, en aquel momento los camaristas Ignacio Vélez Funes, Luís Rueda y Liliana Navarro se toparon con un argumento insólito de los cortesanos, que los acusaron de adoptar “una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad, ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura indispensables”.

Los resultados están a la vista.

Derrumbe y abandono

El procesamiento de Sánchez Torres y la absolución de su pareja no culmina la novela de terror que se vive en la Torre. La pareja sigue siendo investigada por la presunta comisión de los delitos de dádivas y enriquecimiento ilícito. En la primera causa, Montesi declaró ante Sánchez Freites que es amiga de la empresaria Pía Astori y que en más de una ocasión se alojó en su mansión de Punta del Este.   Lo hizo para justificar el vuelo junto a su pareja y la propia Astori en el avión privado de la heredera de Astori Estructuras, protagonista de un largo litigio judicial en el que intervinieron ambos camaristas pese a la clara incompatibilidad de intereses.

El magistrado también es investigado por la impresionante mansión que construyó en el exclusivo country El Terrón, cuya valuación de mercado supera holgadamente el millón de dólares.

No faltan comentarios respecto a que el escándalo en la Torre federal horadó los vínculos del empresariado cordobés con Sánchez Torres. Esa complacencia podía verse en la participación del vicepresidente de la Cámara en los almuerzos de la Fundación Mediterránea, como consignó esta revista en más de una oportunidad. Su propio abogado, Carlos Nayi, dijo que cuando Sánchez Torres volcó y abandonó su lujosa camioneta en inmediaciones del estadio Mario Kempes salía de la casa de una conocida empresaria de la Fundación Mediterránea. El camarista procesado también resignó sus habituales almuerzos con el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle.

La investigación que pesa en su contra, el procesamiento y los golpes mediáticos socavaron la capacidad de maniobra que ostentaba el camarista sobre causas relevantes. Por caso, la firma Porta Hermanos vio cómo se desmoronaba su estrategia de obstaculizar el reclamo de los vecinos de barrio San Antonio, que exigen un estudio de impacto ambiental para determinar la relación de la planta de bioetanol con la proliferación de casos de cáncer y otras enfermedades en el barrio. Apartada Montesi del expediente, la Cámara confirmó la realización del postergado estudio. 

Si tiene cuatro patas y ladra, quizás sea un perro.

Reivindicación del coraje

El procesamiento del mandamás de los tribunales federales de Córdoba, Abel Sánchez Torres, surge de la denuncia de Celina Laje Anaya. El juez Sánchez Freites consideró que el camarista abusó de su poder sobre la funcionaria porque se negó a convalidad una maniobra que entendía espuria al forzar la conformación de la sala con su pareja. Como consecuencia de su negativa a avalar la maniobra, Laje Anaya sufrió hostigamiento, maltrato, descalificaciones, amenazas y sobrecarga laboral, lo que le generó complicaciones clínicas y daño psíquico.

Sánchez Torres ejerció tal presión que ella terminó aceptando dejar su cargo para asumir uno de menor jerarquía, con la consiguiente merma salarial y desvalorización profesional tras 30 años de carrera en la Justicia.

El abogado patrocinante de Laje Anaya, Claudio Orosz, celebró el procesamiento del camarista Sánchez Torres y valoró la instrucción del juez Sánchez Freites.

Las consecuencias para la salud psíquica y física de Laje Anaya son perdurables, lo que realza el coraje de la funcionaria al tomar la decisión de denunciar al camarista. Sánchez Freites hizo una larga fundamentación sobre por qué las lesiones graves están calificadas “por violencia de género”, citando jurisprudencia de la Corte Suprema, tratados internacionales con vigencia en el país y una vasta normativa en la materia. En ese sentido, en un contexto nacional adverso, el procesamiento supone reafirmar una línea de conducta que en su momento le costó la renuncia al camarista Ignacio Vélez Funes.

No es poco para el ambiente patriarcal que se resiste a abandonar buena parte de los pasillos de la Torre federal.