En abril de 2022, una semana antes de que comenzara el juicio, escribimos en esta misma revista un informe con las pruebas que habían llevado al banquillo al fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut. Se leían abrumadoras. Lo escribimos con las escuchas todavía resonando y con un título que anticipaba un veredicto casi cantado: “El fiscal coimero”.

Las escuchas están, el dinero apareció y cuatro coimputados confesaron. Nada de eso ha dejado de ser cierto. Lo que no hicimos, porque no era la pregunta de aquel momento, fue mirar quiénes habían movido las piezas para que Viaut llegara al banquillo, y quiénes lo harían después, cuando tocó revisar su condena.

Hoy esa pregunta ya no se puede esquivar. Los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi atraviesan lo que en tribunales se describe como la mayor crisis institucional de las últimas décadas en la justicia federal cordobesa. A mediados de septiembre un juez federal procesó a Sánchez Torres por graves cargos que probablemente le cuesten el puesto. Consecuencia menor cuando se piensa que a partir de estos hechos, todo aquello que tocaron ambos magistrados parece quedar bajo sospecha y exige una segunda lectura, incluida la que uno mismo hizo con la información disponible.

Que quede claro: esta no es una nota para echarle lavandina a Viaut, que ha llevado su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más bien un ejercicio para averiguar si el camino que lo llevó al pabellón común de Bouwer estuvo tan limpio como parecía desde afuera. Adelanto: la respuesta es menos lineal de lo que cualquiera de los implicados quisiera.

Territorio de cooperativas

Cuna del actual gobernador Martín Llaryora, San Francisco es la pujante ciudad del este cordobés pegada a Santa Fe y rodeada de tambos, silos y cooperativas agrícolas que mueven millones de dólares. Como en cualquier ciudad grande del interior, todos saben quién es hijo de quién. De allí era fiscal federal Luis Viaut, nacido en San Francisco, pero con una carrera forjada bien lejos: empezó en la mesa de entradas de un juzgado santafesino y pasó por Zapala, donde intervino en el caso Carrasco, el del conscripto cuya muerte terminó para siempre con la colimba en plena década menemista. Volvió a su ciudad, dice, sin conocer prácticamente a nadie.

Durante años se dedicó a investigar mutuales y cooperativas a las que, sin rodeos, define como "financieras encubiertas". Cuenta que, días antes de los procedimientos que lo harían famoso, gente del sector pasó por su despacho para “sugerirle” que se dejara de molestar. Es su relato y no hay chances de corroborarlo. Pero conviene tenerlo presente.

El 31 de agosto de 2020, con el país todavía semiencerrado por la pandemia, esa línea de trabajo produjo su episodio más ruidoso: allanamientos masivos por una usina de facturas apócrifas, el artificio clásico para evadir impuestos y defraudar a la AFIP. La investigación se remontaba a información aportada por el organismo recaudador en 2017. Viaut afirma que llevaba seis meses trabajándola junto a la AFIP.

Entre los detenidos estaban Miguel Montali, Mauricio Pizzi (apellido que caratuló la causa) y Domingo Benso, este último un empresario de peso en la región y presidente de la Cooperativa de Devoto, que pasaría más de un mes en prisión.

La causa que quema

El 16 de septiembre, apenas dos semanas después de haber autorizado con su firma las detenciones más resonantes de los últimos tiempos en el este cordobés, el juez federal Pablo Montesi declaró la incompetencia del juzgado de San Francisco y mandó la causa a Córdoba. Invocó la conexidad con una investigación que tramitaba el Juzgado Federal Nº 1, por entonces a cargo de Ricardo Bustos Fierro. “Economía procesal”, como se la define en la jerga tribunalicia. Viaut, que la había iniciado, no compartía el criterio. Avisó que apelaría ante la Cámara Federal y cumplió.

Hasta ahí una desavenencia técnica judicial, de las que abundan. Lo que agrega ahora Viaut es la escena previa. Hay que leerla con la cautela que merece el relato de un hombre condenado por todas las instancias judiciales:

"Mi hermana y mi cuñado me dicen que esta causa la tenemos que enviar para allá", le habría confesado el juez, aludiendo a la camarista Graciela Montesi y al influyente Abel Sánchez Torres. La respuesta del fiscal fue un portazo burocrático: "Llevamos seis meses de laburo con la AFIP. Si declarás la incompetencia, te la apelo". El ruego final del juez fue casi una plegaria: "Me matás si apelás".

No hay forma de constatar la veracidad de estos dichos porque el juez Montesi falleció en agosto de 2024. Pero lo cierto es que, al día siguiente de ese supuesto diálogo, la Justicia declaró la incompetencia del fiscal Viaut.

Comenzaba otro capítulo en esta misma historia.

Sin excusas

La relación entre Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (hermana del juez federal del mismo apellido) hacía rato había dejado de ser un secreto. Incluso había provocado cuestionamientos internos en 2019, cuando tres colegas de la Cámara (Luis Rueda, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes) plantearon ante la Corte Suprema serios reparos sobre su efecto en la imparcialidad del tribunal. Dos de ellos ya no están: Rueda falleció y Vélez Funes renunció (sus vacantes recién fueron cubiertas el mes pasado). Los supremos eligieron mirar para otro lado.

La apelación de Viaut, que intentaba recuperar la causa, fue a sorteo en la Cámara Federal. En la primera instancia salió Graciela Montesi, que se excusó por una razón difícil de discutir (el juez recurrido era su hermano). En la segunda, el nombre que apareció fue el de Sánchez Torres.

El 26 de octubre, el magistrado que hoy resiste como puede los embates judiciales y mediáticos resolvió tener por desistido el recurso del fiscal, invocando el artículo 443 del Código Procesal Penal. De ese modo terminó por arrear la causa hacia la torre del Parque Sarmiento, sin analizar, al menos formalmente, por qué Viaut sostenía que la competencia debía seguir en San Francisco.

Y así, aquella escandalosa causa que sacudió el este cordobés quedaría ahora a disposición de Bustos Fierro, sin demasiado ruido, con los detenidos y los bienes secuestrados incluidos. Se presagiaba el ocaso tan buscado por algunos.

En sólo cuarenta días, el juez que había ordenado los ruidosos allanamientos decidió apartarse, el fiscal apeló, el camarista -cuya pareja es la hermana de quien dictó lo apelado- dio por desistido el recurso y el expediente emigró a Córdoba, silbando bajito.

Hay otro detalle que complica la trama para ambos lados. El 7 de octubre, con la apelación de Viaut todavía en trámite, Pablo Montesi dictó la falta de mérito de Benso y ordenó su libertad. Hacía propia y pagaba de contado la postura de la defensa, que había cuestionado que una dirección IP de la Cooperativa de Servicios Públicos de Devoto alcanzara para identificar al usuario final de las operaciones fraudulentas. Catorce meses más tarde, el 7 de diciembre de 2021, le tocó a la Cámara revisar la situación de los imputados -incluido Benso-, y Sánchez Torres no dudó en votar la confirmación de esa falta de mérito, contra sus pares Navarro y Ávalos, que ordenaron profundizar la investigación.

Es cierto: una falta de mérito no es un sobreseimiento y la decisión fue colegiada y en sentido contrario. Pero el hecho muestra que Sánchez Torres reapareció en la causa. Y muestra algo más incómodo: el juez que primero detuvo a Benso es el mismo que después se sacó la causa de encima, no sin antes liberar al propio Benso, tres semanas después. Coincidencias.

La causa que ya corría

La “teoría de la venganza” suena atractiva. Pero hay que admitir que tampoco es de una solidez inconmovible. Porque la causa contra Viaut no nació de la incompetencia de Pablo Montesi. Nació a fines de junio de 2020, cuando Pablo González, gerente de la cooperativa tambera Las Cañitas de El Tío, grabó los llamados de un ordenanza de la Fiscalía de San Francisco, Darío "Paco" Rivarola, cuando le pedía en nombre de Viaut dos millones y medio de pesos para "cajonear" una investigación en su contra. Tiempo después se supo que tal causa ni siquiera había existido.

La denuncia de la supuesta coima llegó a la fiscalía general y se derivó a Villa María, donde la fiscal María Marta Schianni y el juzgado federal de esa ciudad tomaron el caso tras el apartamiento del juez de San Francisco. Para agosto, los teléfonos de Viaut y Rivarola ya estaban intervenidos.

Por ese carril, que corrió lejos de Montesi y de la Cámara cordobesa, se llegó al primero de diciembre de 2020, cuando allanaron la Fiscalía y encontraron, en los cajones del escritorio de Viaut, 843.500 pesos y 8.900 dólares. El fiscal explicó que el dinero era para la beca de su hija en Barcelona y provenía de la herencia de su suegro. Hay que admitirlo: no sonaba muy creíble.

En ese banquete de pruebas, la aparición de Domingo Benso en el juicio contra Viaut fue la nota de cata. El hombre que había pasado más de un mes preso a instancias del fiscal caído en desgracia, se sentaba no como acusado sino como testigo, señalando al que lo había metido preso. Declaró que mientras estuvo detenido en la UCA alguien le exigió 150 mil dólares para dejarlo limpio. Pero ante las preguntas que lógicamente surgieron, admitió que no sabía de parte de quién venía el pedido, ni a través de quién, ni aportó un solo elemento para probarlo. Desde Bouwer, la síntesis de Viaut sobre esa escena no ahorra indignación: "¿Por qué en el juicio que me hacen a mí aparece Benso, que no tiene nada que ver, con una declaración en la que no dijo nada?”.

En tiempos que para nada se ajustan a lo que habitualmente le insume un proceso a la justicia federal, el Tribunal Oral Federal N° 2 (Costa, Falcucci y Asís) lo condenó el 3 de mayo de 2022 a cinco años de prisión, inhabilitación perpetua y seis millones de pesos de multa, como coautor de exacciones ilegales agravadas y tráfico de influencias. Los fiscales habían pedido siete años. Cuatro coimputados confesaron; los condenaron, pero ninguno de ellos fue a prisión.

Cuando la Sala I de Casación revisó el fallo, en agosto de 2025, el juez Carlos Mahiques votó en disidencia parcial. Sostuvo que el suceso estaba "efectivamente probado" y que lo que fallaba era la calificación: la conducta no encajaba en las exacciones, y el tribunal ni siquiera había explicado por qué descartó la figura alternativa de estafa en tentativa, que la propia Fiscalía había planteado. Petrone y Barroetaveña coincidieron con él en rechazar los agravios sobre los hechos y la responsabilidad, y confirmaron la condena apoyándose en la tesis de la concussio de Ramos Mejía. En definitiva: los tres jueces coincidieron, en lo sustancial, en la responsabilidad por los hechos, pero discreparon sobre su encuadre jurídico.

Lo que no cierra

Nada de lo relatado vuelve culpable ni inocente al principal protagonista de esta historia. Pero el expediente deja preguntas que una relectura honesta obliga a hacer.

La primera es el expediente que Rivarola le habría exhibido a González el 26 de junio: una carátula que decía "Benso Domingo, Agustín Benso y otros", dos meses antes de los allanamientos que terminarían con el propio Benso preso. La Fiscalía lo usó como indicio de que Viaut manejaba información reservada. La defensa replica que la causa jamás se caratuló "Benso", y que los sumarios iniciales no llevaban el nombre del investigado. Punto para las teorías conspirativas.

Sigue sin respuesta la pregunta sobre cómo llegó a manos de un ordenanza un papel tan importante.  Viaut apunta a un periodista, Grasino, que según él figura en la causa de las facturas por haber avisado de los allanamientos, y lo atribuye a un informe de la Policía Federal. Una curiosidad más: González, el denunciante, dijo en su última palabra ser amigo "a la distancia" de Benso. No prueba nada, salvo que el círculo era chico.

La segunda es la llamada que asegura haber recibido la fiscal de Bell Ville, Isabel Reyna, base de la acusación por tráfico de influencias. Alguien marcó ese teléfono e intentó presionarla para que aliviara la situación de un detenido por un delito sexual. Supuestamente hablaban en nombre de Viaut. La fiscal Reyna no pudo reconocer la voz, no registró el número telefónico, y ubicó el apellido de Viaut recién cuando se lo leyeron en plena audiencia. La sentencia admite que no puede afirmarse que la llamada haya salido de él, y concluye que, si no fue él, fue alguien de su entorno. La defensa pidió los listados completos de llamadas para probar que su teléfono, ya intervenido, nunca marcó el número de la fiscal. Se los negaron en todas las instancias. Otro detalle, probablemente de tipeo: en un pasaje, la sentencia le atribuye a Viaut el mismo número de línea que a Rivarola. En un expediente hecho básicamente de llamadas, al menos amerita chequeo. Más aún cuando se manda a un tipo cinco años a prisión.

La tercera es el método. El hecho primero (Las Cañitas) se dio por probado apoyándose en el "patrón de conducta" que surgía de las escuchas del hecho segundo, y las llamadas entre Viaut y Rivarola en los días de las reuniones no tienen contenido registrado. Puede ser un razonamiento indiciario válido o uno forzado. Para eso existe la revisión.

La cuarta es quién revisó. El presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, informó por escrito que mantenía una relación con la jueza María Noel Costa, presidenta del tribunal que condenó, aclarando no obstante que ello no comprometía su imparcialidad y que si lo decía era por "delicadeza". Sus pares resolvieron en diciembre de 2022 que siguiera interviniendo. Terminó adhiriendo "en lo sustancial" al voto de Petrone, y ese voto formó la mayoría de dos contra uno. Quizás si se excusaba, la suerte hubiera sido otra. La Corte Suprema cerró el asunto en marzo de 2026 con el artículo 280. Horas más tarde, sonaba el ruido de las esposas sobre las muñecas del fiscal caído en desgracia.

El escándalo está servido

Vayamos al presente. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al camarista Sánchez Torres por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género, le trabó un embargo de 70 millones de pesos y rechazó el pedido de detención. La causa nació de la denuncia de la secretaria penal de la Cámara, Celina Laje Anaya, tal como lo hemos cronicado en estas páginas. Gira en torno a la integración de una sala en el caso "Humanes", un directivo de la cerealera Bunge procesado por delitos económicos: el camarista habría integrado la Sala B por decreto, salteando el régimen de subrogancias y convocando a Montesi (ver páginas 4 a 6).

A Montesi, en cambio, la sobreseyó en ese expediente porque, según el juez, nunca fue notificada ni intervino efectivamente. En "Padilla", otro caso de un directivo de Bunge, dictó la falta de mérito para ambos por insuficiencia de pruebas sobre el dolo. Siguen abiertas la investigación por un viaje en avión privado a Punta del Este en marzo de 2024, ligado a empresas con causas en la Cámara, y una averiguación patrimonial.

Ninguno de esos expedientes toca a Viaut, y ningún documento muestra que Sánchez Torres o Montesi hayan intervenido en su juicio ni en su condena. Pero hay una coincidencia que no se puede ignorar. En la entrevista que concedió desde Bouwer, Viaut sostiene que la pareja "tenía siempre asegurado el amaño de los sorteos" en causas de peso, y menciona tres: "Humanes, Porta, Padilla".

Lo que falta

Seis años después de aquellos allanamientos, Viaut cumple su condena en un pabellón común de Bouwer, entre presos de causas que él mismo impulsó, mientras prepara junto a su abogado, Benjamín Sonzini Astudillo, una presentación ante el sistema interamericano. Benso terminó sobreseído y hoy integra el gabinete de Llaryora, sentado en la mesa chica.

Puede ser que Viaut efectivamente haya hecho todo lo que la sentencia dice de él. Puede ser, también, que haya sido víctima de una vendetta judicial, por meterse con quienes no debía y no tener nadie a mano para obtener cobertura.

Pero también puede ser ambas cosas, en un universo donde parece no haber nadie limpio, y donde todos los actores, incluso los de mayor peso, terminan estando pendientes de un hilo invisible que no se debe cortar si se quiere seguir con vida, sentado en una de esas cómodas butacas de tribunales.