Cincuenta años después de los hechos y tras un larguísimo camino recorrido por los organismos de derechos humanos, comienza el juicio por delitos de lesa humanidad más significativo de Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba. El tribunal presidido por Carolina Prado e integrado por Julián Falcucci, Noel Costa deberá juzgar a los 21 imputados que se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, luego de que el paso del tiempo consagrara la impunidad biológica de buena parte de los acusados inicialmente. Entre ellos, el tristemente célebre "Gato" Gómez, quizás el represor más emblemático del sur provincial, que solía amenizar con música de tango las interminables sesiones de tortura a que sometía a sus víctimas.

Sí estará en el banquillo, en cambio, quien fuera su joven ladero en los primeros años de la represión, el inefable Miguel Ángel Salinas, que cobraría notoriedad nacional varios años después por su participación en la matanza de sus propios compañeros del Banco Popular Financiero. Condenado a prisión perpetua, Salinas logró su libertad anticipada por buena conducta y podría volver a perderla si es condenado por su participación en la represión ilegal de los años ´70.

Tampoco el militar Hermes Gutiérrez, jefe del Batallón de Arsenales de Holmberg en aquellos tiempos, llegó vivo a su cita con la Justicia. Por eso la "causa Gutiérrez", como se la conoce entre los organismos de derechos humanos, fue recaratulada "Di Santo". Aunque el apellido remita inexorablemente al fiscal destituido por el caso Dalmasso, en realidad hace referencia al ex policía provincial acusado de secuestrar y torturar a Patricia Clara Gighlione, Cristina Teresa Mola, Santiago César Castro, Silvia Di Cola Juan Alfredo Marchioni, Juan Alberto Muzzolón, Clotilde Adelina Yerkovich, Stella Maris Grafeuille, Rosana Muguetti y Juana Josefa Chessa, por entonces compañera del docente universitario y dirigente gremial Ernesto Silber.

Las víctimas

Di Santo sería el único policía todavía vivo de los que participaron en la interminable sesión de tortura a la que habrían sometido al profesor Silber en la UR9 de Río Cuarto. La acusación sostiene que, pese a que oficialmente se informó que el docente universitario se había suicidado, en realidad se les habría muerto en plena sesión de tortura. 

La muerte de Silber quedó en un cono de sombras durante décadas, hasta que en abril de 2022 el abogado querellante en representación de la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto -integrada por el Estado municipal y los organismos de derechos humanos de la ciudad- , Daniel Olartecoechea, presentó un escrito poniendo en conocimiento del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba -por entonces en manos del inefable Ricardo Bustos Fierro- las circunstancias de la detención y posterior asesinato de Ernesto Silber como consecuencia de la brutal tortura a la que habría sido sometido durante tres días (desde el 9 al 12 de agosto de 1976) en dependencias de la Policía de la Provincia de Córdoba.

El querellante recordó que la versión oficial indicaba el modo en que Silber se habría quitado la vida y ésta resultaba absolutamente inverosímil, tanto por las características físicas de la víctima -Silber medía 1,85 y pesaba casi cien kilos- como por su perfil psicológico.

La querella incorporó entre los testigos a su esposa, que nunca había declarado su verdad en tribunales, pese a que fue secuestrada el mismo día que su compañero y liberada algunos días después.  Su incorporación a la causa fue en su doble carácter de testigo y víctima, ya que tuvo que hacer el duelo en el obligado hermetismo a que la obligó el terrorismo de Estado para poder seguir con su vida académica.

La querella que representa al Estado municipal también sumó a la causa el invaluable testimonio de Estela Pereyra, por entonces la joven secretaria de Antonio Raúl Ponce Schmeiedecke, que bajo la fachada de empleado administrativo del intervenido Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto habría señalado a las víctimas a secuestrar -entre ellas el matrimonio Silber- durante las asiduas reuniones que mantenía en el campus con  los jefes de la Policía provincial, federal, del Batallón de Holmberg y de la Aeronáutica,

Pereyra recordó que durante esas reuniones le pedía los legajos de determinadas personas (docentes, no docentes y estudiantes) y a los pocos días algo les sucedía: o eran expulsados de la UNRC, o sufrían atentados con bombas o eran secuestrados, como ocurrió con el matrimonio Silber.

Al igual que Salinas, Ponce logró esconderse en el anonimato después de la dictadura cívico militar y hasta se jubiló en la UNRC. Imputado a pedido de la querella, zafó de sentarse en el banquillo porque presentó un certificado de insanía, que fue refrendado por los peritos psicólogos designados por el tribunal que lo examinaron.

Braustein y Comba

Entre las 72 víctimas de la causa Di Santo -que llegan a 78 sumando a las víctimas de las causas acumuladas (Alsina, Barreiro y Pérez)-, se destacan además de Silber los casos de Gabriel Braunstein Maiden y Gladis Comba, también incorporados a la causa por la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto. 

El caso de Comba fue presentado en octubre de 2021. Allí se denunció su secuestro y desaparición el 23 de febrero de 1978. Se le reprochaba que buscara a su hijo Sergio, que había si9do secuestrado por la dictadura cívico militar, y que no cejara en su búsqueda pese a las amenazas recibidas. El cuerpo de Gladis apareció totalmente calcinado y con ataduras de alambre en pies y manos, en cercanías de Alcira Gigena. La querella incorporó, entre otros, el testimonio de su hija Norma, que al igual que la esposa de Silber, declarará en su doble carácter de testigo y víctima.

La denuncia de la desaparición de Braunstein, el 10 de junio de 1976, tuvo un periplo judicial interminable. El primer recurso de Hábeas Corpus lo presentó su esposa Isabel Bonacci, a diez días de su desaparición, ante el juzgado federal de Río Cuarto. Tanto la policía federal como la provincial negaron tener conocimiento del secuestro. El expediente fue a Córdoba, donde el Partido Comunista -al que pertenecía Braunstein- también había denunciado su desaparición. Finalmente, en mayo de 2022, a pedido de Olartecoechea, el expediente fue incorporado a la causa Gutiérrez (hoy Di Santo) y en el juicio declarará su compañera, en su doble carácter de testigo -presenció cómo fue el secuestro- y víctima, ya que sumó a la pérdida de su compañero un año presa en las mazmorras de la dictadura.

Juicio por la verdad

El listado de víctimas y testigos es interminable y habla de la dimensión que tuvo el terrorismo de Estado en el sur provincial. Además, el trabajo mancomunado entre la Comisión Municipal de la Memoria y la Universidad Nacional de Río permitió reconstruir buena parte de la trama de terror previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al igual que sucedió en Córdoba a partir del Navarrazo que derrocó al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano, en Río Cuarto las bandas parapoliciales comenzaron a actuar con total impunidad mucho antes del golpe de Estado, atentando contra la integridad y la vida de militantes políticos, sociales y universitarios.

En este sentido, más allá de las condenas que se puedan lograr contra los 21 imputados que llegan con vida al juicio, el tribunal adoptó el criterio de profundizar en todos los hechos denunciados para establecer la verdad histórica de lo sucedido, así sus autores hayan fallecido. Por caso, el inefable "Gato" Gómez acumulaba denuncias directas de 45 de las 72 víctimas de la causa Di Santo por los delitos de homicidio, secuestro, privación ilegítima de la libertad, tormentos y abuso sexual.

Gómez murió hace poco más de un año. Pasó sus últimos 17 años purgando condena por su participación en otras causas de delitos de lesa humanidad. En la audiencia preliminar realizada en junio, el TOF1 dejó en claro que revisará todos los hechos contenidos en la acusación para establecer la "verdad histórica" de lo sucedido.

El circuito represivo

En el auto de elevación a juicio elaborado por el juez Carlos Ochoa -que subroga el juzgado federal N°1- está claramente establecida la estructura represiva que funcionó en Río Cuarto y el sur de la provincia.

La jefatura y coordinación estaba a cargo del fallecido Hermes Gutiérrez, jefe del Batallón de Arsenales de Holmberg, quien a su vez respondía las directivas del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba. 

Bajo su mando estaban las policías provincial y federal, Gendarmería, Aeronáutico y el Servicio Penitenciario.

El camino que recorrían las víctimas era casi idéntico: eran detenidas/secuestradas en sus propias viviendas o en algún espacio público, trasladadas y torturadas en la Unidad Regional Sud de la Policía (hoy UR9, ubicada en la calle Belgrano 50), donde reinaba la patota del "Gato" Gómez integrada, entre otros, por Juan Carlos Nieto, Daniel Di Santo y Miguel Ángel Salinas.

También formaba parte del circuito represivo la delegación Río Cuarto de la Policía Federal, sobre calle Lamadrid 389, donde la patota del oficial Miguel Tronchin torturaba y encerraba en un sótano con celdas muy pequeñas a las víctimas.

Completaban el infernal recorrido el propio Batallón de Arsenales 141 (Holmberg) y la Unidad Carcelaria N° 4, donde las víctimas eran "blanqueadas" -puetas a disposición de la Justicia o el PEN- y luego derivadas a las cárceles de Córdoba, especialmente a la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1), aunque algunos prisioneros fueron enviados a Devoto, La Plata o Sierra Chica. Los que no tenían la suerte de ser blanqueados en general terminaban en los Centros Clandestinos de Exterminio de La Ribera y/o La Perla.

Cuestión de Estado

La causa Gutiérrez -hoy Di Santo- constituye un hito en la lucha de los organismos de derechos humanos de Río Cuarto y la región. Además, es uno de los pocos casos -sino el único- en que un municipio se constituye en parte querellante en representación del pueblo de su ciudad.

Llegar a esta instancia no fue sencillo: hubo que modificar la ordenanza de creación de la Comisión Municipal de la Memoria para facultarla en forma expresa a constituirse en parte querellante. Sumado al aporte del archivo de la UNRC, el juicio es para Río Cuarto una verdadera cuestión de Estado.

Por ello viajarían a la primera audiencia el intendente Guillermo De Rivas, la vicerectopra de la UNRC, Nora Bianconi, además de otras autoridades, legisladores y sindicalistas de la ciudad y la región.