Las Naciones Unidas (ONU), el 17/07/1998, ante la necesidad de tener un tribunal específico permanente que pueda entender en las cuestiones criminales de interés internacional, mediante el tratado llamado “Estatuto de Roma”, instituyó la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

En este primer cuarto del Siglo XXI se da una grave crisis en el accionar del tribunal, que ha sido atacado tanto por Rusia como por EEUU.

El 17/03/2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin y contra María Lvova-Belova, Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño de Rusia. Se los consideró presuntamente responsables del crimen de guerra de deportación ilegal y traslado ilegal de población (niños) desde zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia (artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma).

El fiscal de la Corte, Karim A. Khan, afirmó que los responsables de los presuntos crímenes deben rendir cuentas y los niños deben ser devueltos a sus familias y comunidades: "No podemos permitir que se trate a los niños como si fueran botín de guerra", advirtió.

El presidente Putin, mediante decretos presidenciales, facilitó que los/as niños/as fueran adoptados por familias rusas. Los hechos se habrían cometido en territorio ocupado de Ucrania, al menos desde el 24/02/2022. 

Netanyahu

El 21/11/2024, la CPI emitió órdenes de arresto en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, a los que se les imputan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 08/10/2023 hasta el 20/05/2024. La Corte halló motivos para creer que usaron el hambre como método de guerra al restringir la ayuda humanitaria, y que atacaron intencionalmente a civiles. Se los considera coautores y se les atribuye haber privado deliberadamente a la población civil de Gaza de recursos esenciales para sobrevivir.

También la CPI encontró motivos razonables para creer que Mohammed Deib Ibrahim al-Masri, exjefe militar de Hamás, era responsable de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad. Se le atribuyen los ataques del 07/10/2023. Israel lo declaró muerto en un ataque aéreo. 

Reacción de Rusia y EEUU

Moscú rechazó la jurisdicción del tribunal, aprobó leyes internas para blindar a sus funcionarios y emitió contradenuncias. El 20/03/2023 el Comité de Investigación ruso abrió un caso contra el fiscal Karim Khan y los jueces del CPI Rosario Aitala, Sergio Ugalde y Tomoko Akane, por "medidas deliberadamente ilegales". Como respuesta la CPI calificó las medidas de "inaceptables" y pidió a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma proteger a la Corte y a sus funcionarios.

Asimismo, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha atacado directamente al tribunal encabezando una verdadera campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.

El tribunal sostiene que puede realizar la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.

El 06/02/2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, por la cual declaró una emergencia nacional para imponer sanciones financieras y restricciones de visados contra la CPI. La medida se diseñó para bloquear los bienes y penalizar económicamente a funcionarios, jueces y fiscales del tribunal de La Haya involucrados en investigaciones o procesos contra ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados, que no forman parte del Estatuto de Roma. La orden apuntó de manera directa contra las pesquisas por presuntos crímenes en Afganistán y, de forma expresa, contra las órdenes de arresto emitidas por el tribunal en noviembre de 2024 en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

A su vez, la CPI advirtió el 18/08/2026, ante las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, que de esa manera se pone en riesgo el “orden jurídico internacional”. Todo lo cual dejó a la CPI sin acceso a servicios financieros con sede en Estados Unidos, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadounidenses.

En octubre de año 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció otras sanciones luego de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la valiosa jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y de otros tribunales internacionales.

Trump ha codiciado ese premio para sí, aún cuando resulta inaceptable que entienda que se hace merecedor del premio Nobel de la Paz cuando sostiene que "toda una civilización morirá" porque podrá usar a la "madre de todas las bombas" contra todo el pueblo de Irán.

La CPI condenó las sanciones de EEUU, como “un ataque al estado de derecho” y advirtió que “nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia”.

También, Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, sobre la independencia de jueces y abogados, alerta que las sanciones buscan poner de rodillas a la CPI y frustrar la promesa de que nadie esté por encima de la ley.

Defender la justicia internacional

Lo dispuesto por Trump y Putin obliga a analizar el importante tema sobre la independencia de la justicia internacional y la capacidad de los Estados para protegerla ante el embate de los intereses poderosos de países como Rusia, EEUU e Israel.

 La Comisión Europea calificó las sanciones de “profundamente lamentables” y se comprometió a preservar la independencia de la Corte”. La importancia de defender la independencia judicial implica no sólo defender a los jueces y funcionarios del CPI, sino especialmente proteger a las personas frente al abuso y la arbitrariedad de los poderosos.

Asimismo, Trump presionó a Milei para que la Argentina abandone la CPI. El pedido fue formulado el 12/08/2026 por el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante una reunión en Panamá de la “Coalición de las Américas contra los Cárteles”. El funcionario calificó al tribunal de La Haya como una amenaza para la soberanía y llamó a los países aliados a retirarse.

Mientras tanto, EEUU busca no ser juzgado porque ha bombardeado a supuestas narcolanchas, en alrededor de 53 operaciones en el Caribe y el Pacífico, produciendo unos 215 muertos en verdaderas “ejecuciones extrajudiciales”, violatorias del derecho internacional. Las autoridades civiles o militares no pueden aplicar penas de muerte sumarias en alta mar a personas sospechosas sin un debido proceso judicial previo.

El gobierno de Javier Milei, ilegalmente, mantiene una postura de respaldo a las medidas y presiones de Estados Unidos contra CPI. El presidente debe saber que Argentina firmó el Estatuto de Roma el 08/01/1999 y lo ratificó oficialmente el 08/02/2001 mediante la Ley 25.390, incorporándolo plenamente a su legislación nacional a través de la Ley 26.200 en 2006. Por lo que el presidente Milei debe respetarlo y no podrá retirarse del tratado sin una ley que lo avale.