El presidente Javier Milei ha sostenido que su objetivo es garantizar “la libertad”, que la define, en lo que aquí importa, como "el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión". Pero no respeta a prójimo alguno que no piense y sienta como él, y practica un discurso del odio contra quienes discrepan, particularmente contra el periodismo.

La democracia no exige que el presidente mantenga una relación complaciente con la prensa, pero sí que respete el derecho de los periodistas a cuestionarlo y el derecho de los ciudadanos a recibir información plural.

No podemos aceptar que el presidente de la Nación diga que “no se odia lo suficiente a los periodistas” e invite a odiarlos aún más, dando por cierto que se los odia. Ningún gobernante tiene derecho a incentivar el odio hacia quienes lo cuestionan y menos a aquellos que lo hacen ejerciendo el derecho humano a informar.

Hay que impedir que la hostilidad contra la prensa se naturalice como una herramienta de gobierno, sin otra justificación que el “odio” irracional.

Actitudes pregenocidas

Milei no se cansa de decir que el 95 % de los periodistas son corruptos y ha utilizado reiteradamente insultos, descalificaciones y/o expresiones subhumanizantes contra los y las periodistas que son inaceptables: “mandriles”, “ratas”, “cerdos”, “basura humana”, “simios con micrófono”, “mierda humana”, “corruptos ensobrados”, “sicarios del micrófono” y muchas otras designaciones degradantes como personas y profesionales de la información.

En sus actitudes Milei invita a atacar a lo odiado, sin cargo de conciencia, porque se lo representa como algo descartable a eliminar, tal el caso de una rata o la basura o la mierda. Todo ello es lo que ha justificado los genocidios en la historia, ya que quita peso moral al ataque contra las personas odiadas y habilita a quienes se creen que hacen justicia, a agredir a lo que se odia y se considera necesario eliminar.

El periodista Roberto Navarro, director de “El Destape”, el 19/04/2025, dos días después que Milei invitó a odiar más a los periodistas, según relato de su entorno, un hombre lo insultó con expresiones similares a las del presidente y otro lo golpeó por la espalda en la cabeza y el periodista debió ser internado.

Ahora, Milei, durante un discurso pronunciado el 23/10/2026, en la cena anual de la “Fundación Faro”, arremetió contra un grupo de periodistas debido a la cobertura realizada sobre una investigación judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA, en un caso cuya resolución judicial de absolución al presidente y su hermana no se corresponde a lo que debería ser una debida actuación de los tribunales en la investigación del caso.

El presidente, respecto de los periodistas que cubrieron la noticia de la causa, consideró que debe corresponder “enviarlos a una hoguera”. Milei, en su “periodisticidio”, identificó públicamente a los periodistas que considera deberían quemarse en la hoguera: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio.

El presidente desplaza el debate desde el terreno de las ideas hacia el de la hostilidad personal y busca generar un efecto intimidatorio. La gravedad aumenta cuando los ataques se dirigen contra periodistas que se los identifica porque, como ya referí, los expone a agresiones de supuestos justicieros y a riesgos reales de diversos tipos, incluso a su entorno familiar.

Ante eso no alcanza con el silencio o con meras declaraciones de circunstancia. No cabe aceptar que la falta de firmeza en contra del accionar gubernamental justifique cierta inacción en el tema, particularmente de algunos medios de difusión importantes, porque no quieren correr el riesgo de perder las pautas publicitarias gubernamentales, como las de YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o la distribución privilegiada de la publicidad oficial.

Acciones judiciales y administrativas ilegales

En mayo de 2025 el presidente denunció penalmente por calumnias e injurias, a Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. En julio sumó denuncias por injurias contra Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos. En su denuncia sostuvo que los periodistas "no son especiales" y se los debe sancionar penalmente por los referidos delitos. Milei pretende así ignorar lo que dispone la Ley 26.551 del año 2009, que excluyó al periodismo de responder penalmente por calumnias e injurias cuando informa sobre asuntos de interés público.

El gobierno busca lograr el efecto inhibitorio sobre la prensa, lo que implica una restricción indirecta al accionar periodístico, violatorio de lo dispuesto por el art. 13.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene jerarquía constitucional.

El periodista Jorge Fontevecchia denunció al presidente por incitación al odio, como lo reprime la Ley 23.592.

El periodismo no debe estar por encima de la sociedad, pero tampoco por debajo del poder. Debe lograr controlar a los gobernantes, sin que esa tarea se convierta en motivo de persecución o descalificación.

Derogó el Estatuto del Periodista

A lo sostenido hay que agregar que el Gobierno derogó a partir del primer día del año 2027 el Estatuto del Periodista Profesional, a través de la Ley 27.802 llamada de “Modernización Laboral”. De esta manera se desprotege aún más la situación de trabajo de los hombres y mujeres de prensa, que sufren una gran precariedad laboral, con sueldos, muchos de ellos, por debajo de la línea de la pobreza.

La Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa (Fatpren) está buscando que los legisladores analicen el dictado de un nuevo estatuto para las y los periodistas profesionales, porque la protección en su trabajo es esencial para garantizar la información adecuada en democracia y un reconocimiento digno de la tarea.

Asimismo, el Ejecutivo envió al Congreso, un proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, conocida como “Ley Malvinas”. En ella se sanciona penalmente la "desinformación" o "manipulación de la opinión pública", conceptos ambiguos que dejan un margen de discrecionalidad que puede usarse para criminalizar la crítica al Gobierno, la labor periodística y el disenso político, lo que es gravemente inconstitucional.

Delitos cometidos por Milei

La responsabilidad presidencial comprende tanto los actos de gobierno como la manera en que se ejerce la autoridad en el espacio público. En definitiva, todo lo referido deja incurso al presidente a la imputación de los delitos previstos en el Código Penal de “Amenazas” (arts. 149 bis y 149 ter), “Instigación pública a cometer delitos” (art. 209), “Incitación pública a la violencia colectiva” (art. 212) y “Abuso de autoridad” (art. 248), entre otros.

La CIDH (art. 1.1) obliga al Estado a garantizar los derechos, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, la intimidación y las amenazas a comunicadores deben ser investigados y sancionados (principio 9).

Es urgente activar el juicio político al presidente como una necesidad institucional imperiosa.