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#CausaGutiérrez/DiSanto
El torturador que va al supermercado
Por | Fotografía: Mayra Flores
Foto: El represor Navarro -izquierda, junto a Salinas- no se dio por aludido cuando un testigo lo nombró en su declaración.
En una nueva ronda de testigos declararon los ex presos Juan Muzzolón y Gerardo Otto y el ex comisario Alfredo Bini. El archivo del D2, los vínculos de la patota policial con la Triple A y la represión en la UNRC campearon la sala de audiencia de los tribunales federales de Córdoba.
Publicada el en Crónicas

La cuarta jornada del juicio por la denominada causa Di Santo -más conocida como Gutiérrez- se extendió durante aproximadamente cinco horas y estuvo atravesada por tres declaraciones que, desde lugares diferentes, contribuyeron a reconstruir el funcionamiento del aparato represivo en Córdoba y el sur provincial. Los ex presos políticos Juan Muzzolón y Gerardo Otto pusieron nombres y apellidos e identificaron los lugares donde la patota comandada por el ”Gato” Gómez torturaba a sus víctimas. En tanto que el comisario retirado Alfredo Bini, responsables del archivo policial en aquellos años, admitió haber hecho gestiones para liberar a David Andematten.

De los testimonios escuchados en la sala quedó claro que la persecución política ya había comenzado a desplegarse desde estructuras estatales y paraestatales antes del golpe de Estado cívico militar eclesiástico del 24 de marzo de 1976. En la sala sólo estaban los imputados Miguel Ángel Salinas y Ramón Navarro. El resto, en una actitud que el tribunal sigue consintiendo, estaban conectados vía remota con cualquier nombre y con la cámara apuntando hacia cualquier lugar e incluso por momentos desconectada.

Durante más de dos horas, Muzzolón, sobreviviente y querellante, reconstruyó los episodios de persecución, secuestro y torturas que marcaron su juventud en Río Cuarto. "Yo soy una víctima del terrorismo de Estado", dijo al comenzar su testimonio. Después llegó un silencio profundo y agregó: "para mí ha sido un genocidio".

A lo largo de su declaración insistió en que la tortura fue parte de una estructura de persecución política cuyo objetivo era disciplinar, desarticular organizaciones y destruir vínculos colectivos. Su relato retrocedió hasta el año 1975, cuando militaba políticamente y participaba de la vida estudiantil de una universidad que, según dijo, se había convertido en un espacio de pensamiento crítico y compromiso social. Fue detenido entre las últimas horas del 22 y las primeras del 23 de junio de ese año, cuando llegaba junto a su padre a su domicilio de calle Sobremonte 1033, en Río Cuarto. Los efectivos que intervinieron pertenecían a la Policía de Córdoba, aunque vestían de civil y lo trasladaron a la Unidad Regional Sud, ubicada en Belgrano 50, donde permaneció hasta el 3 de julio de ese año.

En ese lugar el sobreviviente situó el funcionamiento de lo que denominó un "equipo de torturadores", que lo sometieron a asfixia, golpes reiterados y prácticas destinadas a quebrarlo física y psicológicamente. Recordó que en los interrogatorios había varios hombres actuando simultáneamente: "Por lo menos cinco tienen que haber sido", aunque no pudo identificar a todos porque las capuchas, los golpes y la violencia organizada formaban parte de un mecanismo que buscaba impedir que las víctimas reconocieran a sus agresores. Pero dijo recordar que Miguel Ángel “Gato” Gómez conducía los interrogatorios. Lo describió con barba crecida y aspecto desprolijo y afirmó que era quien llevaba la voz cantante mientras otros miembros del grupo ejecutaban los tormentos. También nombró a Daniel Di Santo, a quien definió como "el escriba de la tortura" por su rol en los interrogatorios. Según relató, en una oportunidad le levantaron la capucha y pudo reconocerlo.

En su reconstrucción aparecieron también Juan Carlos Nieto, a quien identificó por su participación en distintos procedimientos, y Rubén Roque Príncipi, cuya actuación vinculó con la estructura policial que realizaba allanamientos y operaciones contra personas perseguidas políticamente.

Las torturas no terminaron con su primer traslado a la cárcel. Entre el 25 y el 29 de agosto de 1975 fue llevado nuevamente desde la Unidad Carcelaria N.º 4 hasta dependencias de la Unidad Regional Sud, donde sufrió otra serie de tormentos. Allí lo colgaron cabeza abajo, suspendido de una pierna, durante varias horas, lo que le produjo lesiones de rodilla, problemas lumbares y otras secuelas. Una lesión de meniscos requirió una operación en 1979, mientras todavía permanecía privado de su libertad. Muzzolón recordó las condiciones precarias en las que se realizó la intervención quirúrgica y describió un quirófano “lleno de bicicletas”.

 "Sabían dónde golpear, cómo provocar dolor y cómo administrar la violencia", insistió al referirse a sus torturadores.

"Cuando digo patota tenemos gente como el Gato Gómez", señaló Muzzolón, al reconstruir la actuación de grupos policiales y parapoliciales que operaban en Río Cuarto. Y aseveró que sus tareas eran coordinadas con la Triple A y luego del golpe de Estado sus protagonistas se integraron a un esquema represivo que pasó a operar con mayores niveles de control y protección institucional. "La paraestatalidad no desapareció nunca", remarcó.

En el supermercado

Muzzolón exponía en forma pausada, reconstruyendo procedimientos, identificando personas y respondiendo preguntas, pero hubo un momento en que la distancia entre los hechos investigados y el presente pareció desaparecer:  "Tenía que hacerme el pelotudo para salirme de la fila del super y no verlo a este tipo”, expresó al recordar un reciente encuentro con el imputado Daniel Di Santo.

Para afrontar sus miedos y poder seguir con su vida, Muzzolón rescató la contención que tuvo de las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, sus compañeros del ámbito gráfico y su compañera de vida, a quienes agradeció entre lágrimas. Y recordó insistentemente las solicitadas publicadas por los organismos de derechos humanos, particularmente por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para registrar la existencia de personas detenidas en esa época cuando el silencio y la desinformación formaban parte de los mecanismos de persecución y ofreció documentación contenida en su libro “Crónica militante de una lucha colectiva”, editado por la UNRC en 2014.

Por último, recordó su paso por distintas cárceles (Río Cuarto, La Plata, Sierra Chica y Caseros). Visiblemente emocionado, exclamó: “¿Vos sabés lo que es estar cien días sin sol?" Al final de su extensa declaración, el tribunal dictó un cuarto intermedio.

Comisario desmemoriado

Cerca de las 13 el Tribunal convocó a Alfredo Bini, que había formado parte de las estructuras policiales de Córdoba durante aquellos años. Tiene 88 años, es policía retirado y alcanzó el grado de comisario inspector. Durante veinte años trabajó en el Departamento de Informaciones Policiales, el D2, en el área de archivos y fichaje, donde conoció a varios de los imputados: Carlos Alfredo Yanicelli, Juan Eduardo Ramón Molina y Carlos Alberto Díaz.

Su testimonio estuvo atravesado por la dificultad para recordar hechos, personas y circunstancias sobre las que fue interrogado. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el abogado de la querella, Rafael Ortiz, comenzó a preguntarle por David Andenmatten, que declaró que un agente que dijo ser amigo de un tío suyo le anunció que lo trasladarían a Río Cuarto. Bini admitió que pertenecía a una congregación cristiana evangélica y que conocía a un anciano de apellido Andenmatten, al que identificó como “Tito”, pero no dio mayores precisiones de su gestión para liberar al sobrino de la D2.

Bini negó toda participación en las actividades operativas del D2, ya que su trabajo se desarrollaba puertas adentro, pero admitió que esos grupos requerían información de los archivos. Su descripción permitió reconstruir un aspecto significativo del funcionamiento administrativo de la dependencia, donde Bini elaboraba fichas, organizaba carpetas, conservaba fotografías y registraba antecedentes de los detenidos. Los documentos se ordenaban alfabéticamente y contenían clasificaciones ideológicas como "comunista" o "subversivo". El desmemoriado oficial admitió la existencia de la primera categoría.

En la etapa final del interrogatorio, uno de los integrantes del Tribunal volvió sobre las gestiones que Bini dijo haber realizado para conseguir la libertad de algunas personas. "¿Por qué sus superiores atendían esos pedidos?", le preguntaron. "Muchísimas veces me han hecho caso", sostuvo, “pero nunca supe por qué”.

El cuerpo como testimonio

La tercera declaración devolvió a la sala la voz de un sobreviviente. Gerardo Ricardo Otto, de 71 años, reconstruyó su detención, los tormentos sufridos en el D2 y los más de seis años que pasó encarcelado. Al momento de su detención, el 22 de mayo de 1976, cursaba el cuarto año de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Córdoba y participaba de organizaciones estudiantiles. Su militancia se desarrollaba en el centro de estudiantes y el movimiento Agro y Liberación, con posterior vinculación a la Juventud Peronista. Fue categórico al rechazar cualquier idea de clandestinidad sobre su actividad política: "Éramos los giles que poníamos la cara".

El día que lo detuvieron, a las tres de la mañana, efectivos policiales realizaron una requisa en su casa y secuestraron materiales impresos con denuncias sobre la situación de las cárceles cordobesas y una pistola calibre .22 que era de su hermano. Otto sostuvo que durante el procedimiento se plantaron elementos para construir una acusación por tenencia de armas y municiones de guerra, y denunció que la causa fue fabricada para justificar su encarcelamiento. La persecución se extendió durante años. Su testimonio permitió reconstruir uno de los mecanismos utilizados durante el terrorismo de Estado: la utilización de procedimientos y formalidades judiciales para dar una apariencia de legalidad a la persecución política.

Durante su cautiverio en la D2 permaneció vendado, esposado y sometido a interrogatorios con métodos de asfixia. No pudo identificar a todos sus torturadores porque tenía capucha, pero recordó algunos apodos que escuchó en las sesiones de tortura: "Gato", "Sargento Müller" y "Estuca". También habló de un represor al que identificaban con el apodo de "Machete Loco", quien acercaba un machete al rostro de los detenidos mientras los amenazaba con que no servirían “ni para repuesto” cuando salieran de prisión. Mencionó también a Alsina y Mones Ruiz como parte del esquema represivo en la UP1.

Imputado arrepentido

Otto recordó que, mientras permanecía detenido y esposado en el D2, un hombre se acercó, le levantó la venda que cubría sus ojos y le pidió que no revelara que lo conocía: era Ramón Navarro, a quien identificó como un antiguo compañero del Liceo Militar General Paz. Pese a la emocionalidad del recuerdo, el represor permaneció inmutable junto a Salinas en el banquillo de los acusados. Otto precisó que Navarro le habló en voz muy baja, en un ambiente en el que había bastante ruido, y que le manifestó temor por su propia situación.

Años después, ya en democracia, se encontraron casualmente en el centro de Córdoba y Navarro le contó que había renunciado a la fuerza porque no soportó lo que ocurría dentro de la institución.

El recorrido de Otto por las cárceles coincidió con uno de los períodos más violentos de la represión en Córdoba: durante su cautiverio en la UP1 se produjeron los asesinatos de 31 presos políticos que posteriormente fueron investigados en una de las causas emblemáticas por delitos de lesa humanidad en las cuales también testificó.

La audiencia de este martes permitió volver sobre una cuestión esencial para los procesos por delitos de lesa humanidad: el funcionamiento de estas estructuras no dependía exclusivamente de quienes aplicaban materialmente las torturas. También involucraba tareas de inteligencia, elaboración de información, interrogatorios, detenciones, traslados y decisiones jerárquicas. Determinar qué hizo cada persona, qué conocimiento tenía y cuál fue su participación concreta constituye una de las responsabilidades centrales del tribunal.

Después de cinco horas, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 24 de noviembre.  La sala comenzó a desalojarse lentamente entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento. Cuando las puertas de la sala se cerraron, quedó una certeza: la memoria sobrevivió más de medio siglo para buscar Justicia.

Lorena López Viglione
- Periodista -