El Leviatán sacó el látigo (o viceversa) y si bien no extraña, sorprende el comienzo de una avanzada despiadada contra los trabajadores del sector público, que anticipa una escalada ascendente contra el conjunto de los trabajadores. Es una clara señal para todo el universo laboral y  prontamente se verá su derivación en el sector privado, como lo anticipara con crudeza el CEO de “Hacienda” Alfonso Prat Gay bajo la falsa antinomia salario/empleo. 

Este panorama se agravada ante la dispersión de referencias visibles que aporten organización y unidad de acción, tanto políticas como sindicales y/o movimientistas, sumado a la lacerante novedad que importa la acción macriavélica para la que aún se carece de respuestas efectivas. Este escenario disparó una serie de relecturas críticas del proceso popular reciente, de sus límites, errores, alianzas y demás.

Sin dudas uno de esos límites del proceso de estos doce años (sin que ello implique desvalorizar los enormes avances en otros temas y la capacidad de sostener una agenda constante de cambios) fue su falta de avances de relevancia en materia de la estabilidad del empleo público. Lejos de terminar con ese flagelo, el horizonte de precarización en el Estado se acrecentó de manera significativa, lo que importa una responsabilidad compartida entre la conducción política y el propio movimiento obrero sindicalizado.

Muchas tensiones, marchas y contramarchas, discusiones y hasta acciones de fuerza se desplegaron a lo largo de las últimas décadas, tanto a favor como en contra de los procesos de regularización de las plantas laborales estatales, lo cual aportó a la crisis del movimiento obrero argentino, de sus organizaciones sindicales y del modelo normativo sindical en su conjunto. La reacción de las estructuras gremiales tradicionales contra las nuevas organizaciones que se daban los propios trabajadores no sólo no pudo evitar este desmembramiento, sino que (salvo honrosas excepciones) fueron justamente aquellas las primeras en acordar con el capital concentrado los modos del reparto y del gerenciamiento del ajuste durante los años noventa.

Sin desconocer las sustanciales mejoras en términos de salario, paritarias, nuevos convenios colectivos, reconocimiento progresivo de la pluralidad sindical en el ámbito público, etc. producidas durante la década ganada, lo cierto es que la conducción estatal, a pesar de la recomposición cuantitativa del empleo público (diezmado durante la era neoliberal), fruto y condición de posibilidad del proceso de ampliación de derechos en el marco de una gestión estatal creciente, no avanzó de manera sostenida en terminar con la precarización laboral estatal. Concretando esos avances mediante la utilización de figuras contractuales precarias, que a la postre facilitaron el escenario dantesco de despidos masivos con ribetes de discriminación política al que hoy asistimos.

El modelo de la UNRC

Una de las excepciones, en este y otros temas varios (Megaminería, crítica al modelo Monsanto, vinculación con organizaciones sociales, etc.) fue lo realizado por la conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto durante la gestión Ruiz-Salminis. Seguramente es pasible de otras críticas, que siempre serán bienvenidas al debate, pero el objeto de estas líneas es el de poner en valor esa experiencia, que no operó desde el mero seguidismo autocomplaciente y puso en juego  su capital político al introducir estas urgencias. No faltarán ni faltaron quienes condenaron lo hecho desde la lógica del exitismo y el cortoplacismo político por haber perdido la elección rectoral del año 2015, como también quienes se dedicaron a pontificar desde la atalaya inmaculada de la moralina panfletaria. Pero a veces la memoria opera en perspectiva histórica, y muchos juicios que se lanzan desde el presente tormentoso, luego disipan y alcanzan su real dimensión estratégica, desmalezando lo importante de lo superfluo.

Ese es el caso de la acción política desplegada en materia laboral por el gobierno universitario 2011-2015, durante el cual se independizaron los trabajadores de mantenimiento e higiene de la empresa Euroclean S.A., que desarrollaban sus tareas en la universidad, avanzando en la constitución de la hoy virtualmente consolidada Cooperativa 29 de Mayo Ltda,  dando una pelea colosal incluso contra los sectores sindicales e institucionales que se articulaban para precarizar a sus propios trabajadores. Algunos de estos actores protagonizaron hechos de violencia intentando amedrentar a los trabajadores; hechos que cobraron gran visibilidad el día mismo de la presencia del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, el mismo día de la  entrega por parte de UNRC del Doctorado Honoris Causa.

A esto debe sumarse la reglamentación y realización de concursos masivos públicos y abiertos para el ingreso a planta no docente, junto con la autorrestricción de las contrataciones de locaciones de obra o de servicios para cumplir funciones de trabajo de planta, despejando cualquier duda respecto de los mecanismos de acomodos o ingresos por la ventana al sector público, único modo de terminar con la utilización del tráfico de influencias para ingresar al empleo público, pero también condición de posibilidad para pensar siquiera en atacar la precarización laboral existente. Mal se podría intentar terminar con la precarización laboral si no se terminaba con las contrataciones irregulares, o dicho de otro modo, no se podía blanquear al personal contratado, subrogante, etc., sin dejar en claro que en adelante no se perseguiría burlar el mecanismo del concurso público para el ingreso a planta.

Esto posibilitó, luego de varios semestres de negociaciones intensas a nivel local, nacional, sindical y de gestión, los acuerdos paritarios con ATURC-FATUN (discusión de la que también participó ATE) y con la Secretaría de Políticas Universitarias del año 2014-2015, que dieron inicio al procedimiento de ingreso a planta del grueso de los trabajadores no docentes precarizados de la UNRC y que derivó en la institución de un mecanismo de acceso a planta que, de ser sostenido, conduciría a la efectivización total de la planta no docente, siendo además un aporte significativo para el propio movimiento obrero sindical de la ciudad de Río Cuarto. Lo que hubiera sido imposible sin un trabajo sostenido de construcción de confianza y mucha discusión con el propio sindicato de no docentes ATURC el cual, habiendo realizado numerosas medidas de fuerza en contra de cualquier avance al respecto en un primer momento, se sumó luego a discutir seriamente esta posibilidad.

Dicho proceso fue concretado en base a un estudio previo e integral del conjunto de la planta, realizado con participación de las organizaciones sindicales y de los propios trabajadores, aún los disconformes con el mismo, y perseguía obtener una descripción de las condiciones reales del trabajo y las funciones desempeñadas, siendo la contracara de la política llevada adelante por el actual Ministerio Nacional de “Modernización”. En efecto, éste analiza las plantas de manera vertical e inconsulta para “detectar”, perseguir, rescindir contratos, despedir trabajadores, incluso discriminando por razones políticas, es decir para quitar derechos, mientras que aquel proceso se desarrolló para reflejar la realidad laboral de la UNRC, adecuando las estructuras a las funciones desempeñadas y otorgando los derechos que se derivan de las mismas.

Agradeciendo la posibilidad de haber participado de esa experiencia bajo la conducción esforzada y comprometida de los compañeros Marcelo Ruiz y Javier Salminis, en discusión generosa y permanente con todos los compañeros y la comunidad, reconociendo la capacidad de los trabajadores y sus organizaciones de anteponer sus intereses colectivos por sobre las mezquindades facciosas en momentos donde se percibe lo que implica su carencia, con profundo  orgullo de clase reivindico aquella acción política que apuntó a consolidar la estabilidad de los laburantes y que espero emerja en esta coyuntura como saldo de conciencia, dando muestras de solidaridad y de organización para la pelea en curso, tras la que se juega mucho más que la renovación de unos cientos o miles, o cientos de miles de contratos.