Han pasado apenas 30 días desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación y bailó cumbia en el histórico balcón de la Casa Rosada. Es un lapso temporal ínfimo si se piensa que todavía tiene cuatro años por delante, pero suficiente para analizar la impronta de un gobierno que parece haberse propuesto destruirlo todo, incluso su propio capital político.

En solo cuatro semanas de gestión, Macri ha dado muestras de un llamativo desconocimiento del funcionamiento institucional –y digo llamativo sin carga irónica, porque al momento de asumir llevaba ocho años gestionando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y ha violentado a fuerza de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) la legislación vigente, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

En solo 30 días, la nueva (?) derecha que gobierna el país por imperio del voto popular -es bueno recordar que ganó por 700.000 votos sobre un total de 24 millones-, ha decidido arrasar con todo lo que construyó el gobierno kirchnerista en doce años de gestión. Una decisión que no se ajusta al veredicto de las urnas si se piensa que cinco de cada diez argentinos votó por la continuidad del “modelo”, en tanto que los otros cinco lo hicieron en buena medida alentando un cambio respeto a las formas republicanas de gobierno y no contra la situación económica del país.

Con la eliminación y baja de retenciones a los exportadores y la devaluación del dólar, el presidente Macri produjo una brutal transferencia de recursos hacia el sector más concentrado del agro negocio. En horas, las principales firmas exportadoras del país lograron una “rentabilidad” extraordinaria que en algunos casos supera el cien por ciento. Pese a semejante regalo de fin de año, todavía no liquidaron las toneladas de soja contenida en silo-bolsas, especulando con un dólar todavía más alto al que “el mercado” fijó tras el levantamiento del “cepo”.

Como contrapartida, el salario real de los trabajadores se redujo también brutalmente al compás de la desmedida suba de precios que siguió al anuncio y concreción de la devaluación. Se estima que la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados cayó no menos de un 30 por ciento, esto es, un punto porcentual por día de gestión del nuevo gobierno.

Este cambio de “modelo”, cuyas bases fueron impuestas a decretazo limpio por el Presidente, se sentirá con mayor vigor en el bolsillo de los argentinos en los próximos meses, cuando la pérdida de poder adquisitivo se agrave ante la concreción de los sensibles incrementos que tendrán los  servicios públicos –lo que los medios hegemónicos llaman el “sinceramiento tarifario”- y se deban afrontar los gastos que siempre aparecen a principio de año, como la escolarización de los hijos. Ya se sintió, en cambio, en los lugares turísticos, que ya registran niveles de ocupación sensiblemente menores a los que tuvieron hasta las últimas vacaciones de invierno (y que serían un 30 por ciento menor si se compara con el último verano).

Las patas del “modelo”

¿Qué pasará cuando los votantes de Macri –no los del “núcleo duro” que destilan su odio de clase en las redes sociales, sino los ingenuos que apostaron a las buenas formas y el republicanismo que les prometió el candidato de Cambiemos- sientan en su propio bolsillo el rigor del nuevo “modelo” impuesto a decretazo limpio? La respuesta parece previsible: habrá descontento social, paro, movilización y represión. El “modelo” -que hasta ahora es una nada imaginativa réplica del de los años ´70 y ´90-, incluye dos elementos esenciales para su consolidación: el incremento de la desocupación, que “flexibilice” el mercado laboral de tal forma que lleve la negociación paritaria con salarios a la baja; y un esquema represivo que apacigüe la protesta social.

Por eso el furioso avasallamiento de la Constitución Nacional –nombramiento de jueces de la Corte Suprema por Decreto, derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por Decreto, etc.- fue acompañado por los primeros ensayos de disciplinamiento social. Fue el propio Estado el que generó despidos masivos y después aplicó la receta de la represión. Lo hizo con los trabajadores de Cresta Roja, con los municipales de La Plata y lo hará con todos aquellos que salgan a las calles a reclamar por sus derechos. Lamentablemente, todo hace prever que la postal de carros hidrantes, policías pertrechados y manifestantes heridos será una constante en los próximos años.

Otro elemento esencial para la estabilidad del “modelo” es el silenciamiento de las voces críticas. Pese a que Macri se comprometió a respetar la diversidad de voces durante la campaña electoral y ratificó su compromiso en su discurso inaugural (por llamarlo de alguna manera) ante el Congreso Nacional, en apenas 30 días desaparecieron –y esto no es una metáfora- las voces más representativas del supuesto “relato kirchnerista”: el programa 6,7,8 ya no está al aire, Tristán Bauer fue obligado a renunciar a la dirección de los medios públicos y referentes periodísticos de la talla de Roberto Caballero, Hernán Brienza, Jorge Halperín y Víctor Hugo Morales se quedaron “sin aire”. Sin mencionar el vaciamiento del Grupo 23, nutrido por periodistas críticos al discurso dominante de los medios hegemónico.

¿Quién se animará a criticar al gobierno de Macri-Vidal-Rodríguez Larreta, si su crítica pone en juego la reconcentrada pauta publicitaria que el PRO administra ahora a discreción desde el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la CABA? El brutal despido de Víctor Hugo Morales es un mensaje claro en ese sentido: no importa si llevaba casi 30 años en la misma emisora, ni si captaba –a pesar de su discurso “kirchnerista”- la mayor audiencia de la radio: se lo despidió como a un perro, ante escribano público, tras una virtual emboscada empresarial indigna para un hombre de la trayectoria, el prestigio internacional y la calidad moral del periodista uruguayo.

A los más de diez mil despidos de empleados públicos producidos durante el primer mes de gestión del nuevo gobierno –que redondean un escalofriante promedio de 350 despidos por día- seguirán probablemente nuevas cesantías en el sector privado. Ya lo anticipó el inefable ministro de  Hacienda, Alfonso Prat Gay, al advertir a los gremios que a la hora de discutir paritarias piensen primero en la preservación de los puestos de trabajo. Mientras tanto, el país vuelve a endeudarse sin ton ni son para “aumentar las reservas” (y no para hacer obra pública), comprometiendo el futuro de las próximas generaciones para alimentar el negociado de los intermediarios (por el que está procesado nada menos que el flamante presidente del Banco Central).

El balance de los 30 primeros días del gobierno macrista podría seguir y no encontraríamos una sola medida a favor de los trabajadores, salvo los 400 pesos de incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), equivalentes a dos pizzas y media en la innovadora medición de los funcionarios macristas. El incremento anunciado con bombos y platillos no compensa la caída del poder adquisitivo de la población más vulnerable, pero por las dudas, esto no se podrá cotejar con datos oficiales porque el interventor del INDEC no tuvo mejor idea que cerrarlo hasta nuevo aviso.

La pata judicial

La corporación judicial acompaña y avala el cambio impuesto en el país desde hace un mes. Antes incluso de asumir Macri el poder, hubo un golpe judicial que dejó al país acéfalo por 12 horas (Presidencia Pinedo). Trascartón llegó el sobreseimiento express del Presidente en la causa de las escuchas telefónicas y se dictó un sorprendente secreto de sumario en la investigación del suicidio del fiscal Alberto Nisman. Sin mencionar la generosa bienvenida brindada públicamente por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a los dos empleados nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo para completar el tribunal del que finalmente se despidió (¡por fin!) el longevísimo tras Carlos Fayt.

Es paradójico. Quienes llegaron para salvar la República no han hecho otra cosa que violar todas y cada una de las normas y violentar el funcionamiento de las instituciones; quienes prometieron “tolerancia cero” al narcotráfico protagonizaron un papelón antológico con la cinematográfica persecución de tres presos evadidos de una cárcel de máxima seguridad que, dos semanas después de la fuga, fueron apresados por un baqueano a caballo de la Policía de Santa Fe; quienes prometieron respetar la pluralidad de voces silenciaron a los principales referentes del periodismo crítico en el país, obligando al 49 por ciento de los votantes de la última elección a mirar/escuchar/soportar a periodistas tan independientes como Luis Majul, Mirtha Legrand o Los Leuco.  Cómo será la orfandad de periodismo crítico que con un par de placas ingeniosas el canal Crónica dejó en evidencia la improvisación oficial en la búsqueda de los desahuciados prófugos que el gobierno pretendió equiparar con el “Chapo” Guzmán.

Dicen los politólogos que todo nuevo gobierno goza de cien días de luna de miel con la sociedad. Con medidas impopulares y macriartistas, Macri está haciendo todo lo necesario para acortar ese período de gracia. El marketing y el blindaje mediático han demostrado ser efectivos, pero no son eternos. Como solía decir el viejo Benjamín Franklin: “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.

La restauración conservadora empezó a los tumbos y el veranito macrista está llegando a su fin. En febrero termina la feria judicial y en marzo reabre el Congreso Nacional. El show (político) continuará, pero será en otros términos. Y comenzará el inevitable desgaste de un presidente que pretendió llevarse puesto al país en su primer mes de mandato.