Uno pretende que las vacaciones transcurran sin perturbaciones anímicas. Es la ilusión de apretar la tecla de pausa de la realidad, para disfrutar la placidez del refugio serrano, en el sudoeste cordobés. El propósito estaba en curso, pero fue sacudido por la demorada novedad procedente de La Rioja. Es que el gobierno provincial incluyó al diario El Independiente en la nómina de personas e instituciones, distinguidas por bregar a favor de la vigencia de los derechos humanos.

La noticia me disgustó e indignó. El premio al periódico omite la historia registrada, aporta a la estrategia del olvido e ignora que Plutarco Schaller y yo denunciamos ante la justicia federal, con expediente en trámite, delitos de lesa humanidad, cometidos en la cooperativa editora del medio gráfico. Para más datos, pienso que el honor así distribuido, encuadra en la versión discepoleana del Cambalache: “¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor! (…) ¡Todo es igual / nada es mejor! (…)”

Para los que no están al tanto de lo ocurrido en Copegraf, la sugerencia es atar cabos para sacar conclusiones, con el ejercicio de la curiosidad. La dictadura asesinó, aplicó la desaparición, encarceló, torturó, exilió y cesanteó con la complicidad de civiles. En democracia hubo reparaciones para las víctimas y el anhelo de verdad, juicio y castigo para los victimarios se repuso en la práctica tribunalicia.

En particular, los empleados públicos y de la actividad privada que habían sido despedidos, fueron reincorporados. Los docentes y estudiantes excluidos de sus respectivas funciones, tuvieron facilidades para reinsertarse en el sistema educativo. En El Independiente se inscribió, proyectada en el tiempo, la excepción: ocho compañeros, socios fundadores de la cooperativa, fueron eyectados de la entidad, acusados de “abandono de trabajo”, respaldado en renuncias firmadas en la cárcel y, lisa y llanamente, falsificadas.

El estigma infamante fue el perverso broche para uno de los objetivos del terrorismo de Estado: eliminar la línea editorial de El Independiente, indeseada por los beneficiarios de la endémica postergación política, económica y social de la provincia. Las secuencias de la operación, pueden armarse en base a documentación incontrastable. El Independiente comenzó a ser descabezado, antes de que se difundiera que el golpe de Estado había sido asestado, con capturas concretadas y pedidas, en marzo de 1976. Censura con armas en la cintura, conciencias magulladas por el miedo. Metamorfosis en el plantel societario, con la incorporación de sujetos confiables para los servicios de inteligencia. Las dimisiones ridículas para calmar a las fieras. La “batalla” de Aeronáutica versus Ejército para comandar el diario.

Intervenciones administrativa y judicial, útiles para el reclamo de elevados honorarios. Más compañeros en presidio. Otros forzados a emigrar. Familias desparramadas. Intercambio de mensajes que priorizaban la supervivencia de la cooperativa, a la espera de la coyuntura que disipara la pesadilla. Dilema para el Área de seguridad 314: en la retirada de la tiranía quedaba en pie la probabilidad de la reposición del periodismo del auténtico El Independiente, patrimonio cultural de La Rioja.

La acción militar directa estaba agotada en junio de 1983, a cuatro meses y días de las elecciones generales. Los reprimidos podían volver. El latrocinio encontró el atajo de desconocer las circunstancias tumultuosas, dar por voluntarias las ausencias y proceder a las exclusiones, de manera sumaria, sin dar vista a los que declaraban ex compañeros. Para que la impunidad no sea completa, Ricardo Mercado Luna accedió y publicó en libro las actas con la firma de civiles indignos, autores del despojo tercerizado por los militares en retirada.

Por si hacen falta más pruebas, están estampadas en la causa que contiene la denuncia de Alipio Tito Paoletti ante la justicia provincial (agosto de 1984), que contienen testimonios elocuentes sobre las maniobras para suprimir la gestión periodística que caracterizaba a El Independiente, en folios que ahora están derivados al tribunal federal.

A Plutarco Schaller la extraña distinción le provocó Asombros, que detalló en un texto divulgado por internet. Es la legítima reacción de un hombre coherente, de piel curtida y ánimo templado, protagonista de experiencias extremas, con espacio para el espanto por la honra oficial a inmerecido destinatario, con la torpeza de invocar el nombre del asesinado obispo profético, Monseñor Enrique Ángel Angelelli.

A lo largo de los años, la intención de la dirigencia de Copegraf es poner bajo la alfombra el decisivo episodio de la exclusión. Cuando no tiene más remedio que responder al interrogante de por qué ocho compañeros reprimidos por la dictadura, no recuperaron la condición de socios fundadores, la actitud combina el silencio con la ambigüedad de “ponerse al tanto” de lo pasado.

La careta se desprendió cuando contestaron la presentación que efectué, en 2009, en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que se investigara lo sucedido en Copegraf (expediente 362365). Mentiras a un lado, el eje del descargo recurrió al ardid de la prescripción, como si el transcurrir del tiempo sofocara la expectativa de verdad y justicia.

Creía que el titular del área en el gobierno de La Rioja, Delfor Pochito Brizuela, compartía nuestra aspiración. Lamento expresar que, además del disgusto e indignación, me decepciona la gestión del funcionario, que habilita la confusión cambalachera en el plano de los Derechos Humanos, sólo apta para la figuración, sin sustancia ética.