Pasó la feria judicial y en el cuarto piso del viejo Palacio de Tribunales de Río Cuarto se retomó a actividad. El fiscal Daniel Miralles espera que vuelva el voluminoso expediente del caso Dalmasso para continuar receptando declaraciones testimoniales. Días antes del receso, envió todos los cuerpos del expediente –incluidos los anexos- a  la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información de la Policía Judicial, que los digitalizó para que sus expertos hagan un exhaustivo análisis de los datos recabados en la zigzagueante investigación que condujo hasta el año pasado el fiscal Javier Di Santo.

Impulsada por la Fiscalía General de la Provincia para brindar apoyo logístico y técnico a los fiscales de instrucción, la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información tiene como objetivo principal obtener “los datos fácticos suficientes para poder establecer el comportamiento criminal, fijar el mapa del delito, diseñar políticas de persecución criminal y todo otro dato que procure la optimización de la investigación penal”, según reza la página web de Ministerio Público Fiscal mediterráneo.

Con el expediente digitalizado, los especialistas de la Policía Judicial harán una relectura minuciosa del expediente, cruzarán datos, elaborarán hipótesis y arrojarán conclusiones parciales sobre el cobarde asesinato de Nora Dalmasso, perpetrado la fatídica madrugada del 25 de noviembre de 2006. Los profesionales cuentan para ello con tres gabinetes específicos de análisis que aplicarán al expediente: de comportamiento criminal, de tecnología forense y de procesamiento y análisis de las telecomunicaciones.

La autopsia psicológica

Hasta ahora, el único trabajo interdisciplinario que relacionó en forma integral los datos del expediente es la autopsia psicológica, un estudio hecho a conciencia durante nueve meses por especialistas de distintas disciplinas con el objetivo de trazar un perfil psicológico tanto de la víctima como del posible victimario.  Los resultados de aquélla investigación precisaron cómo fueron los últimos momentos de Nora Dalmasso y arriesgaron algunos datos sobre la personalidad del homicida.

En aquél momento –año 2007-, Di Santo tenía imputados al hijo de la víctima,  Facundo Macarrón, y al “perejil” Gastón Zárate y la hipótesis elaborada por el equipo interdisciplinario que integraron la criminóloga Raquel Ibarra, la asistente social Ileana Benítez y el psicólogo Javier Chirino no parecía ajustarse a las características de ninguno de los dos. Nueve años más tarde, aquél informe parece ajustarse más al perfil del último imputado en la causa, el traumatólogo Marcelo Macarrón, el viudo que fue acusado en marzo último por el fiscal Miralles de ser el autor material del homicidio calificado agravado  por el vínculo de su esposa.

Desde la imputación de Macarrón, cada paso procesal adoptado por Miralles apuntó a  reafirmar esa acusación, sin desviarse un centímetro hacia otras pistas sugeridas por el ahora ex abogado de la familia Dalmasso, Diego Estévez,  o por el abogado de Macarrón, Marcelo Brito.

Miralles hasta ahora no ahondó sobre las sospechas que pesan sobre el “francés” Miguel Rohrer, amigo íntimo de la familia Macarrón, cuyo celular fue ubicado por las antenas de telefonía móvil en las inmediaciones Río Cuarto la noche del crimen de Nora Dalmasso, pese a que él declaró haber estado en Buenos Aires. El trabajo que hará el gabinete de procesamiento y análisis de telecomunicaciones de la Policía Judicial seguramente contribuirá a definir la situación del acaudalado ex gerente de la multinacional Del Monte.

Entre las conclusiones de la autopsia psicológica realizada un año después del crimen en base a testimonios de la familia, los amigos de la víctima y las constancias del expediente, se destacaba que Nora conocía a su asesino y por eso no opuso resistencia; que su muerte insumió escasos cinco minutos y fue producto de un mecanismo de compresión mixta que la dejó sin aire, provocándole un paro cardiorrespiratorio; que lo más probable es que el homicida la sorprendiera dormida y que el móvil del asesinato habría sido personal y no pasional.

El estudio no aseguraba ni descartaba la participación de más de una persona en el crimen, pero era tajante al descartar el móvil pasional y señalar que el o los asesinos estaban dentro de la casa o tenían llaves para ingresar por la puerta de la cocina.

El informe concluía que la víctima fue asesinada en el mismo lugar donde encontrarían su cuerpo 36 horas después: la cama de su hija Valentina.

Había otro dato estremecedor que contribuye a perfilar un rasgo psicológico del asesino: tras ahorcarla, habría tapado a la víctima hasta el torso con la sábana de la cama, en un curioso acto de pudor que lo alejaría del estereotipo del violador –como sostuvo siempre el abogado Diego Estévez- y reforzaría en cambio la hipótesis de que el crimen no fue de índole sexual, sino personal.

Con estos elementos en la causa, es comprensible que el viudo rechazara someterse a una pericia psicológica, como lo hizo su hijo Facundo –patrocinado por el mismo abogado- cuando fue imputado por el fiscal Di Santo.

La ventana horaria

Desde que se hizo cargo de la causa, el fiscal Miralles consideró el estudio de ADN que compromete a Marcelo Macarrón como prueba incontrastable de la acusación. En su razonamiento, la presencia de células epiteliales del traumatólogo dentro y fuera de la vagina de su esposa, en las sábanas de la cama donde fue hallada y en la cinta de la bata con que fue estrangulada son indicios concluyentes de su presencia en la escena del crimen.

Aunque demoraron, los estudios realizados en Estados Unidos le pusieron nombre propio a las muestras enviadas desde Río Cuarto y tuvieron suficiente fuerza probatoria como para producir la inmediata desvinculación de Gastón Zárate y del propio Facundo Macarrón en la causa.

El ADN es la prueba madre que llevó al nuevo fiscal a imputar al traumatólogo por la autoría material del homicidio de su esposa. Se trata de una prueba que resistió además los embates del ejército de especialistas contratados por Brito para destruirla. Vaya paradoja: su cliente de entonces, Facundo Macarrón, fue desvinculado de la causa en base a la contundencia de esa prueba y no a su estrategia defensiva, que fracasó estruendosamente. Es curioso que, a sabiendas del magro resultado que tuvo como abogado de su hijo, el viudo haya contratado al mismo profesional para ejercer su propia defensa.

Además de la prueba genética, Miralles tiene la certeza de que existe una “ventana horaria” que le permitió a Macarrón viajar en avión a Río Cuarto, asesinar a su esposa y regresar a a tiempo a Punta del Este para asistir único torneo de golf que se adjudicaría en su mediocre carrera deportiva, cerrando así una coartada perfecta.

El fiscal confirmó su presunción en Punta del Este, donde viajó junto a su secretario para constatar in situ si las declaraciones de Macarrón y sus amigos golfistas tenían asidero en la realidad (algo que, increíblemente, nunca hizo el fiscal Di Santo). Si bien es cierto que a casi diez años de aquél viaje poco pueden aportar los testigos -aún los más memoriosos-, no es menos cierto que haber comprobado las distancias, el movimiento y la existencia de numerosos hangares y pistas de aterrizaje le aportaron al fiscal un panorama del que carecía antes de cruzar el Río de la Plata.  

Miralles no descarta volver a citar a declarar a los testigos que dijeron haber compartido el  departamento con el imputado: su ex vocero Daniel Lacase, el ex legislador peronista Alfonso Mosquera y los golfistas aficionados Daniel Bonino y Salvador León. Su primera declaración es llamativa: Mosquera -que viajó pero no participó del torneo de golf- dijo que todas las noches compartió la cena con Macarrón y Lacase y al menos dos noches también con el resto de los golfistas. Y Gustavo Gagna habría comentado la existencia de una fotografía tomada a los golfistas momentos antes de iniciar el último tramo del torneo en la que, curiosamente, habrá sólo dos ausencias: la del imputado y su futuro vocero.

Antes de viajar, el fiscal envió por intermedio del Tribunal Superior de Justicia y la Cancillería varios exhortos a las autoridades uruguayas para completar su pesquisa en torno a la ventana horaria que compromete a Macarrón. Recién cuando lleguen esos informes, estará en condiciones de pedir la elevación a juicio del crimen más emblemático de la ciudad, que en noviembre cumplirá diez años de impunidad.

Si la burocracia uruguaya no demora más allá de lo racional y Brito no embarra la cancha con chicanas dilatorias –algo que hasta ahora, llamativamente, no ha hecho-, el 2017 podría abrir el calendario judicial con Marcelo Macarrón en el banquillo de los acusados enfrentando un juicio oral y público con jurados populares.