En un país que discute la representación proporcional de género en sus órganos legislativos, el Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Río Cuarto parece ir a contrapelo de esa tendencia: nueve de cada diez funcionarios designados por el intendente Juan Manuel Llamosas –con rango de secretarios y subsecretarios- pertenecen al género masculino. De ellos, el sesenta por ciento son solteros, divorciados o separados de sus cónyuges.

Este mes, como consecuencia de la ordenanza enviada por el intendente y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, todos los funcionarios municipales –incluidos los propios concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas- debieron presentar su declaración jurada de bienes, que a diferencia de otras jurisdicciones, es pública y puede ser vista por cualquiera en la página oficial de la Municipalidad (http://www.riocuarto.gov.ar/transparencia/declaracionjurada/declaracion_departamento_ejecutivo.php).

Un análisis comparativo de esas declaraciones juradas arroja datos sobre la situación patrimonial de cada uno de los funcionarios municipales y permite esbozar un diagnóstico de la composición socioeconómica del gabinete. También de la actitud asumida por los propios secretarios y subsecretarios: solo el 46 por ciento declaró cuánto ganan en la Municipalidad –un promedio de 40 mil pesos de bolsillo -  y apenas tres de cada diez admitieron tener un ingreso adicional por fuera de su cargo en el municipio.

Uno de los casos más curiosos es el del fiscal municipal Julián Oberti, quien no declara cuánto gana por ocupar ese cargo –como sí lo hace el 46 por ciento de los funcionarios-, pero consigna como ingreso extra 160.000 pesos percibidos como síndico del Instituto Municipal de la Vivienda (se supone que durante la gestión de Juan Jure). Tampoco dice cuánto cobra por su ejercicio profesional en el estudio jurídico que comparte con el presidente del Colegio de Abogados, Angel Bassino.

Oberti es uno de los pocos funcionarios que no posee vivienda ni auto propio –declara como único bien la posesión de un terreno valuado en 160.000 pesos-, aunque tiene un plazo fijo de 800.000 pesos y depósitos en moneda extranjera por 34.465 dólares (poco más de medio millón de pesos).

Otro de los funcionarios que no posee vivienda –aunque sí auto propio, valuado en 280.000 pesos- es el secretario de Obras Públicas Martín Cantoro. Su patrimonio  figura entre los más abultados del elenco oficial porque posee la mitad de un fondo de inversión de tres millones de pesos. Cantoro dice que gana 55.741 pesos de sueldo bruto como secretario y que percibe otros 15.000 de sus emprendimientos comerciales. Estos datos –excluyendo los 140.000 declarados por Oberti-, lo ubican al tope del ranking de ingresos declarados por los funcionarios de Llamosas, un poco por encima de Dante Vieyra y Guillermo De Rivas.

La situación variaría si otros funcionarios hubieran blanqueado la totalidad de sus ingresos. Por caso, el ex defensor del Pueblo y flamante secretario de Modernización, Guillermo De Rivas, declara ingresos por 35.242 como secretario y 21.419 como docente, pero deja en blanco el casillero referido a sus ingresos como integrante del estudio jurídico familiar. A diferencia de Cantoro, De Rivas tiene una vivienda, comparte la propiedad de otras dos y de diez lotes, y declara como propios dos automóviles.

Saneados

De la lectura de sus declaraciones juradas se desprende que la mayoría de los funcionarios de Llamosas gozan de una situación patrimonial sólida: pese a que la mayoría posee viviendas, solamente tres de cada diez admiten tener deudas bancarias.

Pese a contar con una economía familiar saneada y no acudir al crédito bancario, la mayoría de los funcionarios municipales declara tener casa y auto. De hecho, solo nueve de ellos carecen de una vivienda familiar.

Los funcionarios de Llamosas tampoco son propensos al ahorro: solo dos de cada diez admiten tener depósitos en plazo fijo; e  idéntica proporción dice que tiene dinero ahorrado en moneda extranjera, fundamentalmente dólares.

En cuanto a la posesión de automóviles, el 62 por ciento declara tener dos vehículos y el 28 por ciento uno. Sólo cuatro funcionarios se desplazarían por la ciudad en transporte urbano de pasajeros: el ya mencionado Oberti, Daniela Miranda, Juan Pablo Debiassi y Mercedes Novaira.

En cuanto a las profesiones de los funcionarios que integran el gabinete municipal, es evidente que Llamosas confía plenamente en la idoneidad de sus colegas: tres de cada diez de sus colaboradores de mayor rango son abogados. Como dato llamativo, un 26 por ciento de los funcionarios no consigna su profesión en la declaración jurada.

Sumando propiedades, vehículos e ingresos  y restando deudas –siempre en base a lo declarado por los propios funcionarios-, se puede elaborar un ranking de la situación patrimonial de quienes integran el gabinete de Llamosas: a la cabeza, con un patrimonio cercano a los tres millones de pesos, se ubica Julio Jaule, de profesión “empleado”, con dos propiedades –una sin escriturar- valuadas en 180.000 dólares (2,7 millones de pesos), una camioneta Chevrolet (150.000 pesos) y un ingreso mensual de 40.000 pesos por su desempeño como subsecretario de Transporte.

Como contracara, la funcionaria más austera del gabinete es Daniela Miranda: tras consignar su DNI y su estado civil, la subsecretaria de Derechos Humanos presenta su declaración jurada con todos los casilleros en blanco.

La ordenanza 17/16, sancionada el 11 de agosto último, establece que a partir de su promulgación, las declaraciones juradas de los funcionarios municipales “son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada, en forma gratuita a través de Internet (…)".

El artículo quinto de la ordenanza obliga también a los concejales –incluido el secretario y prosecretario del Concejo Deliberante- a dar publicidad a su declaración jurada de bienes y el sexto hace lo propio con los tribunos de cuentas, cuyos datos fueron publicados en la página web del municipio junto al de los funcionarios del DEM.

De los cuatro tribunos, los del oficialismo son los que se muestran más reticentes a publicar su patrimonio. Tras declarar un patrimonio de 2,6 millones de pesos por una casa y un lote, Carlos Simón consigna que “no corresponde” responder por sus bienes muebles (autos, motos, etc.), inversiones y/o inversiones en acciones, aunque admite tener un crédito de medio millón de pesos y 80.000 pesos en efectivo.  El presidente del Tribunal de Cuentas tampoco consigna cuánto cobra por esa función ni qué ingresos adicionales cuenta por el ejercicio liberal de su profesión de abogado. Su par Alejandro Bathaver, declara tener el cincuenta por ciento de dos autos (150.000 pesos). El tribuno opositor Osvaldo Córdoba (Cambiemos) declara una vivienda (por donación), un auto, una moto y una lancha (405.000 pesos) y admite tener un crédito hipotecario por 361.000; en tanto que el tribuno de Respeto, Alejandro Saffadi, tiene un terreno (68.500 pesos), una casa y dos autos (430.000 pesos) y depósitos bancarios por 31.500 pesos. También declara deudas por 400.237 pesos (un crédito Procrear y la prenda de sus dos autos).

En el caso de los concejales, sus declaraciones juradas fueron difundidas en la página de Facebook de la presidencia del cuerpo, pero es difícil encontrarlas y su exposición en pantalla –en formato jpg, de dimensión muy pequeña- las torna prácticamente ilegibles.

(Este artículo fue elaborado con la colaboración de Guillermo Rojo)