Cuando todo hacía suponer que la nueva incursión tribunalicia de los pintorescos abogados de Marcelo Macarrón, Marcelo Brito y Gustavo Libeau, pasaría sin pena ni gloria, el fiscal Daniel Miralles conmovió a propios y extraños con un anuncio explosivo: por sentirse “agraviado” ante la ofensiva de los abogados del viudo, decidió dar el portazo y renunciar al expediente más emblemático de la impunidad en Río Cuarto y el país.

Se lo dijo en exclusiva al periodista de diario Puntal, Alejandro Fara, que reprodujo parte de los endebles argumentos del fiscal, que alegó sentirse agraviado por las expresiones del abogado Marcelo Brito, que en una entrevista radial lo trató de inoperante. El estupor ganó a propios y extraños porque no había pasado una semana desde que el mismo fiscal –poco propenso a hablar con el periodismo- dio una conferencia de prensa y ratificó por enésima vez que solo esperaba que la Policía Judicial de Córdoba le envíe la reconstrucción virtual del crimen para resolver la causa. Que, a esta altura de la investigación, se presume elevará a juicio.

A Miralles se lo vi confiado, seguro y precavido. En ningún momento dijo que iba a elevar la causa a juicio, sino que la iba a resolver. Con lo cual el argumento de los quijotescos abogados del viudo para recusarlo –sostuvieron que “adelantó opinión” (sic) y por tanto perdió “objetividad”- carece de sustento jurídico y seguramente será rechazada por el juez de Control Daniel Muñoz.

Según trascendió, el fiscal de Cámara Jorge Medina resolvería el mismo lunes la situación de Miralles en relación al caso Dalmasso. No necesita más tiempo. Debe dar una señal clara al resto de los fiscales y a la sociedad. Si admitiera dejar a la deriva semejante causa porque el funcionario que debe instruirla se siente agraviado por los dichos de los abogados del imputado, sentaría un inadmisible precedente. De aquí en más, cualquier letrado podría apelar a la simple argucia de insultar al fiscal para separarlo de una causa que le es desfavorable.

Si, como todo parece indicar, Medina rechaza el planteo de Miralles, el centro de atención estará en lo que resuelva el juez Muñoz. La situación es similar: si aceptara la recusación de Miralles por “adelanto de opinión”, convertiría a los integrantes del Ministerio Público Fiscal en equidistantes magistrados, cuando está claro que su función es acusar y no juzgar. La doctrina es clara al respecto: el fiscal acusa, el magistrado juzga. Mal podría un fiscal ser apartado de una causa por prejuzgamiento si su tarea no es juzgar. ¿Cómo se imputa a un sospechoso sin emitir opinión?

Es cierto que en Río Cuarto los fiscales a veces actúan más como abogados de los imputados que como representantes de la sociedad. El mejor ejemplo es el anterior fiscal del caso Dalmasso, Javier Di Santo: cuando recibió los datos genéticos del laboratorio del FBI que indicaban que el ADN Macarrón hallado en la escena del crimen –sábanas, cinto de la bata con que fue estrangulada la víctima y zonas internas y externas de sus genitales- pertenecían al viudo y no al hijo, envió un cuestionario al Ceprocor para saber si era posible que esas muestras fueran producto de la contaminación de las prendas familiares en un lavarropas.

No es casualidad que en los casi diez años que estuvo al frente de la investigación, Di Santo no fuera recusado por Brito y Libeau, que eran los abogados de Facundo Macarrón antes de asumir la defensa de su padre. En definitiva, la actitud timorata de Di Santo –no adelantar opinión y dejar que la causa durmiera el sueño de los justos- les resultó funcional.

Tuvo que asumir Miralles para que esa prueba genética irrefutable motivara la imputación de Marcelo Macarrón. El fiscal nunca dudó: las cuantiosas muestras de ADN del viudo tomadas de la escena del crimen constituyen un indicador de presencia en el lugar y de contacto con la víctima. En base a esa convicción, al fiscal le llevó menos de un año establecer la existencia de una ventana horaria que desarticuló la convincente coartada del viudo, triunfal participante de un torneo de golf en Punta del Este al que concurrieron otros 16 riocuartenses aficionados a ese deporte el fin de semana del homicidio.

A Brito y Libeau les llevó una década sospechar del “francés”, amigo íntimo de la familia, al punto de haber ido a buscar a la hija del matrimonio Damasso a Ezeiza cuando debió anticipar su regreso al país por el asesinato de su madre. Miralles les dio con el gusto y cotejó el ADN de Michel Rohrer con las escasas muestras que no pertenecen al viudo. Ante el resultado negativo y sin más argumentos defensivos, los letrados decidieron recusar al fiscal.

La semana próxima se sabrá si el caso Dalmasso se encamina hacia un juicio oral y público con jurados populares o vuelve a las suaves y tranquilas estaciones de la impunidad en la que estuvo durante casi una década. La sorpresiva renuncia de Miralles puede terminar fortaleciéndolo si el fiscal Medina y el juez Muñoz lo confirman al frente de la causa.

Miralles no está solo. Es cierto que los directos damnificados –la familia de la víctima- ni siquiera designaron representante legal tras despedir al inefable Diego Estévez. Pero no es menos cierto que hace un tiempo que las pancartas con la fotografía de Nora Dalmasso se sumaron en manifestaciones de #NiUnaMenos en la ciudad. Que Marcelo Macarrón se siente en el banquillo de los acusados ya no depende sólo de un fiscal, sino del propio Poder Judicial de Río Cuarto.

La disyuntiva es clara: justicia o nuevo papelón.