Los abogados de Marcelo Macarrón, acusado de asesinar a su esposa hace más de diez años, tratarán de convencer mañana a tres camaristas de Río Cuarto de que aparten de la investigación al fiscal Daniel Miralles. Será otro previsible show de Marcelo Brito, el abogado que, pese a haber renunciado a la Fiscalía General de la Provincia agobiado por un escándalo de cheques sin fondo librados por su familia, suele plantarse con firmeza ante los magistrados locales con ínfulas académicas y doctrinarias, infundiéndoles un temor casi reverencial.

Mañana, mientras Brito hace una nueva exhibición de oratoria y muestra sus dotes histriónicos en el primer piso del Palacio de Justicia, la expectativa estará centrada a algunos metros de distancia, en el edificio anexo con salida a la calle Deán Funes, donde el juez de control Daniel Muñoz debe resolver el tercer pedido consecutivo de recusación presentado por los abogados de Macarrón contra el fiscal Miralles.

¿Será la tercera, como dicen,  la vencida? ¿Se pondrá la magistratura riocuartense de rodillas ante la insistente arremetida del mediático abogado cordobés? ¿Podrá realmente Brito  llevarse puesto al Poder Judicial de Río Cuarto? Este escenario era impensado semanas atrás, pero el rumor de un posible apartamiento de Miralles ganó los pasillos de Tribunales en los últimos días.  Hay reproches, sobre todo,  a la incomprensible conducta del fiscal en los últimos meses, a su intempestiva renuncia a la causa –de la que se arrepintió horas después- y su aparente falta de compromiso y contracción al trabajo.

A casi once años del crimen todavía impune de Nora Dalmasso, la causa parece estancada, a la espera de una prueba por demás sencilla -como es la reconstrucción virtual del crimen-, solicitada hace casi un año a la Policía Judicial de Córdoba y que, según prometieron, sería enviada al despacho de Miralles apenas terminara la última feria judicial, pero que todavía no llegó.

El actual estancamiento del caso contrasta con la energía inicial puesta por el nuevo fiscal tras el apartamiento de Javier Di Santo a mediados del año 2015, cuando prefirió dar un paso al costado antes que enfrentar un proceso en su contra por “omisión de persecución del delito” (morosidad,  en términos legos), como lo denunció el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC.

A comienzos de 2016, con solo leer el expediente, a Miralles le alcanzó para imputar a Marcelo Macarrón. Entendió que la prueba genética que obra en la causa es contundente y lo ubica inexorablemente en la escena del crimen. Completó su investigación citando nuevamente  a quienes viajaron en 2006 a Punta del Este con el viudo y viajó él mismo junto a su secretario para conocer in situ los movimientos relatados por los golfistas riocuartenses.

Miralles cerró su investigación con el testimonio de técnicos y pilotos que, según entiende, probarían la existencia de una ventana horaria lo suficientemente amplia como para que Macarrón viajara en avión a Río Cuarto, asesinara a su mujer y regresara a tiempo para completar su faena golfística junto a los 16 testigos, lo que le aseguraba una coartada perfecta.

Cuando todos esperan que Miralles eleve la causa a juicio con Macarrón como único imputado, el caso policial más resonante de la historia judicial de Río Cuarto podría volver a fojas cero. En su desesperación, Brito lanzó todo el arsenal disponible para cuestionar la actuación de Miralles. Llamativamente, no lo hizo con Di Santo, que mantuvo imputado a su primer cliente –hijo del actual- durante años a la espera de las famosas pruebas del FBI.

Mañana,  Brito y Miralles estarán otra vez frente a frente, en un apasionante esgrima judicial que se cumplirá por la mañana en los Tribunales de la ciudad. Pero la verdadera llave del caso Dalmasso la tiene el juez Daniel Muñoz.

Si ratifica por tercera vez la continuidad de Miralles, superadas las instancias de apelación, la causa se encaminaría definitivamente hacia su elevación a juicio. Y entonces Marcelo Macarrón deberá enfrentar –a fin de año o comienzos del 2018- un juicio oral y público con jurados populares.

Si le da la razón a Brito, el expediente volverá a navegar por las torrentosas aguas de la burocracia judicial. Es que si apartan a Miralles, el expediente recaería inexorablemente en Luis Roberto Pizarro, un fiscal especializado en Drogas que hoy reparte su tiempo entre dos jurisdicciones y además cubre la vacante del inefable Walter Guzmán, que apenas zafó del jury impulsado por Rosa Sabena fue ascendido y trasladado a Laboulaye.