Cuando la Justicia de Río Cuarto parecía haber encaminado el caso policial más resonante de su historia, que expuso ante el país sus peores miserias internas, los camaristas Emilio Andruet, Carlos González Castellanos y Pablo Bianchi demostraron una vez más la falta de vocación de la corporación judicial para resolver el homicidio de Nora Dalmasso. Bastó una endeble presentación del abogado Marcelo Brito para que dejaran caer el andamiaje construido en un año y medio por el fiscal Daniel Miralles y evitar así que se hiciera un juicio con Marcelo Macarrón en el banquillo de los acusados.

El excesivo prurito demostrado por los camaristas para apartar a Miralles de la causa contrasta con la decisión del presidente del Tribunal de no apartarse él mismo ante una evidente causal de inhibición: su hijo trabaja en el estudio jurídico de Daniel Lacase, a la sazón uno de los principales protagonistas del caso Dalmasso. El abogado laboralista que ampara laboralmente a Andruet junior fue vocero del viudo, estuvo imputado de pagar el alojamiento a los policías que acusaron al “perejil” Gastón Zárate y es un testigo clave del viudo en la discusión sobre su permanencia o no en Uruguay la madrugada del crimen.

La resolución de los miembros de la Cámara Segunda del Crimen de apartar a Miralles es insustancial –como lo advirtió en primera instancia el juez de control-, pero no ingenua: al aceptar los argumentos del abogado del viudo, los camaristas hicieron suyo un nuevo condicionamiento a la prensa. A partir de este fallo, cualquier fiscal que adelante opinión sobre las causas que investiga quedará expuesto a que le quiten el expediente. ¿Cómo acusar a alguien de un homicidio sin emitir opinión? Habrá que esperar los fundamentos de los camaristas. Pero lo cierto es que su resolución implica una espada de Damocles no sólo sobre los fiscales, sino también sobre los periodistas, que verán acotado su margen de maniobra para acceder a las fuentes y cronicar el devenir de las causas.

No es casual que el inefable Marcelo Brito sentara como único testigo ante los camaristas al periodista Alejandro Fara, que trajina los pasillos de fiscalías y juzgados para informar sobre distintas causas que se tramitan en el Palacio de Justicia. Citar a un periodista para que de fe de lo que escribe en el diario en el que trabaja es una acción intimidatoria en sí misma. Pero adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la citación provino del mismo abogado que demandó a tres periodistas por el supuesto “daño moral” que sus coberturas provocaron en su cliente.

Mensaje al periodismo

Cuando se escriba la historia del caso Dalmasso muchos se preguntarán cómo fue posible que la Justicia condenara en primera y segunda instancia a un periodista a indemnizar con una verdadera fortuna a una familia integrada por tres personas, de las cuales dos estuvieron imputadas por la Justicia como supuestos autores materiales del homicidio de Nora Dalmasso.

Alejandro Fara recordó el sábado en Puntal que cuando fue citado como testigo explicó que la inminente elevación a juicio de la causa era “la interpretación del cronista sobre la base de las distintas medidas que se habían tomado desde que Miralles asumió y la experiencia en la cobertura de otros casos tribunalicios. Incluso –agregó-, a la pregunta de Brito, la respuesta de este testigo no dejó lugar a dudas: en la rueda de prensa, Miralles nunca dijo que elevaría la causa a juicio”.

Pese a la contundencia de la declaración del periodista que innecesariamente –pero con indisimulada intención de condicionarlo- fue incluido en un proceso que debía limitarse a cronicar, Brito avanzó con el mismo eje durante la audiencia in voce que la Cámara le concedió para que prolongara su grotesco show en los Tribunales locales. Acompañado por su inmutable escudero Gustavo Liebau, se dio el lujo de cuestionar a todos los funcionarios judiciales, policías y peritos que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. Pero sobre todo apuntó a los medios de comunicación: “Aquí no se busca el descubrimiento de la verdad, sino que Macarrón se siente en el banquillo de los acusados. Ese es el negocio de los medios”.

Sin exhibir ninguna prueba –salvo la ajada página del diario Puntal -, Brito aseguró que Macarrón es víctima de una oscura conspiración mediática alimentada por un negocio millonario. “Los medios no buscan la verdad, sino que se haga un juicio donde Marcelo Macarrón esté sentado en el banquillo. Ese es su negocio”, insistió, histriónico. A su lado asentía mecánicamente su socio Liebau, responsable de las millonarias demandas entabladas contra tres periodistas de Río Cuarto para silenciarlos.

Con su retórica medieval, Brito desglosó párrafo por párrafo el mentado artículo de Puntal y aludió a un reportaje de Cadena 3 al fiscal Miralles para acusarlo de practicar “una faena informativa impropia” de un funcionario judicial.

Emilio Andruet, Carlos González Castellanos y Pablo Bianchi no necesitaron analizar las otras dos recusaciones rechazadas por el juez de control: decidieron apartar a Miralles y advertirle al fiscal que le toque en suerte el expediente del caso más mediatizado de la historia de la ciudad que deberá abstenerse de hablar con el periodismo.

Cuando en noviembre se cumplan once años del crimen de Nora Dalmasso, Macarrón seguirá siendo el único imputado del homicidio agravado por el vínculo de su esposa, aunque en los hechos esa brutal acusación no le genere ningún problema y siga en libertad.

Pero el único condenado por la Justicia de Río Cuarto seguirá siendo un periodista.

El silencio es salud.