Cuando debería ocupar su tiempo en manipular con firmeza el timonel del municipio para sobrevivir al naufragio nacional en ciernes, el intendente Juan Manuel Llamosas debe ocuparse en cambio de enfrentar el segundo escándalo de corrupción en lo que va de su gestión. A la forzada salida del ex presidente del Tribunal de Cuentas, Emilio Simón, por la alevosa incompatibilidad entre su cargo y su condición de proveedor del Estado municipal, se suma ahora Mauricio Dova. Se trata nada menos que del funcionario con más poder en el gabinete, tanto por el cargo que ocupa como por su cercanía afectiva y política con el intendente.

Cuando todavía estaba en la oposición y ocupaba una banca en el Concejo Deliberante, Dova ya había dado muestras de lo que hoy parece ser un coherente patrón de conducta: su confusión entre la función pública y la actividad privada. Como concejal, contrató a Carolina Torres, la mantuvo en negro, la hizo hacer tareas vinculadas a su estudio jurídico y nunca le pagó, según denunció la propia Torres en una entrevista con el diario Puntal que hasta ahora no ha sido desmentida. Pero además el mismo Dova  habría litigado contra el municipio luego de ser electo concejal, como lo probó una investigación interna del Concejo Deliberante.

Pese a las promesas del entonces presidente del Concejo Deliberante, Claudio Miranda, el expediente Dova nunca fue llevado al recinto. De haberlo hecho, ante la contundencia de las pruebas recabadas que demostrarían la incompatibilidad del Dova concejal con el Dova abogado, la corporación política se hubiera visto obligada a sancionar a uno de los suyos. Se especulaba en aquél momento con una suspensión de 15 días a tres meses, aunque los más radicalizados no titubeaban en pedir la expulsión lisa y llana del concejal.

El bloque oficialista –hoy opositor- tuvo en sus manos el futuro político de Dova. Y le perdonó la vida. Hoy los roles se invirtieron, pero la conducta de la oposición –antes oficialismo- sigue siendo ambigua y complaciente, lo que explica en buena medida que Dova continúe en su cargo. Su tardío anuncio de constituirse como querellantes en la causa contra Torres es otra sobreactuación de un bloque que no termina de acomodarse a su rol opositor luego de tantos años en el poder municipal.

A la Justicia

En el marco de la crisis de credibilidad que vive la clase política, la Justicia –menos creíble aún- deberá dirimir responsabilidades. Daniel Miralles, el fiscal que dejó pasar la oportunidad histórica de elevar a juicio el caso Dalmasso, lidiará con la denuncia del municipio, que apunta claramente a Carolina Torres. Y alguno de los otros fiscales deberá subrogar la vacante de Walter Guzmán –milagrosamente ascendido y trasladado a otra jurisdicción-, ya que el fiscal que lo hacía, Luis Pizarro, está abocado en esa Fiscalía exclusivamente al expediente del caso Dalmasso.

Es decir que todavía no se sabe si será el propio Miralles, Javier Di Santo o Fernando Moine quien investigue si Dova incurrió en coacción o abuso de autoridad al inmiscuirse personalmente en un sumario administrativo y presionar a Torres para que se hiciera cargo del cobro de los cheques voladores del Edecom.

Más allá de lo que decida la Justicia, que no se caracteriza por su celeridad, el escándalo de los cheques estalló en el peor momento en el gabinete de Llamosas. Y las esquirlas no sólo alcanzaron al cuestionado secretario de Gobierno, sino también al directorio del Edecom, que debería explicar cómo es posible que circulen graciosamente cheques al portador con montos que superan holgadamente lo que se utiliza para la “caja chica” de una repartición pública. Por mucho menos, al dirigente radical Gustavo Segre se lo incineró públicamente por la denominada “causa de los criollitos”.

Pablo Pellegrini niega que la firma de los cheques al portador cobrados por allegados a Torres sea la suya. ¿También el sello fue adulterado? Si cada cheque tenía dos firmas con sus respectivos sellos, es difícil pensar que la maniobra fuera urdida exclusivamente por Torres. Que, por cierto, no parece a priori tener la capacidad delictiva que se le atribuye. Y aún si la tuviera, resulta llamativo que haya obrado con tanta impunidad como para hacer que los cheques fueran endosados –y cobrados- por sus familiares directos y sus allegados más cercanos.

Será la Justicia, pericias mediante, la que determine tanto la veracidad de los dichos de Pelegrini como el modus operandi que permitió la maniobra fraudulenta contra el Edecom.  Lo que no exime al funcionario  de su responsabilidad política.

Idéntico criterio rige para Dova. El poderoso secretario de Gobierno habría incurrido como mínimo en un claro abuso de autoridad al entrometerse en un sumario administrativo del que debió permanecer ajeno y utilizar la infraestructura del Estado municipal –chofer del intendente incluido- para incidir en su resultado. Sin mencionar que trató de “sinvergüenza” a la sospechosa en conferencia de prensa y amenazó públicamente a su abogado con acciones legales y/o corporativas.

En definitiva, la Justicia deberá investigar una defraudación cometida por una persona designada por el secretario de Gobierno, que tenía a su vez la responsabilidad –asignada por alguien- de manejar dinero del Edecom.

Carolina Torres fue nombrada sin concurso ni selección de antecedente. Mauricio Dova eligió la figura de “personal de gabinete” para designarla a dedo y saldar así parte de su deuda laboral. Esa misma figura le posibilitó despedirla sin permitirle siquiera dar su versión de los hechos en el sumario administrativo express que precipitó su salida.

La Justicia posiblemente determine algún día cómo fueron los hechos y deslinde responsabilidades penales. Pero el intendente no puede hacerse el distraído con las responsabilidades políticas.