La masacre del Banco Popular Financiero fue el suceso policial de mayor repercusión mediática que tuvo Río Cuarto desde la restauración democrática hasta el caso Dalmasso. Entre ambos hechos pasaron dos décadas y cambió el signo político de los gobiernos -tanto provincial como municipal-, pero algo parece haber permanecido inmutable: el espíritu de cuerpo de la fuerza policial y el encubrimiento de la corporación judicial. El patrón de conducta se mantiene inalterable: ante la sospecha de un hombre de la fuerza, la Policía cierra filas en su defensa y la Justicia acompaña desviando la investigación hacia las víctimas.
En el histórico juicio oral que se llevó adelante luego de la masacre del Banco Popular fueron condenados el cabo Miguel Ángel Salinas y su cómplice Francisco Nievas. El primero tenía la responsabilidad de custodiar la sede de la entidad financiera. En cambio, la asaltó y participó del fusilamiento a quemarropa de los trabajadores con quienes convivía buena parte de la semana. Fue condenado a prisión perpetua. En Río Cuarto siempre quedó la sensación de que Nievas y Salinas no actuaron solos, que existió -cuanto menos- protección política y que el verdadero cerebro de la operación nunca fue llevado al banquillo. Tampoco los jefes policiales, cuya responsabilidad se diluyó entre movidas políticas y protección judicial. En aquella oportunidad se mencionó, tal vez por primera vez, a la droga y el dinero negro como trasfondo de la tragedia.
En lo que sería una constante en la historia criminal de la ciudad, el hilo se cortaba por lo más delgado: Salinas y Nievas fueron condenados a cadena perpetua, pero no hubo sanción para los jefes policiales -de los que dependía Salinas- ni se investigó al poder político de entonces: Mahum, Cendoya y otros connotados dirigentes de la UCR, íntimamente vinculados a los (des)manejos financieros de la entidad asaltada y representantes políticos en el sur provincial del por entonces todopoderoso gobernador Eduardo César Angeloz.
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Cuando los ecos de la masacre del Banco Popular todavía resonaban en las calles de la ciudad y la gente miraba con desconfianza a la fuerza, la tormentosa tarde del 16 de marzo de 1991 desapareció el pequeño Alejandro Flores. Tras pasar inexplicablemente casi un lustro en el juzgado de menores de la ciudad, la causa pasó a manos del fiscal Luis Cerioni quien, con el auxilio siempre (mal) direccionado de la Policía provincial, apuntó contra la familia: investigó al padre y dejó que la madre paseara su desesperación por todos los canales de televisión de Capital Federal -desde Franco Vagnatto hasta Moria Casán-, recorriera el país y hasta viajara a Chile en la angustiosa búsqueda de pistas sobre el paradero de su hijo.
La verdad estaba mucho más cerca. Cuando el policía Jorge Muo se presentó ante el fiscal para declarar lo que había escuchado en la UR9, fue amenazado, tildado de loco y exonerado de la fuerza. El encubrimiento (policial y judicial) a los oficiales Daniel Funes y Mario Gaumet se prolongó indefinidamente en el tiempo, hasta que la causa prescribió. Durante todos esos años, en el expediente judicial no hubo otra hipótesis que la que finalmente se terminó probando: el niño fue atropellado por un móvil policial en el que viajaban los oficiales denunciados por Muo, que se deshicieron del cadáver para no afrontar las consecuencias del accidente y ocultar posibles actividades vinculadas al narcotráfico.
La causa avanzó por exclusiva responsabilidad de Víctor Flores, el padre del pequeño desaparecido, que trasmutó de remisero a investigador privado hasta dar con los huesos de su hijo. Para entonces, la causa estaba prescripta. El fiscal Javier Di Santo -a cargo luego del ascenso y traslado de Cerioni-, en un acto de cinismo judicial sin precedentes, imputó a Funes y Gaumet como autores del crimen y desaparición de Ale Flores y al otro día los sobreseyó por considerar que el delito estaba prescripto.
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El 14 de septiembre de 2008 desaparecía misteriosamente el joven Nicolás Sabena. Otra Rosa, que asumió como propio el apellido Sabena para fusionarlo con el de su hijo, develaría nuevamente el recurrente vínculo de la Policía provincial con el narcotráfico. Como había sucedido en el caso Flores, cuando se denunció la desaparición de Nicolás Sabena la mirada inquisitiva de la Justicia se posó sobre la víctima: el fiscal Walter Guzmán perdió un tiempo precioso pensando que el joven se había ido de mochilero tras discutir con su madre, a quien ni siquiera atendió personalmente en su despacho.
Rosa Sabena se tuvo que convertir en investigadora para que la causa avanzara en la dirección correcta y se probara que la familia Vargas Parra estaba relacionada con la desaparición y posible asesinato del joven Sabena. Y también con el narcotráfico: seducido por la hija del patriarca Vargas Parra, Nicolás habría sido utilizado como delivery para repartir droga en la ciudad. La decisión de Nicolás de abandonar la quinta de los Vargas para regresar a su hogar o un altercado vinculado a la rendición de ese dinero ilegal habrían desencadenado una discusión que terminó con su vida.
La pésima investigación del fiscal Guzmán y la complicidad de la Justicia de Río Cuarto permitieron que los Vargas Parra esperaran el juicio oral en libertad. Hasta que, en septiembre de 2014, cinco años después de que el joven Sabena fuera visto por última vez, la Cámara Segunda del Crimen condenó a los Vargas Parra -José, su hijo homónimo y su hija Lucía- a 17, 18 y 16 años de prisión respectivamente por el secuestro y desaparición de Nicolás.
Rosa Sabena se juramentó encontrar el cuerpo de su hijo. Estudió Derecho, se recibió de abogada y denunció a todos los que pusieron piedras en el camino de la búsqueda de la verdad. Con coraje, temple y perseverancia logró que el fiscal Guzmán fuera sometido a jury de enjuiciamiento -que sorteó milagrosamente gracias a los buenos oficios del fiscal general Alejandro Moyano- y acusó por encubrimiento a los policías que debían investigar a los Vargas Parra. Entre los denunciados estaba nada menos que el jefe de comunicaciones de la Policía, Gustavo Oyarzábal, acusado de avisarle a los Vargas Parra cada vez que los iban a allanar. Las sábanas con el detalle de las llamadas realizadas desde un teléfono fijo de la UR9, otro de la Fiscalía de Guzmán y el celular del propio Oyarzábal probaron la existencia de comunicaciones previas a los allanamientos, pero el fiscal Fernando Moine decidió archivar la causa contra el policía, que en el ínterin fue ascendido nada menos que a Jefe de Investigaciones de la UR9.
A mediados del año pasado, Rosa Sabena logró convencer en una audiencia in voce a los miembros de la Cámara Segunda del Crimen que archivar la causa contra Oyarzábal sería un error. El expediente volvió al despacho del fiscal Moine para que lo eleve a juicio oral, cosa que todavía no sucedió.
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2019 despuntó como el año más violento de la historia reciente de la ciudad: siete homicidios en un mes marcaron un récord difícil de explicar. Pero hubo uno que conmocionó a la opinión pública y aceleró una investigación por narcotráfico que mantiene en vilo a la comunidad: la madrugada del 16 de enero, el presunto jefe narco Claudio Torres era acribillado a balazos por un hombre que lo esperaba frente a su casa a bordo de un utilitario. Milagrosamente, su acompañante y presunto socio en el negocio de venta de drogas salió ileso. Se trata de Gabriel Bossi, esposo de Lucía Vargas Parra, todavía en prisión, condenada por la desaparición de Nicolás Sabena.
Quiso el destino -o la autoridad política de turno- que el encargado de investigar el crimen de Torres fuera el jefe de Investigaciones de la UR9, Gustavo Oyarzábal. El mismo que había sido denunciado por favorecer a los Vargas Parra; el mismo que permitió que Bossi preservara varios días el celular del narco asesinado en la puerta de su casa; el mismo que está preso por orden del juez federal Carlos Ochoa, que coordinó el mayor operativo anti drogas del que se tenga memoria en los últimos años en la ciudad.
El allanamiento a la UR9 por parte de fuerzas federales fue una postal indigerible para un Gobierno provincial que pretende revalidar títulos en las urnas en mayo próximo. Por eso, tras un mes de inexplicable silencio, el hombre fuerte de Juan Schiaretti en la Legislatura, Carlos Gutiérrez, se reunió con el juez Ochoa para expresarle “el total apoyo” de la administración provincial a la lucha contra el narcotráfico.
Un gesto marketinero que no resuelve el problema de fondo, ni revierte el negro historial que vincula desde hace décadas a la UR9 con el narcotráfico.
Carmen Tarres Comunicaciones