En septiembre de 2018 hubo un golpe financiero que logró, además de fugar miles de millones de dólares del país, devaluar la moneda. El peso argentino comenzó una espiral descendente que lo llevaría de veintitrés pesos a más de cuarenta en nuestros días. El golpe de mercado suponía un golpe mortal al relato de un clima positivo de contención de la inflación y crecimiento de la economía.

Los bancos y los grandes jugadores del golpe habían ubicado a sus hombres en cargos claves del Estado, desde donde podrían coordinar el tráfico de información e influencia para convertirlos en los grandes ganadores de la devaluación.

En estos días se preparan mejor. Los servicios de inteligencia – locales y extranjeros-, con la excusa de la droga, diseñan un nuevo montaje para torcer otro poquito la realidad, invitando a mirar hacia otro lado mientras asestan un nuevo golpe financiero, dando letra a quienes todavía se obstinan en defender la pureza de la cruzada de los rubios contra la “corrupción del gobierno anterior”.

Hicieron un listado de 200 empresas que están en la mira de las embajadas para sacarlas del juego de las jugosas licitaciones y los prósperos negocios. Pero allí la impunidad les jugó una mala pasada: olvidaron incluir en la lista a las principales empresas ya vinculadas en el relato a la corrupción. No las incorporan porque ya habían golpeado sobre ellas y sus dueños están en la cárcel.

El montaje incluyó a un personaje siniestro al que le asignaron el rol de chofer de un supuesto hombre clave en el esquema de la “corrupción del gobierno anterior”. Ese chofer contó, tres años después, que el auto en el que trasladaba al funcionario clave llevaba el dinero mal habido de un lugar a otro. El chofer tomó nota de las direcciones y fechas por donde pasaban y estimó montos y empresas de las que provenía el dinero. Todo muy prolijo, cual notario inglés devenido en servicio de inteligencia castigado en un país ubicado en el culo del mundo. Recolectó datos muy verosímiles de todos menos de los que ya estaban presos. O sea, pasó por las oficinas de todos, recolectó y distribuyó bolsos de todos, excepto de los que constituían el corazón de la “corrupción del gobierno anterior”. Un pequeño descuido.

El chofer escribió su increíble periplo en un cuaderno en una fecha en la que todavía no estaba en el mercado. Ergo, el puntilloso chofer viajó en el tiempo: fue al futuro, compró el cuaderno, volvió al pasado, hizo el curso de notario inglés y devino en el chofer de la corrupción. A tres años de terminar la faena que ejerció durante ocho, se arrepintió y le entregó sus cuadernos a un conocido, que a su vez se los prestó a un periodista.

Lo de la máquina del tiempo es tan burdo que se puede resolver fácilmente con una prueba sobre la tinta y el papel. Pero aquí otro problema: los cuadernos no están. Una ex esposa celosa y asustada quemó la única prueba y ahora solo hay fotocopias.

El montaje es acompañado con el encarcelamiento por primera vez en la historia de un vicepresidente de la Nación. Primer con prisión preventiva, luego con una condena que no está firme. Aducen que puede fugarse del país, pese a que acaba de ser padre de mellizos en Argentina, de donde nunca se fugó en los años que lleva el proceso en su contra.

Así comienza el show, un desfile interminable, berreta y macartista, importado a la colonia sudaca con guionistas de segunda clase y actores de reparto, ex funcionarios y empresarios de la construcción y la energía, que son detenidos, indagados y encarcelados de acuerdo a su funcionalidad con el libreto original.

Mientras todos miramos y discutimos esta fantasía absurda, el dólar pasa la barrera de los cuarenta pesos y la inflación es la más alta de las últimas décadas. Pero Macri y sus funcionarios siguen hablando de la “corrupción del gobierno anterior” mientras profundizan el saqueo y deterioro de las condiciones de vida de las mayorías nacionales.

¿Dónde está el límite del odio en un proceso de autodestrucción? Un dato importante en los procesos de saqueos es no tener que dar explicaciones. Porque explicar afectaría la imagen de los saqueadores ante la opinión pública y les impediría tutelar la crisis que ellos mismos generaron.