Once años atrás se decía que el gobierno popular había entrado “en guerra con el campo”. Miles de productores cortaban las rutas en protesta contra la resolución 125, discutida en el Congreso Nacional, que pretendía imponer retenciones móviles a la exportación de granos para incrementar la recaudación en dólares. Es sabido que el país necesita imperiosamente de la divisa norteamericana –que no imprime- para equilibrar la balanza de pagos y adquirir los bienes de uso importados requeridos mayormente por la industria.

La “guerra contra el campo” fue un parteaguas en la política argentina. La oposición hizo suyas las demandas de los productores agrarios y fue generando un clima destituyente, con cortes de ruta en todo el país que provocaron desabastecimiento en varias ciudades.

Las recordadas imágenes de camiones tirando la leche en el campo a modo de protesta llevaron a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a calificar aquella modalidad como “piquetes de la abundancia”, lo que no impidió que sufriera el mayor desgaste político de su mandato. El propio Alberto Fernández dio un portazo en desacuerdo con la forma en que se llevó adelante el conflicto. A escasos cinco días de asumir la presidencia, el entonces jefe de gabinete de Cristina Fernández enfrenta a los mismos actores, que amenazan volver a las rutas.

¿Qué hizo el presidente para desatar el primer conflicto de su gestión a menos de una semana de asumir? Actualizó por decreto el esquema de retenciones implementado por su antecesor. Pero lejos de explicar que se trataba de una mera actualización –producto de que el dólar se duplicó desde que Macri impuso las retenciones-, los medios de comunicación hegemónicos hablaron de “aumento en las retenciones”, alimentando de esa manera el malestar de los poco pacientes dirigentes del “campo”.

Las retenciones y “el campo”

Las retenciones tienen el propósito de conseguir soberanía alimentaria (que se apueste al mercado interno antes que a la exportación y evitar dolarizar los precios de los alimentos) y de redistribución de la riqueza (impuesto a la soja, que exporta el 95% de su producción). A diferencia del 2008, cuando la redistribución apuntaba a la construcción de hospitales y caminos, hoy se pide un esfuerzo al sector agropecuario para recomponer un tejido social deteriorado y frenar la caída de la economía producida por el breve gobierno de Cambiemos. Pero la respuesta del “campo” fue idéntica: un fuerte rechazo corporativo a que el gobierno “les meta las manos en el bolsillo”.

Ahora bien, ¿quiénes son “el campo”? Conviene precisar la definición para poder abordar la problemática con mayor rigor analítico. El campo es un espacio heterogéneo, compuesto por diversos actores socio-económicos: pequeños, medianos y grandes productores; terratenientes y trabajadores desposeídos de la tierra; empresas nacionales y transnacionales; productores del agronegocio y productores de modelos alternativos, etc.

Pese a tener representaciones múltiples, la mayoría de la gente asocia “el campo” a su sector dominante, afincado en la zona pampeana y representante del modelo agroexportador. Estos productores están representados por la Mesa de Enlace, que agrupa a la Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Rural Argentina. Fueron, son -y por lo visto serán- los principales opositores a los gobiernos populares, porque representan la concentración de la tierra y la superexplotación de los trabajadores rurales.

Pero no solo los grandes productores son “el campo”. También están las organizaciones agrarias populares, hoy aglutinadas bajo la consigna “Hay otro campo”, que luchan para ser visibilizadas. Además de buscar un mejor acceso a la tierra y mejores condiciones de producción, están a favor de las retenciones si éstas contribuyen a la redistribución de la riqueza. En general se trata de trabajadores no registrados -"en negro"-, que se ven obligados a vender sus tierras por no poder afrontar los altos costos de producción (dolarizados) y la imposibilidad de competir con los oligopolios que controlan los precios y la comercialización de alimentos. También proponen modelos alternativos respecto al medio ambiente, preocupación inexistente en empresas como Syngenta o Bayer-Monsanto, que contaminan tanto a consumidores como a productores con sus agroquímicos. Algunas de las organizaciones de este “otro campo” son MTE, UTT, Vía Campesina, Frente Agrario Evita, Federación Nacional Campesina, UTR, Grito de Alcorta y la novedosa Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federadas, nacida como resistencia al gobierno neoliberal de Macri.

Modelos para armar

El modelo agro-exportador es producto de siglos de dominación de las potencias centrales en la Argentina, que consiguieron instaurar un orden interno favorable a través de su alianza con las oligarquías terratenientes. Solo cuando los países centrales entraron en crisis se abrieron oportunidades para impulsar un modelo distinto, que fortaleciera la soberanía a través de la creación de industrias nacionales. Pero este proceso no consiguió la continuidad política necesaria para cortar la dependencia de las divisas provenientes del sector primario. El último gran proyecto de conformar una burguesía nacional fue encabezado por el empresario José Ber Gelbard. Pero el ministro de Perón terminó perseguido y su modelo fue desarmado por la dictadura genocida de 1976. En la primera presentación de su libro “Sinceramente”, Cristina evocó a Gelbard como ejemplo para la articulación de un nuevo pacto social.

La configuración de las relaciones de poder actuales genera que, cuando se habla del “campo”, se refiera a su sector hegemónico, homogeneizando a los diferentes actores y ocultando las diferencias políticas, sociales y sobre todo económicas que existen en las zonas rurales. El gobierno popular tiene que sentar a una misma mesa a todos los actores para combatir el hambre, pero también equilibrar la balanza y lograr un esfuerzo equitativo en un país profundamente desigual. En Argentina, el 30 por ciento de la tierra pertenece al uno por ciento de la población; el 80 por ciento de la comercialización de soja está en manos del 10 por ciento de las empresas. La concentración económica del sector motivó que entre 2002 y 2018 la cantidad de productores agropecuarios se redujera un 30 por ciento. Y la mayor paradoja: Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero no es capaz de alimentar a sus 50 millones de habitantes.

El problema es estructural.

¿Por consenso?

Los productores agrupados en la Mesa de Enlace ya se movilizaron en diferentes lugares del país, sin disimular su intención de equiparar esta protesta con la recordada “guerra del campo” contra el kirchnerismo. "Otra vez aparecen las viejas prácticas políticas. En la modificación de los derechos de exportación, más allá de los números y porcentajes, lo que molesta es la forma, sin consenso, sin diálogo, volviendo al pasado, volviendo a la imposición", advirtió el vicepresidente de la Federación Agraria. Omite que la actual medida es solo una actualización de la establecida por decreto del ex presidente Mauricio Macri, el mismo que había prometido la eliminación de las retenciones.

La doble vara queda expuesta. El sector dominante ruralista no está dispuesto a abandonar sus privilegios ante un gobierno peronista. El gobierno popular debe tener conciencia de esto y no pecar de inocente. El consenso encuentra sus límites cuando se piden esfuerzos económicos. Si una actualización del valor de las retenciones genera tanta tensión, ¿qué pasará cuando se plantee en serio la redistribución de la riqueza?

La disímil relación de poder requiere inteligencia política. El núcleo duro opositor que enfrenta Alberto está signado por la postverdad y se alimenta de discursos que promueven un odio ciego. Basta con poner la letra "k" al lado de un nombre para demonizar a un dirigente. Hay además una ética anti-populista: la corrupción solo es admitida si sos peronista; si sos empresario sos honesto, aunque hayas amasado tu fortuna en negocios dudosos con el Estado.

Esta lógica ha sido impuesta en parte por el “periodismo de guerra” llevado a cabo durante el gobierno kirchnerista por los medios hegemónicos. Problema que tendrá que resolver Alberto, porque la lógica no ha cambiado. En el caso del conflicto con “el campo”, el gobierno no ha sabido darles argumentos a los pequeños y medianos productores para evitar que la única voz cantante sea la de los grupos concentrados, es decir, el uno por ciento de los terratenientes.

Además de segmentar y diferenciar a los pequeños y medianos productores para evitar que la Mesa de Enlace termine homogeneizando un reclamo que no los debería contener, Alberto deberá enfrentar el discurso monolítico y engañoso de los medios hegemónicos. No sirve buscar el consenso de un sector que no quiere escuchar. Hay que correr la grieta, ensancharla hacia el lado de los proyectos inclusivos y enangostarla del lado de quienes proponen una patria chica. No se puede ser ecuánime ante la grieta, porque las fuerzas de ambos lados no son equivalentes. Y el gobierno –el Estado- está para ayudar a los débiles.

No es que falte un modelo para los pequeños y medianos productores. Lo que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa de discusión. Ya en 2008 Cristina pedía “un campo que genere materias primas, pero para agregarle valor en nuestro país, para generar puestos de trabajo y fortalecer nuestra economía”. Con el modelo de reprimarización no hacemos más que fortalecer la dependencia de las economías centrales, lo que favorece al uno por ciento de terratenientes, que tienen su cartera en dólares y mejoran su rentabilidad con la especulación antes que con las inversiones productivas.

Hay que conquistar la subjetividad de los medianos y pequeños productores para evitar que el sentido común responda a los parámetros impuestos por la oligarquía.

Las representaciones del “campo”

Las representaciones del “campo” se producen en el imaginario social popular a través de los medios hegemónicos y de las Facultades de Agronomía, donde prima la visión utilitarista de la tierra. Periodistas y profesores son intelectuales orgánicos que reproducen la ideología dominante. Construyen un ideal de productor rural sumido al modelo agroexportador al tiempo que invisibilizan a quienes lo padecen, generando una imagen homogeneizante del “campo” que oculta las diferencias internas. Renuevan permanentemente la teoría de las ventajas comparativas -pilar de la economía política clásica liberal- proponiendo la no industrialización de Latinoamérica, su dedicación a la producción y exportación de bienes primarios, profundizando así la dependencia del mercado internacional.

Uno de los desafíos que genera el conflicto con “el campo” es precisamente desmitificar este tipo ideal de productor. Herramientas sobran: los indicadores del trabajo rural están en baja hace tiempo, pero el gobierno de Mauricio Macri profundizó las diferencias. Juan Manuel Villulla muestra que esta profundización de las desigualdades se reflejó electoralmente en distritos que representan el núcleo sojero más fértil del país: pueblos rurales de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos apoyaron a la fórmula de los Fernández. Es que entre 2016 y 2019 los trabajadores rurales pampeanos perdieron 34 puntos de sus salarios reales, mientras que los empresarios agrarios echaron el 10 por ciento de su personal entre 2011 y 2019 (lo que además desmiente el mito de que el agro es generador de trabajo).

El modelo agroexportador propone el avance de la maquinización de la producción, por lo que “el campo” es incapaz de dar respuesta a la pobreza, el desempleo y el hambre. Hay que mostrar esas desigualdades y avanzar hacia un “campo” más justo.

Hay que mostrar la complejidad del sector y desmitificar los discursos que tributan homenaje a la patria sojera. Ser graneros del mundo nunca significó la felicidad del pueblo, sino la profundización de la dependencia a través de la toma de deuda. Cuando éramos el granero del mundo nuestros trabajadores eran molidos a palos y se les negaban todos sus derechos.

No se puede esperar otra cosa del capitalismo que no sea la romanización de la opresión. Nuestra tarea militante es desnudar estos conflictos hasta que sea imposible mirar hacia otro lado.