Durante su histórico mensaje a la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández dedicó algunos párrafos a definir la que será su política de comunicación. Se quejó del excesivo gasto publicitario de la administración anterior - ¡nueve mil millones de pesos! -, anunció que impulsará mensajes pedagógicos antes que propagandísticos y dijo que terminará con las pautas a periodistas por fuera de los medios en los que trabajan. Son tres ejes que indican un claro cambio de criterio respecto del gobierno de Cambiemos, pero que aparecen todavía insuficientes para enfrentar un escenario mediático hiper concentrado que se consolidó sobre las ruinas de un mercado laboral pauperizado. 

Aunque sabe que camina sobre campo minado, no está claro si Fernández tiene cabal dimensión del desastre producido los últimos cuatro años por un gobierno que empezó su gestión amputando por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -la de mayor consenso social de la recuperada democracia argentina- y la terminó con más de cinco mil periodistas en la calle. En otras palabras, la pesada herencia de Cambiemos consiste en la consolidación de medios poderosos y concentrados con periodistas pobres y precarizados, lo que redunda en un pobrísimo horizonte comunicacional de insoportable homogeneidad.

Se trata de un universo mediático que no tuvo empacho en blindar al macrismo hasta el paroxismo -al punto que hacerlos creer que podían ganar las elecciones- y que se pintó la cara para horadar sin tregua y sin pausa al flamante gobierno popular. ¿Está preparado el presidente Fernández para enfrentar un escenario mediático bélico similar al que padeció su ahora vicepresidenta durante sus dos gestiones al frente del Poder Ejecutivo? ¿Aprendió de los errores de su antecesora? ¿Será capaz de retomar sus aciertos?

Es sabido que Alberto no comulga del todo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que entiende el devenir de las empresas periodísticas en un sentido casi estrictamente comercial. Pero a esta altura no puede desconocer que el armisticio que le propuso al CEO de Clarín y al resto de los medios hegemónicos durante la campaña electoral le fue respondido con un renovado “periodismo de guerra” que se ocupó de sus viejas deudas de expensas, pasando por su falta de autoridad y su autoritarismo, según entienda el monopolio los vaivenes de su relación con Cristina Fernández de Kirchner. 

Cortar de cuajo las pautas oficiales a periodistas es una medida acertada y apunta al corazón mismo de la corrupción (o la corruptela, aunque se manejan cifras abultadas). Con solo revisar los datos oficiales se revelan los motivos profundos -constantes y sonantes- de la camaleónica transformación de ex periodistas críticos al macrismo militante. El absurdo de que distintos entes públicos alimentaran ignotas páginas web de estrellas televisivas y/o radiales era no solo un condicionante editorial para los beneficiarios, sino un escandaloso subsidio indirecto a las empresas que los fagocitan, que ahora deberán (re)negociar con sus periodistas el costo real de un alineamiento al que aparecían naturalmente predispuestos.

La efectividad de este cambio de reglas con los medios de comunicación dependerá en buena medida del éxito de la intervención en la AFI y la imprescindible reforma judicial en ciernes, de modo tal que la depuración en marcha alcance a las tres cabezas de la Hidra del Lawfare: los medios, la corporación judicial y los servicios de inteligencia. 

Mientras tanto se impone un replanteo profundo de los criterios de distribución de la publicidad oficial que tienda a equilibrar la balanza entre los grandes pulpos de la información y los miles de pequeños medios mal llamados alternativos, a fomentar los contenidos locales por sobre los mal llamados “nacionales” y tender a una verdadera federalización de la información. Rescatar la comunicación estatal y los medios públicos del ostracismo al que los condenó la nefasta política de desguace del inefable Hernán Lombardi será una tarea primordial y son tan auspiciosas las designaciones de Bernarda Llorente (Télam), Rosario Lufrano (TV pública) y Alejandro Pont Lezica (Radio nacional) como incontrastable el hecho de que son todos tan porteños como el presidente. ¿Y el federalismo?

Alberto Fernández es un gran comunicador, pero la comunicación oficial no debería depender de su habilidad para desairar a los periodistas opositores cada vez que va a un set de televisión. La inolvidable lección de civismo que le dio a Mario Pereyra en los estudios de Cadena 3 antes de las PASO marcaron un punto de inflexión en su camino hacia la Casa Rosada. Esa mañana Alberto dejó de ser “el candidato de Cristina” para convertirse en el candidato de todos y asumir plenamente el protagonismo de la campaña electoral. Y lo hizo en la emisora más escandalosamente favorecida por la publicidad oficial de todas las jurisdicciones -nacional, provincial y municipal- y ante el vergonzante silencio de su periodista estrella, Miguel Clariá, eclipsado por la incontinencia verbal del irascible Pereyra. Tener el as de espadas pierde sorpresa y efectividad si se utiliza en todas las manos.

Minimizar la importancia de la comunicación política es tan peligroso como pensar que se puede gobernar a través de las redes sociales engañando a la gente, como creyeron los discípulos de Durán Barba. Ya advertía Abraham Lincoln que se puede engañar a muchos algún tiempo y a algunos mucho tiempo, pero no es posible engañar a todos todo el tiempo. La batalla por el sentido común -que como advertía Mario Benedetti no siempre es el más común de los sentidos- requiere de comunicadores avezados y comprometidos. Que escuchen y sean escuchados, que se anticipen a la lógica del “periodismo de guerra” y hagan llegar la verdad por todos los medios a su alcance. Solo así se evitará la permanente deformación de la realidad que lleva a que la gente piense -y repita- que revertir la distribución regresiva de la riqueza es un golpe a los jubilados o que un impuesto progresivo es un “impuestazo” que afecta a todos por igual.

La prioridad es la batalla contra el hambre, pero la urgencia no debería hacer que el gobierno descuide la disputa del sentido común. En solo dos años Alberto tendrá que revalidar pergaminos en las urnas y si su comunicación no es clara habrá permitido para entonces que renazcan de sus cenizas los agoreros del odio, la división y el marketing de la mentira.