Hacía mucho tiempo que el Poder Judicial de Río Cuarto no exhibía sus miserias en forma tan grosera y ostentosa como la semana pasada, cuando condenó sin pruebas al albañil Sergio Medina como autor material del homicidio de Claudia Muñoz. El fallo, insólito por donde se lo mire, generó una nutrida movilización de protesta y el estupor generalizado de un pueblo que intuye que estamos ante un nuevo “perejil” elegido por la corporación judicial para salvar su propia ineficacia investigativa.

Sin conocer todavía los fundamentos del fallo, que se darán a publicidad la segunda semana de marzo, y a sabiendas de que todos, por distintas razones, apelarán la sentencia, urge reflexionar sobre un proceso judicial -¡otro más!-verdaderamente kafkiano: un fiscal que pide la absolución del acusado por falta de pruebas, pero ensalza la pésima investigación de su colega Fernando Moine y dice que le duele el alma no poder acusar a quien intuye culpable; un jefe de investigaciones que concurre a declarar esposado porque tiene cuentas pendientes con la Justicia por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado; un tribunal que acuerda con el jurado popular condenar al acusado pero le impone la pena mínima, pese al evidente ensañamiento de las 33 cuchilladas que terminaron con la vida de Claudia Muñoz.

El resultado de este increíble proceso muestra la crisis terminal del propio Poder Judicial. Crisis que nos pone en peligro a todos, sencillamente porque son ellos –estos impresentables actores que protagonizaron el mayor grotesco judicial del año- quienes deciden sobre nuestros bienes y –lo que es mucho más grave- sobre nuestra libertad. Y lo hacen siempre, inexorablemente, con un criterio desvergonzadamente clasista y corporativo.

Indemnizados

¿Corregirá el Tribunal Superior de Justicia la bárbara condena a Sergio Medina? ¿O buscará extender la sibilina teoría del mal menor, la defensa del espíritu corporativo y la equidistancia que no convence a nadie? Los precedentes no favorecen al máximo órgano judicial de Córdoba.

El año pasado, la misma semana que los hijos de Marcelo Macarrón fueron indemnizados por esta revista por el supuesto daño moral producido por ventilar cuestiones privadas –Facundo había sido imputado como autor material del crimen de su madre-, se despacharon con declaraciones y fotografías familiares en La Voz del Interior y Puntal para apoyar a su padre, imputado como autor intelectual del homicidio de Nora Dalmasso.

Facundo y Valentina Macarrón cobraron los 240.000 pesos de indemnización que ordenó pagar el Superior Tribunal de Justicia a esta revista por haber violado su intimidad. Y esa misma semana exhibieron impúdicamente esa intimidad –incluidas fotografías de la madre de la víctima- en los diarios de mayor circulación de la provincia.

Para el Tribunal Superior de Justicia, la única forma de salvar las bárbaras condenas contra esta revista producidas por la corporación judicial de Río Cuarto en primera y segunda instancia era excluir al viudo –por entonces ya imputado como autor material del crimen de su esposa- de la indemnización y mantener la “reparación moral” a los hijos de la víctima. No importa que –como seguramente quedará probado en el juicio- su estrategia haya sido siempre monolítica y coherente con la de su padre, principal sospechoso –hoy único imputado- del homicidio de Nora Dalmasso. Con esto quiero advertir que el problema del Poder Judicial de Río Cuarto, lamentablemente, no se circunscribe a los actores del papelón que acaban de protagonizar en el juicio por el homicidio de Claudia Muñoz. El problema de la falta de justicia es de la cabeza misma del Poder Judicial. Y esto es doblemente grave, porque serán ellos los que tendrán la última palabra sobre la insólita condena sin pruebas de un hombre que, por su sola condición de albañil y sospechoso funcional al poder (corporativo), ya llevaba dos años preso.

No es exagerado plantear que tras el absurdo y temerario fallo del caso Muñoz, todos vivimos desde ahora en libertad condicional. Y lo triste es que no es una situación local, ni excepcional, sino generalizada. "Alguien en el Gobierno debe estar pensando qué hacer en la Justicia, no es solo para que salgan los presos que no deben estarlo, sino para que no amenacen a ninguno de los 44 millones de argentinos”, advirtió recientemente el jurista Eugenio Zaffaroni al referirse a la situación de los presos políticos que dejó el macrismo, detenidos en forma arbitraria por el supuesto riesgo procesal que su “poder residual” implica para las investigaciones que pesan sobre ellos (“doctrina” Irurzun). ¿Cómo iba a explicar la corporación judicial de Río Cuarto la prisión preventiva de Medina, que esperó durante dos años que se hiciera el juicio sin otras pruebas que los débiles indicios recogidos por un fiscal ineficiente y un policía corrupto? ¿Fue en realidad la insólita condena –como el cínico alegato del fiscal Rivero- una defensa corporativa de la falta de idoneidad de Moine y la fuerza policial? La respuesta es ciertamente inquietante.

La corporación

¿Es excepcional este juicio que dejó al desnudo las falencias del Poder Judicial de Río Cuarto? Más bien al contrario. Esta misma semana comienza en Córdoba el juicio a la ex funcionaria de Benigno Rins María Pía Cardoso, miembro de una asociación ilícita que utilizaba la base de datos de indigentes del municipio para montar un sistema de evasión impositiva que favorecía a grandes propietarios de campos en la zona. El juicio se hará porque lo instruyó el juez federal Carlos Ochoa. En Río Cuarto, en cambio, los protagonistas del affaire del Banco Francés que permitieron que se conociera la operatoria trucha tuvieron que soportar un fallo bochornoso del fuero provincial que, además de sobreseer a Cardoso, cuestionó moralmente la conducta de la mujer que denunció a Cardoso.

El vergonzoso juicio por el caso Muñoz abre un año judicial que posiblemente cierre con otro proceso largamente esperado: el del homicidio de Nora Raquel Dalmasso, que tiene como acusado a su esposo Marcelo Macarrón.  Antes de esta acusación, el viudo había sido imputado como autor material del crimen. Pero ninguno de los fiscales que lo acusaron del cobarde femicidio de su esposa pidió su detención. Para el Poder Judicial de Río Cuarto no es lo mismo pedir la detención de un traumatólogo que vive en el selecto barrio de Villa Golf que el de un albañil de Las Albahacas. O el de un pintor de  brocha gorda, como el “perejil” Gastón Zárate.

A diferencia de Sergio Medina –acusado de homicidio simple-, Macarrón llegará al juicio en libertad, pese a estar acusado de un crimen con múltiples agravantes que prevé una pena de prisión perpetua.

Cuando por fin se siente en el banquillo de los acusados, Macarrón enfrentará al mismo tribunal –con excepción de Virginia Emma, recusada por su abogado- que condenó sin pruebas al “perejil” del caso Muñoz.  Y será acusado por el mismo fiscal de Cámara –Julio Rivero- que pidió la absolución del albañil porque lo asaltó la misma “duda insuperable” que en su momento le impidió procesar al ex vocero Daniel Lacase por pagar la estadía del comisario Rafael Sosa y su comitiva policial, que llegaron a Río Cuarto para cerrar el caso Dalmasso inculpando al “perejil” Gastón Zárate.

Con los mismos actores, ¿se puede dar un resultado diferente? Si la familia de Nora no designa un abogado que los represente como querellantes y al fiscal Rivero lo vuelve a asaltar la “duda insuperable”, el camino de Macarrón hacia el sobreseimiento sería inexorable.

Pero si el titubeante fiscal cumple con su misión de acusar en base a las pruebas del expediente –o de las que pueda producir durante el debate- y/o la familia designa por fin un abogado querellante, el viudo se encaminaría hacia una segura condena porque el tribunal será casi el mismo que acompañó la decisión de un jurado popular lego.

A diferencia del caso Muñoz, el desenlace del esperado juicio por el crimen de Nora Dalmasso  trascenderá el escándalo citadino para exponer al resto del país las recurrentes miserias del cordobesismo judicial.