Febrero de 2020. La pandemia del coronavirus está al acecho, pero nadie lo sabe, ni puede imaginarlo. El Covid 19 es todavía una noticia difusa, improbable, perdida en las crónicas internacionales de algunos medios de comunicación. En la ciudad de Córdoba hace calor. María Pía Cardoso -camisa blanca, jean gastado, pelo recogido en una coleta de caballo-, baja instintivamente la cabeza, como si con ese gesto -casi un acto reflejo- pudiera eludir las cámaras que la enfocan obsesivamente durante un par de minutos. Está en una lóbrega sala de los tribunales federales de Córdoba, entre largos bancos de madera, rodeada por varias personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos tributarios. Le imputan haber sido parte del engranaje delictivo como reclutadora de pobres, infelices sin destino a los que les prometía una pensión a cambio de hacerles firmar papeles en blanco. Luego los inscribía como monotributistas en la AFIP, los acompañaba al banco y les hacía endosar cheques.

Según los fiscales federales Carlos Gonella y Facundo Trota -que reemplazaron al inefable Guillermo Lega, suspendido por las denuncias de acoso sexual y laboral en su contra-, el jefe de la banda que utilizaba indigentes para evadir impuestos era el productor agropecuario Atilio Mengo, con la complicidad de sus hijas Francina y Luisina, los financistas Leonardo Petiti y Gabriel Ludueña -de la firma Gordon S.A.- y los empresarios Eduardo Meta, Sergio Bertoni y Sebastián Barreiro.

En el esquema delictivo descripto por los fiscales, María Pía Cardoso, Hugo Agüero, Claudio Fabián Giles y Vanesa Moyano actuaban como “reclutadores” de indigentes. Aportaban el último y más importante eslabón para consumar la estafa. Según la acusación, la entonces funcionaria del área municipal de saneamiento de títulos y sus socios inscribieron más de medio millar de indigentes como productores agropecuarios. Una verdadera revolución productiva en el corazón mismo de la pampa sojera que, llamativamente, no fue detectada por la AFIP.

La maniobra tal vez nunca hubiera sido descubierta si no se hubiera producido el escandaloso episodio que protagonizaron María Pía Cardoso y dos de sus “reclutados” en la sede del Banco Francés de Río Cuarto, a media mañana y en pleno centro de la ciudad.

La denuncia de aquel escándalo fue realizada el 27 de noviembre de 2007.

Pasaron casi trece años.  

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-Pensé que me lo mataban-, me dijo Nilda Romero en febrero de 2008, cuando la entrevisté para esta revista. En su modesta vivienda, la madre de Osvaldo Príncipe revelaba que aquél verano su hijo se recuperaba de un grave accidente de moto que le había provocado una fractura de cráneo. Al joven no le cerraba que su madre hubiera tenido que firmar papeles en blanco para cobrar una pensión, como le habían prometido y esa mañana, como tenía que ir a control médico, aprovechó para acompañarla. El testimonio de su madre sería clave para entender la operatoria de Cardoso y sus cómplices. Nilda contó que hacía un tiempo había sido contactada por una mujer -presumiblemente Vanesa Moyano- mientras hacía la cola en una vecinal de Banda Norte para retirar un bolsón de alimentos. Esa mujer la contactó a su vez con “el porteño” Agüero, quien se presentó como “puntero de Rins” y le pidió una fotocopia de su documento. “Es para gestionar su jubilación”, le prometió.

Algunas semanas después Agüero la citó en el edificio de la AFIP junto a otras seis personas. Todos sacaron número, pero Agüero les indicó a todos que fueran al mismo box. Cuando llegó su turno, Nilda firmó unas planillas en blanco. Le llamó la atención que las planillas tuvieran fecha del mes anterior. A los pocos días, Agüero la volvió a citar y la acompañó a una escribanía ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al 1200, donde firmó 16 hojas en blanco.

El tercer llamado del “porteño” fue el más esperado: le dijo a Nilda que debía presentarse a cobrar su jubilación en el banco y que recibiría tres mil pesos porque incluía un retroactivo.

Agüero la citó en el ex Correo junto a otros seis indigentes. Esperaron varias horas hasta que, cerca del mediodía, llegaron Cardoso y Petiti, que justificó su demora porque venía de Córdoba.

- Le vamos a entregar un cheque a cada uno. Tienen que pasar por ventanilla y endosarlo, firmarlo atrás. Después nosotros los vamos a contactar para entregarles una tarjeta de débito para que puedan cobrar desde un cajero automático-, les explicó el cordobés.

- Vos esperá afuera pibe-, le ordenó Agüero al joven Príncipi cuando quiso ingresar con su madre.

Al igual que en la AFIP, todos debían pasar por la misma ventanilla. Minutos antes, Petiti los hizo endosar los cheques. A Príncipe le llamó la atención que apretara tan fuerte los cheques contra la mesa, de modo que resultaba imposible para el firmante leer el importe. Nilda le pidió correrlo un poco para poder firmar de costado. Cuando el cheque se dio vuelta, alcanzó a divisar el monto: ¡40.000 pesos!

- ¡Son cuarenta mil pesos! -, vociferó, entusiasta, mientras le extendía instintivamente el cheque a su hijo, que había desoído la advertencia del “porteño” y estaba a su lado.  

Príncipe alcanzó a tomar el cheque y lo apretó con todas sus fuerzas. Hasta que una andanada de golpes y carterazos lo obligó a protegerse instintivamente con sus brazos. Cuando Nilda vio que Cardoso le pegaba en la cabeza a su hijo con su cartera para evitar que se llevara el cheque, temió lo peor: “Pensé que me lo mataban”.

Su hijo soltó el cheque y salió presuroso del banco. Fue a buscar un abogado.  Asustada primero, indignada después, Nilda y su hijo concurrieron a la Unidad Regional 9 de la Policía de Río Cuarto para denunciar a Cardoso, Petiti y Agüero por lo sucedido esa mañana en el Banco Francés.

El episodio había sido transmitido prácticamente “en vivo y en directo” por el programa de radio “Una de noticias”, que conducía Guillermo Geremía en la FM Gospel. “Yo hacia un programa que iba de 13 a 14. La productora era Gisela Benítez, que pasó por el centro cuando venía para el programa y me comentó que había un lío bárbaro en el Banco Francés y que le pareció ver al fiscal Rivero”, recordó el periodista.

Avisado de la trifulca, el fiscal Julio Rivero había recorrido raudamente las tres cuadras que lo separaban del banco y ordenó cerrar las puertas de la entidad para tomarle declaración a los testigos del incidente. También secuestró los cheques que esa mañana habían endosado los siete indigentes reclutados por la banda de Cardoso. 

Rivero confirmó que el cheque que había visto Nilda era, efectivamente, de 40.000 pesos y estaba a su nombre. Los otros seis cheques secuestrados eran de 48.000 pesos.

Los siete indigentes reclutados por Cardoso sumaban la friolera de 328.000 pesos, es decir, más de un cuarto de millón de pesos.

Algo olía mal en Río Cuarto.

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María Pía Cardoso Magri -como le gusta figurar en las revistas del corazón- contaba con el aval político del intendente Benigno Rins, que la designó al frente de área de saneamiento de títulos del municipio. Aunque en realidad debía su debut en la función pública al irascible Pedro Rossi Jaume, un conocido abogado del foro local que era íntimo amigo del intendente, al punto de haberlo acompañado en sus tres períodos de gobierno como fiscal municipal.  

El diario La Mañana de Córdoba le atribuyó a Rossi Jaume, en febrero de 2005, la creación de la Oficina de Regularización de Títulos Públicos, que funcionaría bajo la órbita de Vivienda del municipio.  Su primera funcionaria fue María Pía Cardoso, con quien ya tenía una relación laboral. En su estudio jurídico, ubicado en Deán Funes al 400, en el macrocentro de la ciudad, la hasta entonces ignota abogada cobraba las multas de tránsito de los infractores morosos.

Rossi Jaume, un viejo radical conservador cuyo hosco retrato todavía adorna las paredes del Colegio de Abogados de Río Cuarto -del que fue varias veces presidente-, había contratado como empleado “todo terreno” al reclutador Agüero en la coqueta quinta que los letrados riocuartenses tienen camino a Las Higueras. En la causa judicial, “el porteño” Agüero fue sindicado en forma unánime como un connotado puntero político del radicalismo.

Pese a la cercanía ideológica y funcional de Cardoso con el intendente y su inseparable fiscal municipal, ni Rins ni Rossi Jaume resultaron implicados en la causa judicial por el escándalo de los cheques. Ni siquiera declararon como testigos. Pero el penoso episodio conocido como “el escándalo de los cheques” y su enorme repercusión mediática puso fin a aquella añeja amistad. De hecho, la reacción de los ex amigos fue diametralmente opuesta: mientras al intendente no le tembló el pulso para dejar cesante de inmediato a Cardoso, Rossi Jaume la acogió otra vez en su estudio jurídico.

Casi dos años antes, la fiscalía municipal había quedado a cargo del abogado Hernán Di Santo, hermano del fiscal que en noviembre de 2006 cobraría notoriedad en todo el país por la pésima instrucción de la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

También María Pía Cardoso.

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En junio de 2008, siete meses después del incidente en el Banco Francés, el juez federal subrogante Carlos Valentinuzzi ordenó la detención de Atilio Mengo, sus hijas y una decena de personas implicadas en lo que consideró una asociación ilícita fiscal, entre ellas María Pía Cardoso. Carlos Ochoa, por entonces secretario penal del juzgado, no podía imaginar que la causa sería una de las más complejas que le tocaría instruir como juez, cargo al que finalmente accedió en noviembre de ese año. “La causa tuvo más apelaciones que la de las explosiones en la fábrica militar de Río Tercero”, admite el juez para intentar una explicación racional a los casi trece años que separaron la investigación de la sentencia.  

En su alegado, el fiscal Carlos Gonella hizo un cálculo que abona la explicación del magistrado: la causa tuvo un promedio de 6,8 incidentes procesales por año, es decir, casi un incidente por mes (si se descuenta la feria judicial). Cada incidente supone la paralización de la causa que decide la instancia superior -la Cámara Federal-, que suele tomarse su tiempo.

Más de cuarenta incidentes de apelación ante la Cámara Federal, ocho ante la Cámara de Casación Penal y dos recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación formaron parte de la artillería legal utilizada por los defensores de los acusados. “La demora no es producto de la morosidad judicial. Acá hubo dos grandes responsables: el propio sistema procesal, que permite apelaciones ilimitadas. Y los siete u ocho estudios jurídicos de Buenos Aires y Córdoba que siempre incidentaron (sic) la causa”, explicó a esta revista una fuente cercana al expediente.

A esta mora impulsada por las partes, Ochoa debió sumar la actitud reticente y por momentos díscola del fiscal Guillermo Lega, hoy trasladado, suspendido y al borde de un juicio político por las denuncias en su contra por maltrato y acoso laboral y sexual a sus empleados.

Con estos antecedentes, que hoy se haya dictado sentencia es casi un milagro, que fue posible merced a la prolija instrucción del juez Ochoa -un especialista con varias publicaciones sobre la Ley Penal Tributaria- y la lúcida intervención final de los fiscales Gonella y Trotta, amén de la tardía pero sólida actuación de los abogados querellantes de la AFIP y de la abnegada Nilda Romero, la mujer que descubrió la punta del iceberg y se mantuvo firme, sobreponiéndose incluso al temerario reproche que el juez provincial Oscar Testa le hizo en la vergonzosa sentencia que absolvió a Cardoso y Petiti del delito de “lesiones leves”.

Paradójicamente, la estrategia dilatoria de los abogados de los acusados terminó favoreciéndolos. Por haber pasado tanto tiempo desde que se cometió el delito, los fiscales pidieron cuatro años y ocho meses de prisión para María Pía Cardoso, apenas un año por encima del mínimo previsto por la ley (tres años y seis meses) y cinco menos de la pena máxima, que es de ocho años. El tribunal bajó aún más le tímido pedido de los fiscales y condenó a la mediática abogada a tres años y ocho meses de prisión.

A las chicanas judiciales de los abogados defensores y la inoperancia del fiscal Lega se sumó en el intrincado proceso la actitud asumida por los propios imputados: Atilio Mengo, el jefe de la banda, estuvo prófugo más de seis meses, hasta que una brigada especial lo encontró y lo detuvo en Mendoza; María Pía Cardoso, que por esos días ostentaba sus elegantes prendas paseando del brazo del viudo más famoso del país, desapareció de escena y dejó de atender el teléfono.

Al no poder ubicarla, el juez Ochoa ordenó que una comisión policial se apostara con la mayor discreción posible frente a la coqueta vivienda de Marcelo Macarrón en Villa Golf. Al otro día se develó el misterio: cuando la sigilosa inquilina se asomó para despedir al traumatólogo, fue reconocida por los oficiales de civil. Unas horas más tarde, la policía federal allanaba la casa más famosa del país y detenía a María Pía Cardoso.

Macarrón no hizo declaraciones a los medios, ni la llamó por teléfono, ni la visitó en la cárcel de Río Cuarto, donde la ex funcionaria pasó más de cien días detenida.

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Este mediodía, el Tribunal Oral Federal número uno, integrado por los jueces Julián Falcucci, Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier leyó la sentencia del caso conocido a Río Cuarto como el “escándalo de los cheques”. Atilio Mengo, sindicado como el jefe de la asociación ilícita fiscal para cometer delitos tributarios -que consideraron probada-, recibió una pena de siete años de prisión, inhabilitación para ejercer el comercio de granos y una multa de 90.000 pesos; sus hijas Francina y Luisina -consideradas coautoras-, fueron condenadas a cuatro años de prisión; lo mismo que Guillermo Barreiro y Sergio Bertoni; Eduardo Meta deberá cumplir cuatro años y dos meses detenido y fue inhabilitado para ejercer la actividad financiera por el mismo período de tiempo, igual que su socio Fabián Petiti;  Gabriel Ludueña fue condenado a tres años y ocho meses de prisión, lo mismo que María Pía Cardoso, ambos como partícipes necesarios de asociación ilícita fiscal. El resto de los imputados -Vanesa Moyano, Hugo Agüero, Fabián Giles-, fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, en tanto que Diego y Gabriel Meta resultaron absueltos.

De cumplirse la sentencia, María Pía Cardoso -a quien además le confirmaron la prohibición de salir del país- deberá cumplir al menos dos tercios de la condena, es decir, dos años y cuatro meses. Tal vez incluso un poco menos si le computan a su favor los cien días que estuvo en la cárcel de Río Cuarto con prisión preventiva. 

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que mientras la condena no esté firme -se descuenta que apelará el fallo-, María Pía Cardoso seguirá disfrutando su libertad.

Como lo viene haciendo desde hace casi 13 años.