Cuando se presentaron al concurso regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para acceder al fondo fiduciario destinado a la lucha contra la violencia contra las mujeres, los directivos del Centro de Intercambio Subregional Cono Sur (Ciscsa) no imaginaron que tendrían que implementar su proyecto -pensado para trabajar en territorio- en medio de una pandemia mundial y con severas restricciones de circulación comunitaria para evitar el contagio del coronavirus. Pero decidieron seguir adelante, conscientes de que las medidas de aislamiento social y el obligado encierro en los hogares potenciaron aún más los factores que desencadenan la violencia contra las mujeres.  

“Aspiramos a trazar un mapa de las ciudades prohibidas de las mujeres, que nos permita ver las consecuencias de la violencia en mujeres y diversidades en esos territorios; detectar cuáles son las restricciones para transitar el espacio público, hacer vida política o simplemente recrearnos; entendemos que el cuerpo es la base de la dominación y el sometimiento y por tanto precisar el alcance de la “dueñidad” que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres”, explicó la presidenta de CISCSA, Ana Falú, durante la presentación virtual que se realizó por zoom y de la que participaron funcionarios, intendentes y autoridades de los municipios de Villa María, Cruz del Eje y Río Cuarto, las ciudades elegidas para poner en marcha el programa aprobado por Naciones Unidas.

Desde Río de Janeiro, el representante del programa ONU-Hábitat, Elkin Velásquez, destacó la necesidad de bregar por lo que definió como una “economía del cuidado” y destacó el aporte de las mujeres en este sentido: “Necesitamos innovación en territorios para lograr una inclusión sostenible para los nuevos colectivos”, advirtió. También se mostró optimista sobre los resultados que arrojará el proyecto “Somos territorio” -cuya ejecución está prevista para el bienio 2020/2022- para después ampliarlo a otras ciudades de América Latina.

“Nuestro marco teórico es un territorio libre de violencias. Aspiramos a contribuir, con distintos instrumentos, a visibilizar que los espacios no son iguales para hombres y mujeres. Hablamos de territorios urbanos, pero también rurales y semi rurales, porque estos tres territorios conviven muchas veces en las ciudades. Para nosotros, el concepto de ciudad implica territorio, urbanización, servicios, infraestructura, vivienda digna, etcétera”, precisó Falú. Y explicó que el trabajo planteado tiene una clara dimensión política “porque cada territorio de estas ciudades es un territorio de conflicto de poder”.

“Las ciudades hablan -apuntó- y en esas voces tenemos que reconocer la diversidad. Hablar de inclusión social y diversidad nos remite a las mujeres, que siguen siendo un sujeto omitido pese a que somos más de la mitad de la población. Pero lejos de una concepción binaria hombres/mujeres, que reafirma pautas que pretendemos cambiar, entendemos que existe una diversidad de sujetos, identidades, que nos deben llevar a complejizar las categorías mismas de mujeres, territorios y ciudades”, concluyó Falú.

Leticia Echavarri, coordinadora técnica del proyecto, explicó que el objetivo de “Somos territorios” es “disminuir la violencia contra las mujeres en espacios más seguros e igualitarios”. La investigadora admitió que la pandemia las obligó a rever las técnicas y procedimientos pensados originalmente, pero que todo se inscribe en una estrategia integral de abordaje de la violencia contra las mujeres. “Pretendemos implementar un enfoque innovador con el objetivo de que mujeres, niñas y diversidades disfruten, empoderadas, de espacios públicos urbanos libres de violencias, mejorando las condiciones para el ejercicio pleno de su ciudadanía en articulación con actores claves".

Para plasmar esta articulación, advirtió, es imprescindible la coordinación con los distintos estamentos del Estado -nacional, provincial y municipal-, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, universidades y espacios de militancia diversos que apuesten al empoderamiento de mujeres y diversidades.

En este sentido, el proyecto se implementará en torno a tres dimensiones claramente delimitadas: de gestión política, material y simbólica. La primera apunta a avanzar en generar mecanismos de participación política a las mujeres, generar presupuestos de género, planes de igualdad, etc.; la segunda a la articulación de políticas de urbanización, accesibilidad de viviendas, transporte, infraestructura y espacios públicos. “Hay un territorio de diversidades y es importante saber dónde viven las mujeres, que accesibilidad tienen, que transporte utilizan”, explicaron. Por último, destacaron la dimensión simbólica, tal vez la más importante, porque consiste en “cambiar las cabezas” a través del cuestionamiento y superación de parámetros culturales fuertemente arraigados por la cultura patriarcal. “El patriarcado no es solo masculino, hay un colonialismo patriarcal del cual está imbuida la sociedad toda y que debemos cambiar”, advirtió Ana Falú.

“Hay que desarticular el patriarcado. Tenemos que generar herramientas que contribuyan a ese objetivo junto a los municipios, escuelas, universidades, deconstruyendo la visión colonial del patriarcado que se reproduce en nuestras ciudades: que las plazas no tengan solo nombres de generales varones montados a caballo; designar calles y plazas con nombres de mujeres, resignificarlas. Cambiar el mundo de lo simbólico, interpelar la división sexual del trabajo y cuestionar los roles asignados. En definitiva, deconstruir la concepción patriarcal y colonial”, concluyó la presidenta de CISCSA.  

De la presentación del proyecto aprobado por la ONU participaron la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez, el intendente interino de Villa María, Claudio Rosso, su par de Villa Nueva, Natalio Graglia, autoridades de las universidades de Córdoba, Villa María y Rio Cuarto, referenciados en Adriana González, docente e investigadora que además integra el Consejo Municipal de Género de la ciudad.