Hoy se cumplen catorce años del cobarde homicidio de Nora Raquel Dalmasso, la victima a la que su propia familia -con el auxilio indeterminado de algunos medios de comunicación – revictimizó una y otra vez como la mujer fatal a la que una vida lujuriosa condenó a terminar sus días de la peor manera. Así lo prescribía el hallazgo de su cuerpo inanimado con las piernas abiertas, semen chorreando de sus zonas íntimas y el cinto de toalla de su salida de baño envolviendo su cuello como señal inequívoca de un juego sexual que resultaría fatal. Esa fue la imagen que impuso tras el hallazgo de su cuerpo el viudo Marcelo Macarrón, que la perdonó en vivo y en directo ante los ojos del país en aquélla inolvidable conferencia de prensa en el hoy desaparecido Hotel Opera.

De nada sirvió que las supuestas infidelidades de su esposa -que Macarrón dio por ciertas- se circunscribieran al inefable Guillermo Albarracín, el apocado contador que la noche del crimen intercambiaba mensajes de texto mientras compartía cena con su esposo y otros golfistas aficionados en un coqueto restaurante de Punta del Este.

No hay mucho que agregar a lo publicado y dicho en una causa que estuvo siempre bajo el escrutinio de diarios, canales de televisión, sitios web y radios del país y el extranjero. Los vaivenes judiciales del expediente -que sumó cinco fiscales y cuatro imputados- y el reciente éxito comercial de “Carmel”, la serie de Netflix que reflotó un crimen casi idéntico cometido en la provincia de Buenos Aires, obligan a una mirada retrospectiva que debe poner el foco en un Poder Judicial ineficiente, corporativo y clasista, que se mostró -se muestra- incapaz de investigar a los poderosos.

Esa es parte de la explicación -aunque no la única- para que en la última década la única causa que avanzó en los tribunales de la provincia fue la demanda del viudo y sus hijos contra el autor de estas líneas, condenado en dos instancias por el Poder Judicial de Río Cuarto a indemnizar a dos de los cuatro imputados que tuvo la causa. Y si bien la sentencia fue parcialmente corregida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al excluir de la reparación por daño moral al dos veces imputado por el crimen de Nora Dalmasso, mantuvo la indemnización para sus hijos y negó la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, pretendiendo ponerle punto final a uno de los mayores escándalos del cordobesismo judicial. Por esa decisión arbitraria, a fines del año pasado Facundo y Valentina Macarrón, los hijos de la víctima y el imputado por su homicidio, cobraron la jugosa indemnización que el TSJ ordenó pagarles por el daño moral ocasionado por una revista que ambos admitieron no haber leído nunca. Tanto Facundo Macarrón -agregado comercial en El Cairo gracias a los contactos políticos de su entorno con el macrismo- como su hermana Valentina -heredera de las acciones familiares en la empresa Grassi y propietaria de un local de comidas en la ciudad- cerraron filas en defensa de su padre.

El viudo más famoso del país ostenta el triste récord de haber sido imputado dos veces por cometer el mismo homicidio de maneras diferentes: mientras el fiscal Daniel Miralles lo acusó de haber asesinado a su esposa con sus propias manos, su par Luis Pizarro lo sindica como el autor intelectual del homicidio. Esta última acusación -con la que el caso llegará finalmente a juicio- renuncia ex profeso a la prueba más contundente que tiene el expediente: el ADN de Marcelo Macarrón recolectado por los peritos en la escena del crimen, el cuerpo de la víctima -incluidas sus zonas genitales- y el cinto de la bata con que fue estrangulada.

Delicias del Poder Judicial del cordobesismo.

Ausencias

La acusación del fiscal Pizarro será retomada en el juicio por el fiscal de Cámara Julio Rivero, que ya tuvo participación en causas conexas al crimen cuando era fiscal de instrucción. Fue él quien archivó la causa por dádivas abierta contra la comisión policial que llegó de Córdoba para inculpar a un “perejil”, encabezada por el tristemente célebre comisario Rafael Sosa (que tiempo después sería condenado por el “narcoescándalo” cordobés). Cuando debió imputar al vocero del viudo, Daniel Lacase, por haber pagado la estadía de los cuestionados policías cordobeses en el Hotel Opera, lo asaltó una “duda insuperable” y prefirió archivar la causa; cuando constató que las fotografías del cadáver de Nora Dalmasso que el canal América TV difundió a todo el país no habían sido filtradas por personal de la Fiscalía de Javier Di Santo sino por los propios abogados del viudo, convocó a Macarrón para preguntarle si quería continuar con la pesquisa antes de mandarla también a archivo. Con estos antecedentes es difícil imaginar a Rivero apuntalando una acusación tan improbable -en el sentido literal de falta de pruebas- contra el viudo, que llega al banquillo acusado de haber instigado el crimen de su esposa.

El razonamiento acusatorio del fiscal Pizarro se centra en el evidente desvío de la investigación y el encubrimiento llevado adelante por el entorno familiar de la víctima. Parece insuficiente para demostrar que Marcelo Macarrón le encargó el crimen a un sicario no identificado, del que tampoco se sabe cuánto cobró, ni quién ni dónde le pagaron -antes o después- para cumplir su “trabajo” en Villa Golf. ¿Sostendrá Rivero esta hipótesis acusatoria? ¿O rescatará durante el proceso la prueba genética que ubica al viudo en la escena del crimen? ¿Pedirá que se investigue el encubrimiento señalado por Pizarro? ¿Investigará a los cómplices innominados que menciona el fiscal de instrucción? El delito de encubrimiento prevé una pena de seis meses a tres años de prisión y por lo tanto prescribió hace mucho tiempo. El homicidio calificado -del que está acusado Macarrón- prescribe el año próximo.   

La imputación del fiscal y la falta de pruebas directas para acreditarla explican el entusiasmo del abogado del viudo, Marcelo Brito, que no apeló la elevación a juicio del expediente, convencido de que la acusación no resistirá un debate oral. Actitud que contrasta con su desesperada ofensiva contra el fiscal Miralles, quien antes de ser apartado de la causa probó la existencia de una “ventana horaria” que le habría permitido al viudo volar a Río Cuarto para asesinar a su esposa y volver a Punta del Este para coronar el único triunfo deportivo de su vida y cerrar una coartada perfecta. Salvo por el detalle de haber dejado su huella genética esparcida por toda la escena del crimen.

Es llamativo también cómo, pese a sugerir que se investigue a los cómplices del encubrimiento, el fiscal Pizarro excluyó de la imputación al vocero Daniel Lacase y al empresario Michel Rohrer, miembros por entonces del círculo íntimo del viudo.

(In)conciencia

Si el juicio se hace el año próximo, lo llevará adelante un tribunal inexperto, integrado por dos magistrados de escaso rodaje en los tribunales (Daniel Vaudagna y Natacha Irina) y un tercero que ni siquiera pertenece al fuero penal: Mariano Correa, flamante juez de Familia y primera promoción de egresados de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Habrá que ver cómo se conforma -y cómo se desenvuelve- el jurado popular, que estará integrado por ocho miembros titulares y cuatro suplentes y cuyo proceso de selección será seguido con lupa por los abogados del viudo para evitar preconceptos en un caso de tanta repercusión mediática.  

Los últimos fallos con jurados populares en Río Cuarto fueron un verdadero escándalo, al punto de poner en tela de juicio el propio mecanismo, incorporado al sistema judicial por el gobernador José Manuel De la Sota.  En poco menos de un año hubo en la ciudad dos fallos increíbles: en un caso los jurados populares votaron el sobreseimiento de dos policías involucrados en la muerte de la joven Sol Correa, que perdió la vida al ser aplastada por el acoplado de un camión como consecuencia de la impericia de un control ilegal de la Policía Caminera en la entrada a Holmberg; en el otro, el jurado popular votó en forma unánime la insólita condena al albañil Sergio Medina por el homicidio de Claudia Muñoz, aunque el propio fiscal -otra vez Rivero- admitió en su alegato que tenía la “íntima convicción” de que el imputado era el homicida, pidió su absolución por falta de pruebas. 

Desde el momento en que fue imputado Marcelo Macarrón sus hijos cerraron filas en su defensa. El padre de Nora murió sin saber quién mató a su hija y su madre sufrió un ACV que la dejó postrada. Su hermano Juan, que apuntó contra su cuñado cuando declaró en tribunales, nunca reemplazó al inefable Diego Estévez como abogado querellante, por lo que el peso de la acusación recaerá en las espaldas del fiscal Rivero, lo que no augura grandes dificultades para los experimentados defensores del viudo.

Este panorama explica las insólitas declaraciones de los hijos de la víctima al diario La Voz del Interior el último fin de semana: “El proceso, hoy contra papá, es para nosotros una pesada cruz que llevamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Nos pesa ver cómo lo afecta a papá su sufrimiento cotidiano y cuánto más lo seguirá afectando esta injusta acusación”. Para terminar con tanta angustia pidieron que el juicio “se haga de una buena vez”.

¿Pensarán realmente que el juicio cerrará el nefasto capítulo de impunidad del caso Dalmasso? El éxito de la serie “Carmel” preanuncia que, así lograran ponerle punto final al bochornoso proceso judicial que los tuvo y los tiene como protagonistas, el viudo y sus hijos no podrán borrar del inconsciente colectivo las sospechas que pesan sobre ellos.

Sencillamente porque el crimen de Nora Dalmasso sigue impune y la impunidad es una herida que nunca cicatriza del todo en un tejido social con memoria.