Tres días después de que el presidente Alberto Fernández decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ante la llegada del coronavirus al país, Johana tenía fecha de parto. Esperaba a su primera hija. Mientras la gente permanecía encerrada en sus casas, su marido recorrió angustiado las clínicas de la ciudad, hasta que logró que la atendieran en un dispensario. Fue falsa alarma: el estrés de la situación le había producido un pico de tensión.

Allá por marzo, “coronavirus” era solo el nombre de un virus desconocido, el barbijo no se usaba, “contacto estrecho” era una mera conjugación de palabras e “hisopado” no remitía al nombre de un análisis. “Magalí es nuestra primera hija y todo el embarazo fue re tranquilo”, cuenta Johana, mientras presta atención a si llora su beba de siete meses. “Se complicó el final, yo estaba muerta de miedo, el parto se terminó haciendo casi diez días después, cuando los médicos se acomodaron”, agrega.

Recién en julio el Ministerio de Salud de la Nación emitió un documento con recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos en contexto de pandemia, pero no fueron acatadas por la mayoría de las instituciones y tampoco hubo un apropiado control del Estado.

En el tiempo que tardamos en leer esta nota nacen entre seis y diez niños o niñas en Argentina, ya que cada 60 segundos se gesta un bebé, según el último índice de fecundación realizado por el Gobierno nacional en 2019. Y en la mayoría de los partos hay algún tipo de violencia institucional y de género que, si bien pasa generalmente desapercibida, tiene nombre propio: violencia obstétrica. En el último informe del colectivo feminista Ni una Menos, el 77% de las mujeres consultadas admite haber sido víctima de la violencia obstétrica. A pesar de que Argentina es uno de los pocos países que posee leyes específicas para proteger a las mujeres de la violencia obstétrica (Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485 y Ley de Parto Humanizado 25.929), el control estatal es escaso y existen amparos legales que terminan blindando al personal de salud.

Pero, ¿qué es específicamente la violencia obstétrica?

La licenciada en Psicología Perinatal Jésica Basabilbaso la define como “aquella violencia que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. La contracara, el trato humanizado, supone hablar de un parto digno: “Muchas veces se piensa que el trato deshumanizado está solamente en relación con la humillación y el maltrato explícito, pero esto también incluye la infantilización de la persona, que no se llame a las personas por su nombre, que no se pida permiso para realizar una práctica, que haya mucha gente en la sala”, advierte Basabilbaso.

Julieta (se preserva su verdadero nombre) tiene tres hijos. Al año de su segundo parto tomó conciencia de que había sufrido violencia obstétrica. “Cuando tuve a mi primer hijo era muy joven. Nunca me llamaron por mi nombre, yo gritaba del dolor y lo que las parteras me decían era “lo hubieras pensado antes nena, ahora colaborá”; además me hicieron ir a cesárea porque no dilataba”, relata mientras controla que su hija más pequeña haga la tarea.

Basabilbaso admite que estos tratos son frecuentes: “Los profesionales de la salud creen que, porque no insultan a las mujeres o les pegan, no ejercen violencia obstétrica”, lamenta.

Una de las raíces de la violencia obstétrica proviene de la propia formación de los médicos, que abreva en un criterio de patologización de los cuerpos, cuando el parto es algo natural, advierte Gastón Ortubia, licenciado en Obstetricia que se desempeña en el Centro de Salud Municipal de Río Cuarto. Después de evacuar las dudas de una paciente que transita su semana cuarenta de embarazo, Ortubia advierte: “Todas las prácticas médicas, cuando se trata a la mujer como un cuerpo enfermo, traen aparejadas consecuencias tanto en la mujer como en el recién nacido”.

Ortubia acompaña a las mujeres durante todo el embarazo y las asiste en el parto y post parto desde hace más de nueve años. Este año su trabajo cambió radicalmente y tuvo que reacomodarse a los tiempos del Covid 9: “Durante marzo y abril, cuando estuvo la cuarentena estricta, fue muy dificultoso ya que las clínicas, maternidades y poli consultorios cerraron. Todo cerró, ya sea porque había personal que era factor de riesgo, porque había miedo o directamente porque algunas instituciones se negaron a atender a los pacientes”, cuenta. “Muchas mujeres quedaron “pagando”, sobre todo las primerizas, que son las que más consultan. Fue todo muy desorganizado y caótico”, agrega.

Valeria tuvo su segundo hijo en plena cuarentena. Al recordar el episodio, sus ojos se ponen vidriosos: “Mi marido, una semana antes de la fecha de parto, dio positivo, pero estaba aislado y no tuvimos contacto”, recuerda. Ella se hizo el hisopado y dio negativo. “Pero igual me mandaron al piso de los sospechosos de Covid y en todo momento me trataron como un positivo más”, agrega.

Valeria ingresó a la institución privada de Río Cuarto donde iba a parir con pérdida de líquido amniótico. La mandaron a la sala de espera, sola. “Mi hermana me acompañó, pero no la dejaron entrar porque yo era sospechosa de Covid”, recuerda. Pasó una hora en la sala vacía, acompañada solo de su agitada respiración y su bebé que no paraba de patear, mientras veía cómo encargados y enfermeras pasaban de un lado al otro con el papel que acreditaba que ella era negativo de COVID-19. Dos horas después seguía perdiendo líquido amniótico y no obtenía respuesta. “Se notaba que no sabían qué hacer conmigo”, recuerda mientras intenta calmar a su segundo hijo, recién nacido. Tres horas después de haber llegado recién la ingresaron a cirugía para practicarle una cesárea, decisión adoptada exclusivamente por los médicos. “El camillero me apuraba de mala gana porque veía que yo me demoraba, porque me sentía realmente muy vulnerable”, apunta. Y recuerda que la canalizaron parada, en la misma sala de espera.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la pandemia y el aislamiento obligatorio se intensificaron los casos de violencia obstétrica, aumentaron las cesáreas y disminuyeron las consultas. Basabilbaso destaca que la mayoría de las instituciones impusieron sus propias reglas y métodos y no respetaron las recomendaciones del Ministerio de Salud ni de la OMS.

Johana y Valeria sufrieron estas imposiciones. El derecho al acompañamiento y el contacto piel a piel con el recién nacido deben respetarse, recomiendan los organismos. Pero a ellas no las dejaron ser acompañadas y a sus bebés se los mostraron de lejos y se los llevaron. “El contacto inmediato del bebé con su mamá es sumamente importante porque se siente seguro, regula la respiración, genera confianza. Que esto se vulnere deja múltiples marcas y memoria corporal en el recién nacido” alega Basabilbaso, quien tiene dos hijos y cuatro partos (dos no sobrevivieron). Ella misma fue víctima de violencia obstétrica en una institución, pero recién hace siete años comenzó a interiorizarse del tema y tuvo a sus dos hijos en parto domiciliario. Conrado, su hijo mayor, escucha su nombre y se asoma para abrazarla mientras mira de reojo el celular por donde se está haciendo la entrevista. Si hubiese ido a parir a una institución -explica Basabilbaso-, no hubiera podido tener a su hijo de manera respetada, como prescribe la ley: Conrado nació a las 45 semanas y la medicina hegemónica induce el parto a partir de la semana 40. Jesica le pide a su hijo de manera cariñosa que vaya a jugar, que en un momento estará con él. Se miran cómplices, y el niño abandona contento la habitación.

Gastón Ortubia y Jésica Basabilbaso comparten grupos de militancia por el derecho al parto respetado y coinciden que la violencia obstétrica es una práctica invisibilizada pero sistemática. Los médicos obstetras trabajan sobre el cuerpo de la mujer en nombre de la salud y eso está tan naturalizado que todos lo aceptan. “El médico tiene el saber y hay que respetarlo”, dice el lugar común. Pero la Ley 25.929 prescribe que la mujer debe ser tratada como una persona sana y no patologizarla.

A pesar de la naturalización de la violencia obstétrica, ambos profesionales destacan que en los últimos años ha habido un avance en cuanto a la concientización del parto respetado. Una consulta realizada para la elaboración de esta nota mostró al 81% de las mujeres consultadas que parieron en pandemia interiorizadas sobre la violencia obstétrica y el derecho a un parto respetado.