Agosto no es un mes cualquiera del calendario para Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la empresa Electroingeniería. En 1975 la policía de Córdoba lo obligó a bajar de un colectivo y se lo llevó detenido al Cabildo histórico de la ciudad, donde funcionaba la temible D2, para torturarlo brutalmente y derivarlo después a las cárceles de Encausados y barrio San Martín, donde pasaría encerrado la larga noche del terrorismo de Estado. Cuarenta y cinco años después, el primer día de agosto de 2018 lo sorprendió en la comisaría de Drogas Peligrosas de CABA junto a una decena de empresarios y ex funcionarios del gobierno kirchnerista. En ambos casos se lo acusaba de lo mismo: integrar una asociación ilícita. En los años ´70, Ferreyra pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores (su brazo armado era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP); en 2018, era un reconocido empresario que participaba en numerosas obras públicas e integraba la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tenía a cargo la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz. La primera detención le robó nueve años de su juventud; la segunda le hizo perder casi todo su patrimonio.
Ferreyra recuerda que el primer día de agosto de 2018 lo sorprendió el timbre del intercomunicador. Eran las cuatro de la mañana y la voz nerviosa del guardia de seguridad le avisaba que un grupo de policías quería ingresar a su propiedad. Tenían una orden de allanamiento. Ferreyra ordenó que les franqueara el paso mientras avisaba por teléfono a sus hijos y abogados. Los policías que requisaron su casa no parecían tener claro lo que buscaban.
Esa misma madrugada, la página web del del diario La Nación anticipaba en exclusiva que se estaban produciendo allanamientos simultáneos en una decena de domicilios. Se comenzaba a escribir el capítulo más revelador del lawfare en Argentina, que tendría como principales actores al periodista Diego Cabot, el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadío, buena parte de la estructura judicial de Comodoro Py, el diario La Nación y el multimedio Clarín, que al otro día se sumó con llamativo fervor a la primicia del diario de los Mitre.
Definido como “una guerra jurídica con fines ilegítimos”, el lawfare forma parte de la nueva política regional impulsada por Estados Unidos, que ya tiene casos emblemáticos en América Latina: Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
El lawfare es la versión moderna de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional de los años ´60 y ´70. Sin tanques, sin militares, sin groseras violaciones a los derechos humanos, pero igualmente efectiva a la hora de impedir que prosperen los gobiernos populares. “Se trata de (provocar) la muerte jurídica y política del oponente molesto”, advierte Raúl Zaffaroni (1). Y agrega: “La frutilla del postre es que los enemigos no queden sólo política, sino también jurídicamente muertos. No es cosa sencilla: se trata de que las acusaciones lleguen a grado tal que terminen jurídicamente inhabilitados para participar en política”.
El “caso de los cuadernos” -en rigor, de los escaneos de los cuadernos- es conocido por todos: el periodista Cabot le dijo a Stornelli que tenía en su poder escaneos de una serie de cuadernos que pertenecían a Oscar Centeno, el ignoto chofer de Roberto Baratta, funcionario cercano a Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante los años del kirchnerismo. En esos cuadernos -se explayó Cabot ante Stornelli en el living de su casa-, Centeno había registrado las visitas que Baratta hacía a distintos empresarios para cobrarles coimas.
En una grosera maniobra de fórum shopping -elegir juzgado evitando el sorteo-, la denuncia de Cabot recayó en el juzgado del inefable Bonadío, que empezó la cacería. Su principal herramienta fue la flamante ley del arrepentido -aprobada a instancias del presidente Mauricio Macri-, el decidido respaldo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el indisimulado aval de la embajada de los Estados Unidos.
“Pese a que no encontraron nada, esa madrugada me llevaron preso. No sabía de qué me acusaban. Después me enteré de que supuestamente yo era miembro de una asociación ilícita que presidía Cristina, a quien ni siquiera conocía personalmente”, dice hoy Ferreyra, sentado en el escritorio de la misma oficina que antes era suya y por la que ahora paga alquiler. “Tuvimos que vender el edificio y casi todos nuestros activos para hacer frente al quebranto al que nos llevó la ofensiva del gobierno de Macri”, admite con un dejo de resignación. Y es que otro de los objetivos inconfesados del lawfare es desapoderar a las empresas nacionales para forzar su venta a las multinacionales. “La desmoralización orientada a eliminarlos (a los adversarios) de la esfera política formal, va desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica”, advierte Silvia Romano (2).
Ferreyra es un claro exponente de la industria nacional: la empresa que dirige junto al ingeniero Osvaldo Acosta tiene una larga trayectoria en Córdoba y el país. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas que fueron rematadas en la década menemista, Electroingeniería se consolidó en los años ’90. “Durante el menemismo hubo empresas con más de un siglo de historia que fueron compradas por capitales extranjeros: Alpargatas, Loma Negra, frigoríficos, constructoras -la más emblemática fue Sade, de Pérez Companc-, Minetti, empresas de gas, electricidad, agua: nosotros en cambio decidimos dar pelea y multiplicamos nuestro crecimiento como empresa nacional”, aclara Ferreyra, atacando otro mito instalado por los medios del lawfare: que son una “empresa k”. “Claro que crecimos durante el kirchnerismo, pero crecieron todos; en esa década casi no hubo venta de empresas nacionales al capital extranjero”.
La consolidación de Electroingeniería llevó a la búsqueda de nuevos horizontes en un mundo globalizado. En 2013 se asociaron con empresas chinas para competir en la licitación internacional para construir las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernick en la provincia de Santa Cruz. Un año más tarde, los presidentes Xi Jinping y Cristina Fernández firmaban la alianza estratégica integral de China y Argentina en el museo del Bicentenario, coronando un acercamiento geopolítico que Ferreyra había seguido con sumo entusiasmo. “La adjudicación nuestra fue previa y el contrato posterior a esa firma. El primer desembolso se produjo el primero de febrero de 2015, con Cristina en Beijing”, recuerda el empresario. La obra implicaba una inversión de 4.714 millones de dólares, subordinada a un crédito swap de 14.000 millones, que sería destinado a fortalecer las reservas del Banco Central.
Disparen contra Electroingeniería
Apenas asumió la presidencia Mauricio Macri, en diciembre de 2015, le ordenó a su ministro de Energía, Juan José Aranguren -el de las célebres planillas Excel- que parara la obra de las represas en el sur. El flamante embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, convocó a los empresarios chinos para sugerirles que incluyeran a la empresa de Nicky Caputo -el “amigo del alma” de Macri- en la Unión Transitoria de Empresas (UTE). Cuando los chinos trasladaron el pedido a Electroingeniería, fue rechazado de plano: “Era un delito, ¿cómo íbamos a incorporar a la empresa a la que le habíamos ganado la licitación?”, recuerda Ferreyra.
Aranguren dejó en suspenso el contrato con los chinos y exigió un nuevo estudio de impacto ambiental para continuar. También excluyó a la provincia de Santa Cruz -que gobernaba Alicia Kirchner- de la fiscalización y administración de la obra, que quedó bajo la órbita del gobierno nacional. Electroingeniería acudió a la Justicia. En diciembre de 2017 la Corte Suprema avaló la decisión de Aranguren y supeditó cualquier avance en las obras a la concreción del nuevo estudio de impacto ambiental. El hombre de los tarifazos fue reemplazado por el poco sutil Javier Iguacel, que convocó a su despacho al embajador de China en Buenos Aires para exigirle la expulsión de Electroingeniería de la UTE.
- ¿Y por qué tendríamos que excluirlos? -, preguntó el diplomático chino.
- Porque van a tener problemas judiciales, por corrupción-, anunció el funcionario.
Una semana después, la policía federal irrumpía en el domicilio de Ferreyra y se lo llevaba detenido.
Mientras presionaba a los chinos para que cambiaran de socio en Argentina, el gobierno de Macri comenzó un proceso de asfixia contra Electroingeniería. Además de paralizar la construcción de las represas, dejó de pautar en radio Del Plata -propiedad de Ferreyra- y paró prácticamente todas las obras que el grupo tenía adjudicadas. “Tuvimos que desprendernos de Transener, vender concesiones, equipos, activos”, admite Ferreyra. Y agrega: “Cuando nos metieron presos, en 2018, tuvimos que vender a los chinos una parte de nuestra participación en la UTE de las represas, por lo que perdimos el 50 por ciento del paquete accionario y por tanto el control de la obra”.
El lawfare había ganado la partida.
El costo de no arrepentirse
Antes de su detención, Ferreyra percibió algunas señales que encendieron las alarmas. Sentía que lo estaban siguiendo. Contrató un estudio jurídico para que averiguara si tenía alguna causa abierta. No encontraron nada en los doce juzgados de Comodoro Py. De hecho, la orden de allanamiento firmada por el juez Bonadío era por “averiguación de delito”. ¡No había causa!
Ferreyra escuchaba la conversación azorado. No podía imaginar que en ese momento lo trasladarían a la Comisaría de Drogas Peligrosas -donde se encontró con otros nueve ex funcionarios y empresarios- ni que pasaría los próximos 365 días en prisión.
Cuando la esperanza de excarcelación se desvaneció tras el decidido apoyo público del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a la irregular actuación del juez Bonadío, Ferreyra declaró por primera vez ante el fiscal Stornelli. Le llamó la atención que en sus oficinas de Comodoro Py estuviera su familia -su compañera Mimi y sus hijos-, con quienes pudo conversar un rato largo antes de pasar al despacho del fiscal.
Ferreyra tomó aire y comenzó a desarrollar un verdadero manifiesto político... ¡en apoyo al matrimonio! Destacó la reivindicación de la generación de los ´70, la liberación de la tutela del Fondo Monetario Internacional, la bajada de los cuadros de los genocidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hasta recordó las enseñanzas de su padre, maestro de escuela, y las penurias que pasó durante la dictadura por haber sido leal a sus convicciones. A su lado, la secretaria escribía en silencio. Y lloraba.
Cuando terminó su declaración ante el fiscal, fue a ver al juez Bonadío, que lo imputó por el delito de dádivas, que era excarcelable. Pero como otros “arrepentidos” lo señalaron como miembro de la asociación ilícita y Ferreyra no quiso arrepentirse, marchó preso igual.
Stornelli no mentía: todos los que implicaron a “los mugrientos” en su forzado “arrepentimiento” recuperaron ese mismo día su libertad.
De todos los imputados, detenidos y arrepentidos que tuvo -y tiene- la “causa cuadernos”, el único que hizo una contradenuncia fue Ferreyra. Prevaricato, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y violación de los deberes de funcionario público son algunos de los delitos que pidió que se investiguen. Lo solicitó al juez Martínez de Giorgi, pero también al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público fiscal. Además de Stornelli y Bonadío, la denuncia incluye a los camaristas y funcionarios judiciales que avalaron el atropello institucional al que fue sometido. “Es una causa contra el lawfare”, dice Ferreyra, orgulloso.
La muerte de Bonadío, en febrero del año pasado, impidió que rindiera cuentas de sus actos. La semana pasada, en una insólita decisión, la Cámara de Casación puso a Stornelli -imputado de espionaje por el juez Ramos Padilla- al frente de la investigación… ¡por espionaje a opositores! durante el gobierno de Mauricio Macri.
El lawfare goza de buena salud.
La contraofensiva
La presentación de Ferreyra contra el lawfare fue desestimada en primera instancia por Martínez de Giorgi y luego por la Cámara Federal de Apelaciones y Casación Penal. A fines del 2018 se concedió el recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se pronunció. En diciembre del año pasado, Ferreyra amplió la denuncia original y pidió participar como querellante en la causa. Entre otras menudencias, denunció la inexistencia de sorteo en la adjudicación de la causa a Bonadío, la inmaterialidad de los cuadernos de Centeno (“debió desestimarse in limine una causa iniciada con fotocopias del “cuerpo del delito” cuyos originales se declararon quemados por el presunto autor de las grafías”) y la falta de registro audiovisual de las declaraciones de los “arrepentidos”, lo que fue certificado en esos días por la presidenta de la Sala 1 de Casación Penal, Ana Figueroa.
Con la reactivación de las represas del sur, Electroingeniería volvió a respirar. Ferreyra aún no decidió si demandarán al Estado por el desapoderamiento que implicó resistir la embestida económica del gobierno de Macri. En los albores del gobierno de Raúl Alfonsín, el Estado indemnizó a cerca de ochenta damnificados patrimonialmente por la dictadura cívico militar, entre los que estaban la viuda de Perón, al gobernador Carlos Menem, al sindicalista Lorenzo Miguel y familiares del empresario David Graiver, entre otros. Todos habían sido desapoderados por la Comisión Nacional por la Reparación Patrimonial (Conarepa), creada por la dictadura cívico militar para confiscar el patrimonio de los opositores al régimen. Uno de los jóvenes abogados que intervino a favor de las víctimas -entre las que estaba también su admirado profesor Esteban Righi- fue el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Notas:
Carmen Tarres Comunicaciones