A pesar de que el Poder Judicial no tiene asignado un cupo de vacunas, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba pudieron inmunizarse contra el Covid 19, en una actitud que los pone nuevamente (otra vez y van…) por encima del común de los mortales. Hasta donde pudo confirmar esta revista, al menos tres de los siete integrantes del cuerpo -Domingo Sesín, Marta Cáceres de Bolatti y Aída Tarditti- fueron vacunados contra el coronavirus en los primeros días de febrero, en tanto que Mercedes Blanc de Arabel lo haría en los próximos días.

En medio del escándalo de las denuncias cruzadas por los vacunados VIP en la nación, CABA y las provincias, el habitual blindaje mediático del cordobesismo hizo que la irritante situación de privilegio de los vocales del TSJ pasara casi inadvertida en los medios hegemónicos, pese a que se trata de la cabeza de un poder que ha sido cuestionado por su zigzagueante estrategia para enfrentar en forma eficiente y segura los efectos de la pandemia sin afectar el servicio de justicia. De hecho, en la mayoría de las jurisdicciones de la provincia, los tribunales acumulan injustificadas demoras ante la falta de una política laboral coherente que permita implementar en forma eficiente la modalidad virtual o mixta en la tramitación de expedientes.

Esta falta de idoneidad administrativa no fue asumida en 2020 por el presidente ni por los vocales del TSJ. Por el contrario, en su página oficial (justiciacba.gob.ar), insinúan que la desatención tiene que ver con la falta de presencialidad del personal. Así lo deja entrever un escueto comunicado oficial que advierte a todos los agentes judiciales mayores de 60 años que deberán sacar turno por la página web del CIDI (Ciudadano Digital) para vacunarse contra el Covid 19. Y que, una vez vacunados, deberán volver al trabajo presencial. “El TSJ recuerda la convocatoria de la autoridad sanitaria provincial y notifica que, una vez recibidas ambas dosis, el personal inmunizado no podrá hacer uso de la dispensa de trabajo presencial”, agrega el parte de TSJ con su habitual tono patronal.

Pero lejos de predicar con el ejemplo, los vocales del TSJ -salvo una honrosa excepción- no se inscribieron en el CIDI: al contrario, fueron vacunados sin esperar que se inmunizara antes al personal esencial y de riesgo.

Vacunas para todes

Uno de los primeros supremos en vacunarse contra el Covid 19 fue Domingo Sesín, célebre por haber firmado el 14 de octubre de 1978 una vergonzosa solicitada denunciando la “campaña antiargentina” contra la dictadura cívico militar.  La carta abierta al embajador de Estados Unidos Raúl Castro, rubricada por “ciudadanos argentinos y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba”, pedía el cese de las sanciones contra el país: “Aparte de la ingerencia (sic) en asuntos internos de un Estado tradicionalmente amigo de los Estados Unidos de Norte América, lo que resulta verdaderamente incomprensible es la fuente en la cual se origina la información del actual gobierno norteamericano: no es la que cualquiera que visite nuestro país puede transmitir sin inconveniente alguno, sino los mismos guerrilleros que asolaron el territorio nacional, que asesinaron a cientos de personas y atacaron a otras entre los que se cuentan cónsules norteamericanos, funcionarios, ejecutivos, dirigentes de empresas y Directores de Servicios Culturales de la misma nacionalidad y que habían hecho de su “Anti-Imperialismo yanqui” (sic) un slogan tan cotidiano como para impedir que un turista estadounidense pudiera transitar con tranquilidad por nuestras calles”, decía el texto avalado por Sesín y otros profesores de la UNC.  

País generoso y desmemoriado, Sesín no sería el primer profesor pro dictadura que llegara al máximo sitial del Poder Judicial del cordobesismo; lo precedió el inefable Roberto Loustau Bidaut, un radical conservador y procesista designado por el tres veces gobernador Eduardo César Angeloz, de estrecha relación con el genocida Luciano Benjamín Menéndez.

Chicas superpoderosas

Otra de las privilegiadas que se vacunó contra el coronavirus en estos días fue la vocal María Marta Cáceres de Bolatti, directora desde su creación en 2015 de la oficina de Coordinación de Violencia Familiar. Los resultados de su promocionada gestión están a la vista: con siete femicidios en lo que va del año, Córdoba encabeza el luctuoso ranking nacional de asesinatos de mujeres por violencia de género.  En la mayoría de los casos les principales responsables fueron les magistrades que tomaron actitudes laxas con les imputades o no controlaron las medidas de exclusión dictadas por elles mismes.

La mayoría de los miembros del TSJ ejerce la docencia universitaria y detrás de ese ejercicio -que, como todos los docentes sabemos, se viene llevando adelante desde la más estricta virtualidad- es que intentaron justificar el privilegio de haber recibido la vacuna antes de que les tocara: Cáceres de Bolatti es profesora adjunta de la cátedra Derecho Privado II y Derecho Civil II de la Facultad de Derecho y Tarditti es profesora adjunta de Derecho Penal. Blanc de Arabel, en tanto, integra las cátedras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNC y ejerce la docencia en las universidades privadas Siglo XXI, Blas Pascal y Católica de Córdoba, lo mismo que el presidente del cuerpo, Sebastián López Peña, que no se habría vacunado todavía, pese a estar en idéntica situación que sus colegas.

Sesín, que en su CV omite mencionar su apoyo a la dictadura militar pero destaca que se recibió de abogado y notario “a los 20 años de edad” (sic), es titular de la cátedra de Derecho Procesal Administrativo en la Facultad de Derecho (UNC).

De los siete miembros del TSJ, el único que se anotó en la página del Ciudadano Digital (CD) de la Provincia para sacar su turno como cualquier mortal fue el veterano Luis Rubio, que en sus lejanos años mozos y progresistas supo ser maestro de escuela. No trascendió qué actitud tomó el ex ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, el último en incorporarse al cuerpo colegiado, en 2019.

Según pudo averiguar El Sur, Blanc de Arabel ya tendría asignado su turno VIP para vacunarse contra el Coronavirus esta misma semana. Y, al igual que Sesín, Tarditti y Cáceres de Bolatti, justificaría su situación de privilegio en su tarea docente.

Lo curioso del caso es que recién esta semana la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que comenzará la vacunación a docentes y que se hará con la vacuna china Sinopharm, que recién llegará esta noche al país en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas procedente de Beijing. Además, el cronograma de vacunación acordado por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Salud dejó a los docentes universitarios en último lugar, priorizando a directivos, autoridades y maestros de escuelas primarias, secundarias y terciarios.

¿Cómo hicieron Sesín, Cáceres de Bolatti y Tarditti -todes docentes universitaries- para invertir el orden establecido y vacunarse antes incluso de que llegaran las vacunas?

Otro insondable misterio del cordobesismo judicial.