La Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo que le da la razón a un jubilado de Río Cuarto en su reclamo contra la empresa Fiat Argentina, que incrementó las cuotas de su plan de ahorro en forma desproporcionada, al punto de pasar a representar casi la mitad de sus ingresos.  El fallo, que confirma la acción de amparo avalada por el juez federal Carlos Ochoa, supone un freno a la voracidad financiera de las automotrices y un llamado de atención a la Inspección General de Justicia (IGJ), codemandada por su inacción ante el desmedido afán de lucro de las empresas.

El fallo fue firmado por los camaristas Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro y sienta un nuevo precedente al confirmar el camino iniciado por la otra sala de la misma Cámara, integrada por Eduardo Avalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela Montesi, quienes avalaron el amparo a otro jubilado, que logró poner un tope del 30 por ciento de sus ingresos a la automotriz que le vendió una camioneta.

Ambos fallos suponen un fuerte escollo judicial a la voracidad financiera de las automotrices. Y actualizan una crisis generada durante la administración de Mauricio Macri, que fue profundizada y no resuelta por la gestión de Alberto Fernández. Hasta ahora, ni el presidente de la Inspección General de Justicia (IGJ) ni el director de Defensa del Consumidor han intervenido en estos casos, lo que les será exigido en los próximos días por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

El caso Villalba

La historia del último fallo de la Cámara Federal de Córdoba se remonta a junio de 2019, cuando el juez Ochoa concedió un amparo al jubilado Jorge Villalba y ordenó a la empresa Fiat (en rigor, a la firma “FCS S.A. de ahorro para fines determinados y otros s/Ley de Defensa del Consumidor”) retrotraer el valor de la cuota a lo facturado en abril de 2018, cuando el precio era todavía razonable conforme el plan acordado. Pero la empresa apeló argumentando que la medida atenta contra el “valor móvil” de las cuotas, que se ajustan en función de la variación del precio del vehículo. Sin embargo, la Cámara estableció que la cuota acordada por el jubilado con la concesionaria “fue sufriendo aumentos desmedidos”, que fueron del orden del 320% en el lapso de un año. Y que dicho incremento no fue acompañado con un aumento proporcional en la jubilación de Villalba.   

“Inicialmente -reseñó la Cámara-, el actor (el jubilado Villalba) abonaba una cuota que rondaba entre los $5.000 y los $5.500 (octubre a diciembre de 2017), lo que representaba aproximadamente el 14,30% de su haber jubilatorio en esa fecha, para luego pasar a abonar en el mes de noviembre de 2018 una cuota de $17.092, lo que le significó un porcentaje del 40,23% de la jubilación que percibió ese mes”.  

Para los camaristas, esta situación evidencia “un aumento desproporcionado de las cuotas (320%) en relación al incremento del 171% que sufrió el valor del móvil para ese período interanual (de noviembre de 2017 a noviembre de 2018)”. En otras palabras, advirtieron que la cuota aumentó casi el doble que el auto.

Cuando los camaristas pidieron información a la Asociación de Concesionarias Automotores de la República Argentina (ACARA) sobre el valor del vehículo se encontraron con otra sorpresa: en primer lugar, el valor declarado por Fiat no se condice con el valor real de mercado; y en segundo lugar, la cuota impuesta al ahorrista excedía incluso el valor (inflado) establecido por las concesionarias.  

Según los datos brindados por ACARA, la Fiat Toro que compró Villalba costaba $985.000 en octubre de 2018, pero la cuota que le cobraron en su plan de ahorro se calculó en base a un precio final de $1.109.100. Es decir que le hicieron pagar un proporcional de $124.100 por encima del valor “oficial” de la camioneta.

Una verdadera estafa sobre ruedas.

El caso Gallardo

En octubre de 2019, el juez Ochoa le dio la razón a otro jubilado, Juan José Gallardo, quien compró una Eco Sport y la cuota se disparó de tal forma que al poco tiempo le insumía la mitad de sus ingresos. Gallardo pasó de pagar dos mil pesos (en enero de 2017) a 10.500 pesos en 2019. Este brutal incremento de las cuotas -más de cuatrocientos por ciento en menos de tres años- no fue acompañado por la actualización de su haber jubilatorio, que orillaba los 20.300 pesos en 2019. En su caso, el juez Ochoa le fijó un tope a la cuota que la automotriz le cobra a Gallardo, que no podrá superar el 30 por ciento de su jubilación. Este fallo también fue ratificado en todos sus términos por la Cámara Federal de Córdoba.

A diferencia de lo ocurrido en la Justicia federal, numerosas demandas presentadas por los consumidores en el ámbito provincial esperan todavía senencia del moroso Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ). Al brindar soluciones concretas a los ahorristas damnificados -que de hecho ahora pagan una cuota sensiblemente menor a la pretendida por las automotrices-, el camino judicial parece el único posible ante la desidia de los organismos de control del Estado.

“La verdad es una pelea muy desigual porque las empresas no responden a nuestros reclamos ni muestran ninguna predisposición para iniciar una mediación. Hoy nuestra recomendación a los ahorristas de estos planes es que vayan a la Justicia”, admite el ombudsman de Río Cuarto, Ismael Rins, quien se muestra impotente ante la soberbia de las concesionarias y responsables de planes de ahorro, que ni siquiera se dignan a contestar sus requerimientos.

En enero de 2019 la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) transmitió al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y al director Nacional de Defensa del Consumidor su preocupación por las fuertes subas en las cuotas de los planes de autos 0 kilómetros.  Dos años después, pese al cambio de gobierno, los ahorristas siguen sin respuesta del Estado. Por eso en su próximo plenario -convocado para fin de mes-, la ADPRA pedirá la urgente intervención de la IGJ y le presentarán una propuesta elaborada por Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y director del área del consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. En ese documento, los defensores del Pueblo de todo el país advierten sobre la existencia de “un entramado empresarial alrededor de la industria automotriz sujeto al capricho financiero monetario y de ganancia superlativa del negocio, lejos del control de los estados. Al final del camino el consumidor que suscribe un plan llega a cuotas incrementadas constantemente e impagables y con cargos agregados por los administradores”.

La propuesta de la ADPRA considera “imperiosa la intervención en el sistema de Planes de Ahorro por parte de las IGJ o del organismo estatal que corresponda para establecer inmediatamente un precio por cuota en los planes de ahorro que no supere el 20% del ingreso del consumidor”. A su vez, exige que el precio de las unidades sea regulado y fijo para “evitar variaciones sobre el capital que afecte el ingreso del consumidor y cree un crédito impagable e interminable”; que se prohíba a las automotrices imponer “cargas, cargos y costes que no sean admitidos por la IGJ”; y que se permita que el seguro contratado pueda ser el de menor valor.

Para Enrique Novo, el abogado que patrocina a los dos jubilados que le torcieron el brazo a las automotrices, estos fallos deberían alertar al gobierno nacional y fundamentalmente a la IGJ, organismo responsable de evitar que continúe lo que a todas luces es una estafa al ahorrista. “El valor móvil debe ajustarse al valor real de los autos, no al que determinan los planes de ahorro. Es evidente que no se está cumpliendo con esa premisa y que las cuotas son abusivas e injustificadas”, advierte el letrado. Y destaca que, ante la duda, la legislación vigente en el país favorece siempre al consumidor. Solo hay que hacerla cumplir.