A todo o nada. A cuatro  meses de que el calendario marque la fecha fatal de prescripción de la investigación judicial del homicidio de Nora Dalmasso, cometido aquel lejano 25 de noviembre de 2006, la desprestigiada corporación judicial de Córdoba se ve obligada a acelerar los trámites para concretar el dilatado juicio oral y público que tendrá al viudo Marcelo Macarrón sentado en soledad en el banquillo de los acusados. El decreto de elevación a juicio del quinto fiscal que intervino en la causa, Luis Pizarro, sostiene que el traumatólogo le pagó a un tercero –o terceros-  no identificado/s para que asesinara/n a su esposa mientras él pasaba ese fin de semana jugando al golf en Punta del Este, con 16 testigos que corroborarían su perfecta coartada.

Desde que la causa fue elevada a juicio, hace casi dos años, el tribunal que debe juzgar a Macarrón ya sufrió dos bajas: Virginia Emma, la jueza más experimentada del fuero, se jubiló; Nicolás Rins, flamante camarista, se apartó por su cercanía con el viudo, que alguna vez lo consultó para su defensa y con quien compartió las vicisitudes del club de rugby Urú Curé. Salvo nuevo imponderables, el tribunal técnico que juzgará al traumatólogo estará integrado por los camaristas Daniel Vaudagna y Natacha García y por el juez de Ejecución Penal Gustavo Echenique, que reemplazará a Rins.

El fiscal será Julio Rivero, quien antes de ascender a fiscal de Cámara intervino en varios expedientes conexos a la investigación del crimen, como la causa por dádivas contra los policías llegados de Córdoba para imputar al “perejil” Gastón Zárate; o la filtración de las fotos del cadáver de Nora al canal porteño América TV. En el primer caso, Rivero sobreseyó al comisario Rafael Sosa y su comitiva y al vocero de la familia Macarrón, Daniel Lacase, porque lo asaltó una “duda insuperable” antes de imputarlos, pese a haber probado que el vocero había pagado la estadía de los oficiales en el hotel Opera; en el caso de las fotografías, el fiscal determinó que no salieron de Tribunales sino del estudio de alguno de los abogados de la causa. Al pasar a ser un delito de instancia privada, llamó a Macarrón para que ratificara la denuncia, pero el traumatólogo prefirió desistir. No fuera cosa que las pesquisas apuntaran a sus propios letrados.

La familia de Nora, representada por su hermano Juan Dalmasso y su madre Delia “Nené” Grassi –muy delicada de salud-, no designó abogado querellante desde que renunció Diego Estévez. A fines del año pasado, el tribunal le asignó una asesora letrada de oficio, Ivana Nesutta,  que difícilmente aporte nuevas pruebas. Cuando fue desvinculado de la causa, Facundo Macarrón anunció con bombos y platillos que se constituiría como querellante, cosa que nunca hizo. El escaso interés de la familia de la víctima en colaborar con la investigación deja en las espaldas del fiscal Julio Rivero la responsabilidad histórica de que el caso de mayor repercusión mediática de la historia criminal del país no quede impune.

Según la Oficina de Jurados, en los primeros días de agosto se hará el sorteo para designar a los doce jurados populares –ocho titulares y cuatro suplentes- que acompañarán al tribunal técnico. Los abogados de Macarrón ya advirtieron que los analizarán con lupa para asegurarse de que no lleguen con preconceptos sobre un caso policial tan mediatizado.

Tras casi dos años de pachorra burocrática –con la pandemia como única excusa-, ahora el calendario aprieta al deslucido Poder Judicial de Córdoba porque en noviembre se cumplirán 15 años del crimen y la causa prescribirá. Es decir que después del 25 de noviembre no se podrá perseguir penalmente a nadie que no sea Marcelo Macarrón, cuya imputación interrumpió los plazos de prescripción. Pero si el viudo no es condenado y durante el juicio no aparece otro acusado, la causa quedará impune.

Para evitar este nuevo escándalo en un expediente que ya sumó todos los papelones posibles, apenas termine la feria judicial la Cámara Primera del Crimen abrirá la etapa de prueba y fijará fecha de inicio del juicio oral y público. Los más optimistas hablan de septiembre; los más avezados, de octubre. La única certeza es que comenzará antes de noviembre, porque después cualquier nueva imputación estará irremediablemente prescripta.

La instrucción

Macarrón  llega en soledad al banquillo de los acusados luego de quince años de marchas y contramarchas en una investigación que tuvo cinco fiscales, motivó la renuncia de la plana mayor de la Policía de la Provincia y de los funcionarios de Seguridad del entonces gobernador José Manuel De la Sota. Paradojas del cordobesismo: el actual  ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, podría ser citado a declarar en plena campaña electoral porque fue uno de los 16 golfistas que acompañaron a Macarrón a Punta del Este el fin de semana del crimen de Nora.

El fiscal natural de la causa, Javier Di Santo, imputó a lo largo del proceso a tres personas distintas -que no se conocían entre sí- de haber asesinado a la misma mujer de diferentes maneras: al abogado y funcionario de la Secretaría de Seguridad Rafael Magnasco lo acusó de ser su amante; al “perejil” Gastón Zárate de haberla violado; y al hijo de la víctima, Facundo Macarrón, de haberla abusado antes de matarla.

Di Santo sostuvo esta acusación durante años en base a la prueba genética obtenida por los peritos forenses. Planteó la hipótesis de un conflicto entre Nora y su hijo, detonado por su condición de homosexual, que fue develada públicamente en televisión por su tía Silvia, hermana y contadora de Marcelo Macarrón, en una entrevista en Canal 13 con la periodista Vanina Cacase en junio de 2007.

Di Santo cometió todos los errores posibles en la instrucción criminal. Tal vez su deslucida actuación explique que, casi quince años después, siga en la misma Fiscalía mientras la mayoría de sus colegas ascendieron en la carrera judicial. Pero a pesar de su negligencia, el azar lo favoreció: de  no haber reconocido su torpeza para preservar la escena del crimen, no hubiera descubierto que el ADN hallado en el cuerpo de la víctima era de un Macarrón. El dato surgió al cotejar las huellas genéticas con la sangre de Félix, suegro de la víctima y uno de los 26 “contaminadores” que esa noche ingresaron a la habitación donde estaba el cuerpo de Nora. Al enviar muestras al FBI, logró ponerle nombre propio al  donante del material genético que el Ceprocor solo descifró parcialmente: Marcelo Eduardo Macarrón, el viudo; y no Facundo, el hijo. Que no haya imputado al padre cuando desvinculó al hijo cierra el círculo de una pésima instrucción.

Di Santo fue apartado de la causa por una denuncia del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC. A su sucesor le bastó la sola lectura del expediente para imputar al viudo como autor material del homicidio. Para Daniel Miralles, el ADN de Marcelo Macarrón en el cuerpo de la víctima, las sábanas de la cama y el cinto de la bata con que fue estrangulada era un indicador concluyente de su presencia en la escena del crimen. Después probó la existencia de una “ventana horaria” en la que nadie vio a Macarrón en Punta del Este, y que le habría alcanzado para viajar a Río Cuarto, asesinar a su esposa y volver a Uruguay. Pero el fiscal renunció sorpresivamente a días de elevar la causa a juicio. Y aunque después se arrepintió y amagó volver, fue apartado a pedido de los abogados de Macarrón. 

La acusación

El quinto fiscal de la causa, Luis Pizarro, renunció expresamente a la prueba más importante del expediente –el ADN que ubica a Macarrón en la escena del crimen- y elaboró una teoría de difícil comprobación: que el viudo le pagó a un sicario –o a varios- para asesinar a su esposa. “En fecha que no se puede establecer con exactitud –advierte el fiscal-, presumiblemente unos meses antes del día 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón, en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, por desavenencias matrimoniales de parte de Macarrón y con la intención por parte de su/s adlater/es de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrepito de la eventual muerte, planificó dar muerte a su esposa Nora Dalmasso”. Según Pizarro, Macarrón organizó su coartada, se cercioró de que ella estuviera sola en la vivienda y “contrató una/s persona/s para dar muerte a su esposa por precio o promesa remuneratoria”. Así de imprecisa, ambigua e inconsistente es la acusación por la que el viudo debería sentarse este año en el banquillo de los acusados: no se identifica al sicario, ni cuándo se lo contrató, ni de dónde salió el dinero para pagarle, ni cuánto se le pagó –si es que el pago se concretó-, ni dónde, ni en qué circunstancia, ni por qué medios.

El fiscal fundamenta su acusación en un puntilloso análisis retrospectivo de la conducta del viudo, su entorno familiar y sus abogados. Y, sobre todo, en el demoledor testimonio de la amante de Macarrón, que después del crimen padeció una crisis psiquiátrica que la alejó de su trabajo en los tribunales de Río Cuarto y la llevó a emigrar a otra provincia y refugiarse en un convento de monjas, atormentada por el recuerdo de la insólita conducta de su amante antes y después del homicidio Nora Dalmasso. “Tengo miedo de terminar muerta como ella”, les dijo, aterrorizada, a los investigadores enviados por Pizarro para tomarle declaración doce años después del crimen de Villa Golf.

Amante del viudo desde antes que éste se casara con Nora, la testigo clave de Pizarro describió a Macarrón como un tipo pijotero, avaro, codicioso y machista. “Era un nuevo rico”, apuntó. Y  explicó su inexplicable estándar de vida en su vinculación económica con Daniel Lacase y Miguel Rohrer. La mujer recordó que al poco tiempo del crimen de Nora, la mayor preocupación de Macarrón era haberse enterado de la elección sexual de Facundo: “Triste, avergonzado, me manifestó que su hijo era gay y que él no lo sabía ni lo imaginaba. Parecía mucho más preocupado por la condición sexual de su hijo que por haber perdido a su mujer”.

El escrito de Pizarro es una puntillosa relectura del expediente que prueba, entre otras cosas, el direccionamiento de la investigación hacia las hipótesis más descabelladas –los amantes, el juego sexual, la violación- y el sistemático encubrimiento del viudo y su entorno, fundamentalmente su abogado y vocero Daniel Lacase y el productor agropecuario Miguel Rohrer, alias “el francés”, por entonces presidente de la multinacional Del Monte Fresh y asiduo concurrente al predio de Urú Curé. De hecho, en su escrito el fiscal pide investigar al médico policial Juan Ribecky y a la entonces pareja de Lacase, Silvia Magallanes, por falso testimonio; y al comisario Rafael Sosa por encubrimiento.

Al  momento de elevar la causa a juicio, Pizarro no podía desconocer que los delitos que pide investigar ya prescribieron. En otras palabras, el fiscal pide que se investiguen conductas ilícitas que ya no pueden ser juzgadas y acusa a un hombre de ser el autor intelectual de un crimen encargado a una persona no identificada. ¿Cinismo procesal o impotencia judicial?

En Río Cuarto hay al menos un penoso precedente de esta irregular conducta procesal: la acusación contra los policías Mario Gaumet y Gustavo Funes por el homicidio del pequeño Alejandro Flores. Atropellado en 1991 por ambos uniformados, que hicieron desaparecer su cuerpo durante 17 años, el hallazgo de sus restos en 2008 llevó al fiscal Javier Di Santo a procesarlos por la autoría del crimen. Pero al otro día, el mismo fiscal los sobreseyó porque la causa ya estaba prescripta.

Más allá de la inconsistencia de la acusación contra Macarrón, la presencia de jurados populares genera incertidumbre porque por este sistema se condenó sin pruebas al albañil Sergio Medina por el homicidio de Claudia Muñoz y se absolvió a los policías que provocaron la muerte de la joven Soledad Correa, a pesar de la probada negligencia, impericia e ilegalidad del temerario control de tránsito montado por a la salida de una curva en la localidad de Holmberg.