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A 20 años de la reforma del Estado cordobés
Cordobesismo a la Carta
Foto: José Manuel De la Sota y una reforma constitucional que sentó las bases del cordobesismo actual.
Se cumplen dos décadas de la reforma constitucional impulsada por José Manuel De la Sota, que reemplazó la Legislatura bicameral por una unicameral y sentó las bases de la hegemonía política de la alianza gobernante.
Publicada el en Reflexiones

Cuando el frenesí de los años 90 parecía por fin llegar a su fin, Córdoba fue el laboratorio de una profunda reforma estatal orientada por la globalización neoliberal. Centralmente se trató de una estrategia desplegada a través de los créditos que desembolsaron el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -de 303 y 215 millones de dólares respectivamente- en una provincia condicionada por la abultada deuda externa contraída por el entonces paladín neoliberal y superministro de Economía de Carlos Menem, el cordobés Domingo Felipe Cavallo.

La negociación política en forma de acuerdo crediticio se ejecutó directamente entre los bancos internacionales y la Provincia, saltando la jurisdicción federal. Y el entonces gobernador José Manuel De la Sota respondió con un ambicioso proyecto de reforma constitucional a la principal demanda de los organismos internacionales: la reforma del Estado provincial.

El BM y el BID eligieron al conjunto de profesionales que ejecutarían dicha reforma y territorializarían la iniciativa “del otro lado del mostrador”: el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, enamorados de las teorías del New Public Management y cuyo compromiso con el gobernador peronista no sería óbice para que,  décadas después, aportaran sus cuadros técnicos al gabinete del presidente Mauricio Macri.

El New Public Management aplica los principios gerenciales privados a la administración pública, en consonancia con las políticas impulsadas por el Consenso de Washington. De la Sota (in)cumplió como pudo las tareas encomendadas: la privatización de EPEC, el Banco de Córdoba, la Lotería y los casinos provinciales, amén del sistema de recaudación impositiva, que por entonces estaban en manos de los municipios. El paquete de leyes de “modernización del Estado” que envió a la Legislatura provincial creó una Oficina Anticorrupción, habilitó la  “privatización del capital estatal”, creó “la Carta del Ciudadano” -que contemplaba nuevos derechos y deberes de usuarios y consumidores y creó el ERSEP- y modificó la “ley orgánica de Ministerios”, permitiendo armar sociedades mixtas entre ministerios, agencias y secretarías, incorporando así al sector privado a la gestión pública.

De la Sota descentralizó funciones del gobierno provincial a niveles de cooperación intermunicipales para “fomentar” el desarrollo regional, debilitando el Estado de Bienestar. Y si bien no logró eficientizar la administración pública -como proponían las recetas privatistas-, sí resolvió sus problemas de legitimidad y gobernabilidad. Su gobierno logró reformar la Constitución Provincial e incorporar a la discusión política el vocabulario del New Public Management: “Estado cristalino”, “Oficina Anticorrupción”, “Carta del Ciudadano”, etc.

La declamada lucha contra la corrupción tendría su episodio más controversial durante la maratónica sesión -¡cuatro días!- que requirió la aprobación legislativa de la reforma.

La élite al poder

Durante el año 2001 De la Sota impulsó la necesidad de reforma constitucional. El gobernador transitaba su tercer año de mandato y el PJ no tenía mayoría propia en el Senado. La UCR anunció que no acompañaría la iniciativa delasotista pero el presidente del Comité Provincial, Miguel Nicolás, y el jefe del bloque de senadores, Martín Ambort, presentaron sorpresivamente su propio proyecto de reforma constitucional.

¿A qué se debía este inesperado giro de los radicales? Meses atrás, el 26 de febrero del 2000, se había sellado un acuerdo político entre dirigentes de los partidos mayoritarios, replicando a nivel provincial la emblemática postal del Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. De la Sota y su antecesor, Ramón Mestre, habían sellado el “Pacto de las Tejas II”, un acuerdo de gobernabilidad operado por el entonces presidente Fernando De la Rúa, a través del cual los senadores nacionales del PJ cordobés (Unión por Córdoba) votarían la ley de reforma laboral a cambio de que la Nación asumiera la abultada deuda provincial y la incluyera en el “megacanje” de la deuda externa.

La Ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional en Córdoba se votó el 26 de julio de 2001. Los partidos políticos tenían 37 días para presentar proyectos, trazar acuerdos y elegir candidatos a convencionales para las elecciones constituyentes, que se celebrarían el 2 de septiembre.  La convocatoria disolvía la Legislatura de aquél momento, lo que motivó un pedido de inconstitucionalidad del Partido Socialista ante el Tribunal Superior de Justicia, que paró la disolución pero avaló la convocatoria a elecciones.

Unión por Córdoba (UpC) fue la lista más votada y obtuvo la mitad más uno de los convencionales, en una alianza que además del variopinto arco peronista sumó fracciones conservadoras como la UCD de Germán Kammerath, Acción por la República de Domingo Cavallo, los académicos Yanzi Ferreira (UNC) y Edmundo Barbará (UCC) y hasta el polémico senador Jorge Bodega, del Frepaso.

El 14 de septiembre de ese año los 67 convencionales de UpC aprobaron su proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, cambió la Legislatura bicameral por una unicameral. Se modificó así la representación nominal de legisladores por departamentos, beneficiando claramente al PJ, que tenía mayor representación territorial en el interior que en capital. La reforma redujo la cantidad de legisladores de 133 a 70 con el argumento de bajar costos, aunque incluyó una polémica “cláusula indemnizatoria” para los legisladores que no podrían cumplir su mandato en la nueva Unicameral.

Cumplido el pacto, la UCR (re)asumió su rol opositor y acusó al delasotismo de asestar un “golpe institucional” e imponer una “autocracia” a través de un “fujimorazo”. Pero De la Sota y su Unión por Córdoba lograron por fin mayoría propia en la flamante Legislatura Unicameral, en la que aprobaron sin mayores dificultades la estructura normativa del “Nuevo Estado” cordobés.

En 2003 De la Sota fue reelecto con un indiscutido 51,8 por ciento de los votos, afianzando una hegemonía política que se extiende hasta nuestros días.

Yael Ardiles
- Editor general de El Sur. -