Con la emblemática “causa Gutiérrez” en las gateras del juicio oral y público –el histórico proceso podría comenzar los primeros meses de 2022 en los tribunales federales de Córdoba-, la Comisión Municipal de la Memoria dio un nuevo paso en la búsqueda de pruebas para llevar al banquillo de los acusados a los responsables del encarcelamiento, tortura y desaparición de 59 víctimas de Río Cuarto y la región durante los oscuros años del terrorismo de Estado.  Se trata de la firma de un protocolo de trabajo con la UNRC que permitirá que mañana mismo se comience una búsqueda exhaustiva en sus archivos en busca de huellas de la complicidad de sus autoridades de entonces con la persecución a trabajadores docentes, no docentes y estudiantes.

La firma del convenio se realizó esta mañana en el despacho de Roberto Rovere, en una reunión de la que, además del rector, participaron la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad, Daniela Miranda, el abogado querellante en la causa Gutiérrez, Daniel Olartecoechea, la directora del Archivo Municipal de la Memoria, Mercedes Brusa, el funcionario Maximiliano Luna y Clarisa Duarte, militante de Derechos Humanos e hija de José Alfredo “Peco” Duarte, trabajador no docente desaparecido. También estuvieron la flamante coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, Daniela Wagner, y Vladimir Kamiensky, colaborador de ese espacio institucional.

El acceso al archivo de al UNRC permitirá indagar en la actuación previa al golpe cívico eclesiástico militar del 24 de marzo de 1976. De hecho, el protocolo de trabajo establece que la búsqueda de documentación abarcará desde el año 1974 hasta 1983, abarcando el período en el que Córdoba se convirtió en la antesala del terrorismo de Estado tras el golpe policial conocido como el “Navarrazo”, que derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano en febrero de aquél año. De hecho, la expectativa de la querella es encontrar huellas institucionales del paso de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en el campus, en un período en el que esa nefasta organización comandada por el ministro José López Rega tuvo gran protagonismo en la instauración del terror en la ciudad, con no menos de 35 atentados terroristas, como detalla Juan Muzzolon en su libro “Crónica militante de una lucha colectiva” (UniRío, 2014), oportunamente agregado a la causa.

A partir de la firma del convenio, un equipo de investigadores y estudiantes buscará en los archivos de la UNRC todos aquellos expedientes que contengan sanciones, suspensiones de servicios, expulsiones y/o cambios de dedicación que pudieran haber formado parte de la persecución política a trabajadores y estudiantes. También se analizará documentación vinculada al cambio de planes de estudio y la modificación de organismos en la Casa de Altos Estudios.

La investigación se concretará en articulación con la cátedra “Seminario de Derechos Humanos”, a cargo de la profesora Lilian Martella, y participarán les estudiantes Ana Paula Lavadet, Florencia Tesorero, Paulina Da Costa y Magali Berardo, a quienes se sumarán dos estudiantes que desarrollan tareas en la Casa de la Memoria: Camila Mezzano y Karen Magalí Torres.

La Municipalidad de Río Cuarto es una de los pocos municipios del país que es querellante en una causa de crímenes de lesa humanidad: la denominada “causa Gutiérrez”, que reúne la mayoría de los delitos cometidos en la ciudad y región –entre ellos los de Gladys Comba, Ernesto Silber y Gabriel Braunstein-, por lo es considerada la megacausa del sur de la provincia de Córdoba. El expediente se instruye en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y está caratulado “Gutiérrez Hermes Vicente y otros, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y abuso deshonesto”. El  fiscal que llevará adelante la acusación es Facundo Trotta.