La realidad suele tener esos contrastes: mientras el Poder Judicial de Córdoba sigue dilatando la realización del juicio por el crimen de Nora Dalmasso –que prescribe el próximo 25 de noviembre-, el procurador general ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, emitió un dictamen sugiriendo revocar la condena del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ)  contra el director de esta revista, que tuvo que indemnizar a los hijos del único imputado que tiene la causa.

En un dictamen breve, claro y conciso, el procurador rechaza los argumentos utilizados por el TSJ para condenar al director de esta revista y reivindica su trabajo profesional, al considerarlo ajustado a los cánones profesionales del ejercicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión.

En su dictamen, Abramovich cuestiona la negativa del TSJ a concederle al periodista Hernán Vaca Narvaja el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ya que era claro que el proceso que había transitado ya tres instancias judiciales “ponía en tela de juicio la interpretación de las cláusulas constitucionales que garantizan la libertad de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, la protección de la vida familiar y el interés superior de las niñas y niños”.  El TSJ denegó la posibilidad de acudir a la Corte pese a que lo que se discutía era nada menos que la aplicación de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ante esa denegatoria, Vaca Narvaja tuvo que presentar un recurso de queja, que fue admitido debido a que el litigio claramente afectaba la tutela federal de derechos fundamentales.

“La cuestión a resolver –sintetiza Abramovich- es determinar si las expresiones vertidas por Hernán Vaca Narvaja en ocasión de la cobertura periodística sobre la investigación judicial del homicidio de Nora Dalmasso se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión o si, por el contrario, exceden el ejercicio legítimo de ese derecho y vulneran los derechos de los actores (la familia Macarrón)”.

Familia de imputados

Abramovich recuerda que las hipótesis delictivas manejadas a lo largo del proceso tuvieron como posibles culpables a miembros de la familia Macarrón, dos de los cuales –Marcelo y Facundo- fueron imputados por los distintos fiscales que tuvo la causa. Y explica que las expresiones y/o adjetivaciones publicadas en El Sur referidas a Facundo Macarrón –denunciadas como injuriantes por sus abogados- forman parte de opiniones bien fundadas. “Los juicios de valor efectuados por la demandada (El Sur) con relación al actor (Facundo Macarrón) no configuran un insulto o vejación gratuita, sino que se relacionan con la crónica del acontecimiento periodístico, razón por la cual no alcanzan para justificar la responsabilidad de la demandada”, advierte el procurador.

Abramovich califica los textos presentados como prueba de daño moral por los Macarrón como piezas coherentes de un análisis periodístico serio: “expresan una valoración de la evidencia producida en el marco de la causa penal y están estrechamente vinculadas con el debate sobre un asunto de interés social”. Además, cuestiona que los Macarrón presentaran como prueba de las supuestas injurias un compendio de frases aisladas y sacadas de contexto, que apuntan a forzar conclusiones equivocadas.  Sugiere “considerar las expresiones en su totalidad y no de manera fragmentada, así como el contexto general en el que se insertaron”, es decir, en el marco de uno de los casos policiales más mediatizados de la historia reciente del país. “Ha sido en el marco de ese debate público –advierte el procurador- que fueron difundidos ciertos datos de la vida familiar de los actores a fin de examinar en términos periodísticos una de las principales hipótesis de la investigación judicial que (…) apuntaba a Facundo Macarrón como posible autor del delito”. Con esta misma lógica descarta el supuesto daño producido en Facundo por haber publicado su inclinación sexual: “la alusión a la vida sentimental del actor es relevante en la hipótesis que sostuvo la imputación del fiscal, dado que a su juicio podría haber sido un factor desencadenante del homicidio”.

La postal

Sobre los supuestos agravios a Valentina Macarrón, la hermana menor de Facundo, el procurador aclara que solo fue mencionada en el contexto del análisis de la autopsia psicológica, una de las piezas más valiosas del expediente, donde se menciona la existencia de una postal enviada a su padre desde Estados Unidos, que habría motivado un sugestivo comentario de Nora a una de sus amigas. “El cronista aludió a la postal sin mención concreta de su contenido y cuando se refirió al número de celular (que Valentina “heredó” de su madre asesinada), omitió publicar el dato identificatorio”, agrega, destacando la protección que El Sur hizo de la identidad de la menor. “La mención de esos aspectos de la vida personal (de Valentina) está estrictamente ceñida a los contenidos de interés público propios de la cobertura periodística del crimen, y de su investigación judicial, por lo que no configura una injerencia arbitraria en la privacidad”, advierte Abramovich.

Por último, el procurador también descarta algún delito en la reproducción de fotografías de Facundo Macarrón –que ni siquiera habían sido tomadas por El Sur- al merituar que su exposición “estaba relacionada con hechos de trascendencia pública, por lo que no puede considerarse violatoria del derecho a la imagen”. En este sentido, aclara que los Macarrón “no lograron acreditar que la utilización de las imágenes haya sido realizada con un propósito que exceda el de contribuir a un debate público”.

“Por todo lo expuesto –concluye el dictamen-, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada”.

La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra.