Carlos del Frade es periodista, escritor y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Es reconocido por investigar los circuitos de lavado de dinero y el narcotráfico. Su trabajo más reciente es el libro “Vicentin: desaparecedores y fugadores”, donde denuncia la impunidad que les dio el macrismo para estafar al Estado. En diálogo exclusivo con El Sur, Del Frade explica la trama secreta de la gran estafa al erario público, estimada en 791 millones de dólares a través de la toma de créditos concedidos por el Banco Nación, que en ese entonces era presidido por Rosendo González Fraga. “Lo que ha sucedido en estos días es que catorce integrantes del directorio de Vicentín fueron procesados por los delitos de estafa, desbaratamiento de derechos adquiridos, adulteración de balances y en los últimos años, a partir de julio de 2020 especialmente, el fiscal federal Gerardo Pollicita los acusó además de fuga de capitales y lavado de dinero”, explica Del Frade sobre las últimas novedades de la causa judicial. Y añade: “Entre agosto de 2019 y enero de 2020 fugaron setecientos noventa y un millones de dólares que eran del Banco Nación, en los tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, con González Fraga en la dirección de la entidad oficial y Guido Sandleris al frente del Banco Central de la República Argentina”.

-¿Hay una denuncia penal y otra civil?

-Se iniciaron cinco causas penales y un concurso preventivo de acreedores, que va a terminar el 16 de diciembre. Esto es en el juzgado número 2 en lo Civil y Comercial de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde está el doctor Silvano Lorenzini y es la base de operaciones de la familia Vicentín. Lo que sucedió esta semana es que el juez dio por probados los delitos presentados por el fiscal Moreno. Al permitir la libertad condicional, estos integrantes del grupo Vicentín -previa caución de diez millones de dólares- se demuestran dos cuestiones que en Argentina siguen vigentes: por un lado, lo que significa la admisión de la culpabilidad de delincuentes de guante blanco que tienen que comprar la libertad condicional; y por el otro, una justicia que sigue siendo como una red de pescadores invertida, por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. Pero más allá de esas particularidades, que son históricas en los procesos judiciales argentinos, es evidente que los procesos contra el espectro de delitos cometidos por Vicentín y amparados por el gobierno nacional de Mauricio Macri seguirán  su curso y terminarán con los integrantes del directorio de Vicentín presos, a pesar de que ahora hayan podido comprar su libertad condicional.

-¿Cuál es el rol de Vicentín actualmente?

-Vicentín está trabajando con una precariedad muy grande porque se le ha impedido seguir en el negocio de exportación de granos. Igualmente se mantienen las distintas empresas. Este grupo tiene 36 empresas, que siguen trabajando y tienen la posibilidad de seguir haciéndolo, más allá del concurso preventivo de acreedores y todos estos delitos que han sido probados. La empresa lo que necesita urgente es un cambio de orientación política y lo tiene que hacer el gobierno nacional, que es el principal acreedor porque le deben trescientos millones de dólares al Banco Nación y eso le otorgaría la mayoría de las acciones. La estrategia política debería ser recuperar Vicentín como la mayor empresa argentina exportadora de granos y participar del estratégico negocio de la comercialización de granos para que no quede totalmente en manos extranjeras, como lamentablemente podría ocurrir. Es fundamental que el gobierno nacional retome la iniciativa sobre Vicentín para transformarla en una empresa a favor del pueblo.

-¿Hay vínculos entre el contrabando de granos y el narcotráfico?

-Si, efectivamente. Desde el año 1998, cuando la DEA hizo su primer informe sobre el narcotráfico en Argentina, sostuvo que por los puertos privados del departamento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, entraba la mayor cantidad de cocaína. Desde entonces  esto no varió, por lo tanto están intactos los nichos de corrupción que tienen las grandes empresas privadas, que posan como si fueran los propietarios de la ética, la santidad y todo aquello que está bien mientras el Estado supuestamente es sinónimo de la corrupción. Si hay algo que queda demostrado con el caso Vicentín es que justamente por la terminal del puerto de Rosario y la terminal del puerto de Reconquista ha pasado absolutamente de todo. Así es que sí, son también responsables las grandes empresas nacionales transnacionalizadas y las multinacionales de muchos elementos que le arruinan la vida a nuestros pibes y pibas.

-¿Qué acciones son necesarias para revertir esto?

-Con el comercio exterior de granos hay que tener mayor presencia del Estado, transparente, inteligente, para saber qué entra y qué sale por los puertos privados. Y planificar desde esos puertos un desarrollo propio. Después todo lo que tiene que ver con materia de seguridad: hay que limpiar los nichos de corrupción que tenemos en las policías provinciales y en la fuerza de seguridad nacional, en este caso Prefectura, para que trabaje a favor del pueblo.