El derecho ha servido para crear civilizaciones y también para colonizar y someter a pueblos. El derecho básico que asiste a nuestro pueblo se nutre de los derechos humanos que hacen a su dignidad y desde el cual hay que plantear la discusión jurídica, principalmente en materia de deudas públicas.

No podemos dejar de advertir que las bases jurídicas concretas en nuestro país están colonizadas en su dinámica y en su estructura de aplicación.

Se nos dice y exige que nuestros Estados sean transparentes y no corruptos, con lo que estamos de acuerdo. Sin embargo, los poderosos financistas y prestamistas que lo exigen se cuidan de no ser transparentes al tiempo de negociar y concretar deudas públicas: todos los acuerdos de deuda externa tienen cláusulas de secretismo y otorgan impunidad de todo tipo (penal, civil, etc.) a los intervinientes. Esto propicia estructuras estatales de corrupción precisamente como consecuencia de las pautas jurídicas de desincriminación e irresponsabilidad para los intervinientes.

El propio sistema financiero corrupto genera y fomenta los mal llamados “paraísos fiscales”, palabra propia de la colonización semántica, ya que esos lugares no tienen nada de angelicales ni de paraíso: son verdaderas cuevas de dinero surgido en gran medida de hechos delictivos. Esas cuevas ayudan a retroalimentar el sistema de corrupción y  blanqueo de dinero sucio proveniente de evasiones fiscales, narcotraficantes y mafias. La mayoría de los casos que se dan en esos lugares configuran el delito de “Encubrimiento por Receptación”. Pero sirven para que el movimiento financiero se retroalimente con dinero barato al que le dan guarida. Los mismos que brindan esos refugios se ponen el disfraz de éticos y piden que el Estado deudor ajuste, no gaste en planes sociales, rebaje las jubilaciones, despida empleados, no invierta en salud y en educación y recaude todo lo posible, aún con impuestos injustos, para pagar deudas odiosas, ilegales, usurarias y/o írritas.

Un país como Estados Unidos, que nos exige cumplimientos como una actitud moral, tiene cuevas fiscales en Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida, Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota del Sur e Islas Vírgenes.

Jurisdicciones

Se nos obliga a resignar nuestra Justicia y someternos a pseudo-tribunales administrativos creados por los intereses de los prestamistas, como el caso del CIADI, que significa “Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados” (celebrado en Washington el 18/03/1965); o en tribunales extranjeros. Así fue que un juez de menor cuantía de Nueva York como Thomas Griesa nos hizo arrodillar como país ante los fondos buitres y sus requerimientos abusivos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene más inmunidades que un país soberano. Sus funcionarios gozan de inmunidad respecto de todos los instrumentos que suscriben y no se puede acceder a sus archivos ni con medidas judiciales, por lo cual resulta extremadamente difícil poner en evidencia los mecanismos internos que determinaron llevar adelante un préstamo que sabían no se iba a poder pagar, endeudando al país para condicionar su economía.

Como contrapartida, no hay inmunidad soberana para los Estados a los que se presiona para que paguen su deuda externa.

Justicia colonizada

¿Se puede acudir al Poder Judicial en Argentina? ¿A qué Poder Judicial? ¿El formateado por el norte centrismo y el poder financiero usurario? Nunca la ilegalidad de gran parte de la deuda externa que se nos reclama ha estado más transparentada. Sin embargo, aparecen caminos legales construidos para que no se puedan discutir los préstamos y la Justicia los encuentra y valida en defensa de los prestamistas. Baste referir, por ejemplo, que el endeudamiento externo contraído entre 1976 y 1983 sirvió, entre otros aspectos, para solventar negocios privados. Esta afirmación se desprende del fallo del juez Jorge Ballestero, dictado en junio de 2.000, en la causa conocida con el nombre de su impulsor Alejandro Olmos, en la que se investigó el proceso de endeudamiento del país durante la última dictadura militar. Esa causa judicial, iniciada en octubre de 1982 y cerrada en 2000, duró 18 años y en la sentencia se estableció que se cometieron 477 delitos por parte del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo. La moraleja deprimente fue que, no obstante demostrarse su culpabilidad, se lo sobreseyó por prescripción. Justicia tardía e ineficiente.

Ahora la nueva trampa está armada. Si algún juez o jueza tuviera la valentía de aplicar el derecho como corresponde al servicio de los derechos humanos de nuestro pueblo, los financistas igual tienen de garantía el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Carlos Rosenkrantz, vicepresidente del tribunal, informó que a partir de ahora intervendrá en causas de los clientes ligados a su estudio jurídico, entre los que están Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, Quilmes, Claro, o el fondo de inversión Pegasus. Este último tiene entre sus miembros a Merrill Lynch -fondos buitres-. Hasta ahora Rosenkrantz se había excusado de participar en más de cien expedientes de las empresas ligadas a su estudio de abogados.

La CSJN tiene que fallar ahora, entre otras causas, sobre la constitucionalidad del decreto del gobierno nacional N° 690/20, dictado en plena pandemia,  que determina que Internet es un servicio público en competencia. El tema llegó a la Corte por apelación del Estado Nacional ante una medida cautelar dictada en contra por una Cámara Federal en favor de empresas del rubro que se han opuesto a la medida.

Con buena voluntad, pero demostrando la impotencia judicial ante lo que podría resolver el máximo tribunal del país, la Defensoría del Público de Argentina hizo un planteo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que este organismo se manifieste a favor del Decreto 690 ¿Tenemos que ir a la ONU para que se protejan nuestros derechos básicos? ¿Tenemos Poder Judicial argentino?

Juicio Político

La CSJN opera como cuello de botella respecto de los aproximadamente 5.000 magistrados y magistradas de todas las instancias y fueros del país. Aún con su mejor dedicación y decisión en justicia, sus resoluciones terminan validándose o no ante la CSJN con el voto de sólo tres de sus miembros.

En la Corte actual, dos de sus cuatro magistrados (Rossatti y Rosenkrantz) fueron nominados por el prófugo “Pepín” Rodríguez Simón y nombrados inconstitucionalmente por Mauricio Macri. Han tenido conductas indebidas en derecho, en ética y en muchos otros aspectos. Reproches similares le caben a los otros dos integrantes (Lorenzetti y Maqueda), por lo que urge exigir un juicio político por mal desempeño para todo el tribunal, designar nuevos integrantes y reformular el funcionamiento del máximo órgano judicial del país. Es necesario un nuevo tribunal que otorgue la seguridad jurídica que merece la Nación. Se trata en definitiva de tener un Poder Judicial propio y respetable.