Inexorable, implacable, indetenible, el paso del tiempo, la ineptitud policial y judicial, la corrupción, el poder y sobre todo la decisión política de consagrar la impunidad, permitieron que hoy prescriba el crimen más emblemático de Río Cuarto: el asesinato de Nora Raquel Dalmasso, sorprendida casi desnuda, indefensa, ahorcada con el cinto de su propia salida de baño y las gruesas manos de su asesino. Hoy se cumplen 15 años de aquél cobarde homicidio –que hoy seguramente sería tipificado como femicidio, figura penal que entonces no había sido incorporada al Código Penal- y la fría letra de la ley indica que ya no se puede perseguir a ningún sospechoso. Con excepción del viudo, Marcelo Macarrón, que deberá enfrentar a un tribunal técnico y un jurado popular para defenderse de la acusación que pesa en su contra: haber contratado un sicario para asesinar a su esposa mientras cumplía su planificada coartada jugando al golf en Punta del Este.

Entre el asombro por la llegada de la tan temida –o esperada- prescripción, la expectativa ahora se centra en lo que pueda pasar en el juicio, que la burocracia judicial evitó se iniciara antes del plazo fatal establecido por el Código Penal.  Se especula que en febrero del año próximo la oficina de jurados populares del moroso Tribunal Superior de Justicia de Córdoba convocará a quienes deberán juzgar al viudo en un proceso que podría durar varios meses o solo algunas semanas, según cómo sea depurada una lista de testigos que a priori supera las 310 personas, pero que podría reducirse significativamente en función de las hipótesis del fiscal, la querella y la defensa de Macarrón.

El fiscal que tendrá la responsabilidad de sostener la endeble acusación de Luis Pizarro será Julio Rivero, que conoce bien a los actores del entramado jurídico político porque le tocó intervenir en dos causas conexas al crimen de Nora: la de las fotografías del cadáver que se filtraron al periodismo y fueron mostradas en horario central por el canal América; y el de las dádivas que Daniel Lacase le habría pagado al comisario Rafael Sosa y su comitiva, que llegó a la ciudad de la mano del fiscal Marcelo Hidalgo para cerrar el caso imputando a un “perejil”. Vista a la distancia, aquella espontánea pueblada que pasará a la historia grande de la ciudad como “El Perejilazo” evitó que Gastón Zárate –el “perejil” señalado por el dedo acusador del vocero Lacase, los abogados de Macarrón y los fiscales Di Santo, Moine e Hidalgo- apareciera “suicidado” en la fría y destemplada Alcaidía de la Unidad Regional N° 9.  Tamaño descuido del poder político eyectó del gobierno de José Manuel De la Sota al entonces fiscal general  Gustavo Vidal Lascano, su secretario de Seguridad y la plana mayor de la policía de la provincia. El propio gobernador pidió el juicio político de los fiscales, que por supuesto no prosperó. La única inestabilidad laboral que sufrió el inefable Javier Di Santo en estos quince años es que su Fiscalía se mudó al moderno edificio nuevo de los Tribunales.

La prueba científica

El resto de la historia es conocida: de carambola, al sacarse sangre para evitar la supuesta contaminación de la escena del crimen, surgió que el ADN de Félix Macarrón –el suegro de la víctima, que pasó la noche en que hallaron el cuerpo de su nuera en su casa-era idéntico al que los avezados forenses riocuartenses encontraron en la escena del crimen, tanto en la sábana de la cama donde estaba inerte como en el cinto con que fue estrangulada y en las zonas íntimas –vulva y vagina- de Nora. Esa coincidencia, refrendada por los análisis técnicos del Ceprocor, hizo que el fiscal Di Santo imputara a Facundo Macarrón, el hijo mayor de la víctima, que por entonces estudiaba en Córdoba. Lo acusó de abusar y matar a su madre, pero no fue preso. A diferencia de Zárate, un humilde pintor de obra, Macarrón pertenecía a la clase adinerada de Río Cuarto.

15 años después de aquella noche, el dignísimo bioquímico Daniel Zabala sigue sosteniendo que de la vagina del cadáver de Nora Dalmasso chorreaba semen. Y ese semen era de Marcelo Eduardo Macarrón, según lo determinaría años después -con una tecnología más avanzada que la del Ceprocor- el laboratorio del FBI que analizó en Estados Unidos las muestras enviadas por Di Santo desde Argentina. Pero el fiscal no imputó al viudo: prefirió preguntarle al Ceprocor –el mismo laboratorio que había fracasado en primera instancia- si era posible que ese ADN hallado en la escena del crimen fuera producto de la convivencia del viudo con su esposa, o del lavado conjunto de prendas en el lavarropa. Como esa posibilidad no era totalmente descartable –como suele razonar la ciencia-, dejó la causa sin imputados. Dos años después, una oportuna denuncia del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC por inacción lo obligo a abandonar el expediente: una somera revisión de lo actuado demostró que en ese tiempo el único acto procesal realizado por el fiscal había sido hacer un juego de fotocopias del último cuerpo del expediente a pedido de la defensa de Macarrón.

Al cuarto fiscal de la causa, Daniel Miralles, le bastó una rápida lectura del expediente para imputar al viudo como autor material del homicidio de su esposa.  Consideró que el virtual baño de su ADN en el cuerpo de la víctima era una evidencia incontrastable de su presencia en la escena del crimen. Dedicó algunos meses a probar la existencia de una “ventana horaria” que le habría permitido volar desde Uruguay, matar a su esposa y volver a tiempo para reiniciar su torneo de golf (¡el único que ganó en su vida!). Pero cuando debía elevar la causa a juicio, renunció sorpresivamente por considerarse agraviado por los dichos públicos del verborrágico Marcelo Brito. Después se arrepintió, pero el daño estaba hecho: fue recusado a pedido de la defensa del viudo.

Fuera Miralles, la causa recayó en una Fiscalía acéfala y subrogó el fiscal especial contra narcomenudeo Luis Pizarro. Que, al igual que su antecesor, releyó el voluminoso expediente, ató cabos sueltos y concluyó que el homicidio fue planificado con antelación: tanto el viaje del viudo a Punta del Este para alejarlo de la escena del crimen como los rumores sobre los supuestos amantes de Nora, “plantados” por el propio entorno del viudo, que una vez cometido el crimen hizo lo indecible para desviar la investigación hacia las hipótesis más inverosímiles. Solo analizando sus declaraciones testimoniales -y las de sus hijes- los peritos linguistas se harían un picnic en el juicio. 

Matar al mensajero

Durante todos estos años, lejos de pedir justicia por su madre, los hijos de Nora Dalmasso acompañaron a su padre en todo el proceso judicial y se sumaron a la demanda civil iniciada contra el director de esta revista por el supuesto daño moral ocasionado por sus publicaciones. Desfilaron en la “causa civil” del caso Dalmasso el ex gobernador José Manuel De la Sota, el ex vocero Daniel Lacase, la ex novia de Macarrón Pía Cardoso, el ex jefe de Policía Sergio Comugnaro y una pléyade de mucamas, amigos y parientes de Macarrón que testificaron sobre el “tremendo daño” que le provocó a su familia -que se mantenía al margen de las noticias, según declararon ellos mismos- leer las crónicas de revista El Sur, que se publicaba una vez al mes en medio del fárrago de noticias vinculadas al crimen en diarios, semanarios, canales de televisión, programas de radio y sitios web.

La jueza Rita Frayre de Barbero les dio la razón y me condenó a indemnizar con más de medio millón de pesos a los tres: Marcelo Macarrón y sus dos hijes. La Cámara Civil integrada por las inefables Godoy y De Souza y el “socialista” Cenzano ratificó la condena, aunque redujo el monto indemnizatorio a la mitad. Un dato curioso: De Souza y Cenzano adhirieron al voto de Godoy, que había asumido pocas semanas antes, sin tiempo material para leer el voluminoso expediente.  El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revirtió parcialmente el fallo al excluir de la reparación económica a Marcelo Macarrón, pero volvió a aumentar el monto a pagarle a sus hijes. Para entonces Macarrón había sido imputado como autor material del crimen de su esposa. Algo de pudor deben haber sentido los tribunos cordobeses que firmaron el fallo: además de impedir que un periodista tuviera que indemnizar al único imputado por el crimen de Nora Dalmasso, no ahorraron reproches para sus colegas de las instancias inferiores. Tamaña concesión no evitó que rechazaran el recurso extraordinario interpuesto por esta revista para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde tuvimos que llegar en queja. En octubre de este año, el procurador general ante la Corte, Víctor Abramovich, emitió un impecable dictamen sugiriendo a los cortesanos revocar el vergonzoso fallo del TSJ al sostener, entre otros conceptos, que “las opiniones y juicios de valor contenidos en las notas periodísticas (publicadas en El Sur) guardan vinculación directa con la materia de interés público debatida, por lo cual no exceden el ejercicio regular de la libertad de expresión”. ¿Principio del fin de la curiosa doctrina cordobesista sobre libertad de expresión? Lo determinará la Corte.

Todo o nada

El tribunal técnico que juzgará a Macarrón está integrado por los jueces Daniel Vaudagna, Natacha García y Gustavo Echenique Esteve, a quienes deberán sumarse los jurados populares que serían sorteados en febrero por el TSJ. La querella tendrá una abogada designada de oficio, ya que nunca reemplazó al letrado Diego Estévez. A pesar del delicado estado de salud de la madre de Nora, “Nené” Grassi, para el tribunal su voluntad de formar parte del proceso nunca estuvo en duda. El resto del elenco se integrará con el inefable Marcelo Brito, a quien posiblemente asista su socio Marcelo Libeau y su nutrido elenco jurídico (Brito y Libeau llegaron a sumar siete abogados para litigar contra esta humilde revista en el juzgado de Frayre de Barbero).

Aunque la acusación del fiscal Pizarro es endeble, no está dicha la última palabra. No es improbable que durante el debate se vuelva a poner la lupa sobre la prueba científica, que suele ser determinante en estos casos. Y que no se contradice con el contexto de la última acusación al viudo, que habla de planificación, siembra de rumores, desvío de la investigación, complicidades y pedidos de falso testimonio para varios de los testigos que desfilaron por la policía y tribunales durante la etapa de instrucción.

En Río Cuarto, la experiencia de juicios con jurados populares abre un enorme signo de interrogación: en el juicio por la muerte de Sol Correa, atropellada como consecuencia de un pésimo control policial, el jurado popular absolvió a los policías responsables, pese al evidente cúmulo de pruebas en su contra; como contrapartida, otro jurado popular condenó al albañil Sergio Medina por el crimen de la comerciante Claudia Muñoz, pese a que no hubo siquiera indicios firmes sobre su presencia en el lugar del homicidio y el propio fiscal habia pedido su sobreseimiento.

Tanto el tribunal técnico como los jurados populares cargarán sobre sus espaldas con una mochila adicional: al haber pasado tanto tiempo y estar prescripta la causa, si no condenan a Macarrón el caso quedará indefectiblemente impune, porque ya no se podrá perseguir a nadie más. “Si creen que va a ser un trámite, están muy equivocados”, advierten en los fríos pasillos del moderno edificio de Tribunales de Río Cuarto, donde seguramente desembarcarán el año próximo los medios de comunicación de todo el país.