En Córdoba David pelea contra Goliat, sin gomera ni Dios que lo ampare. En los tribunales provinciales las automotrices parecen moverse con la tranquilidad y la prepotencia del patrón de estancia ante los reclamos de consumidores y ahorristas víctimas de estafas o planes usurarios para cumplir el sueño de auto propio.

A mediados de febrero, ahorristas de Río Cuarto se manifestaron en los tribunales de la ciudad aprovechando una visita institucional de los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Les entregaron un petitorio pidiendo que se expidan sobre la vigencia de una medida cautelar que los protege de los aumentos desmesurados e insólitos de los autoplanes, que les imponen las “administradoras”, cara visible de las mamushkas en que las automotrices disfrazan la usura de la venta de vehículos en cuotas.

Revista El Sur viene cubriendo la temática hace rato y el año pasado publicó la investigación “Quien le pone el cascabel a las automotrices” (https://revistaelsur.com.ar/nota/534/Quien-le-pone-el-cascabel-a-las-automotrices), en donde describió las penurias de quienes compraron un auto en cuotas por el sistema de autoahorro.  Obligaciones que se multiplican con indexaciones fuera de toda lógica, incumplimiento de los contratos a partir de las “letras chicas”, gastos administrativos o imposiciones de seguros a precios que llegan al doble de los de mercado, son algunas de las quejas recurrentes.

Hartos de la situación, imposibilitados de cumplir los pagos, o ambas cosas a la vez,  algunos damnificados se presentaron a la Justicia ordinaria para reclamar que al menos la actualización de cuotas no superara un porcentaje razonable de sus ingresos. Obtuvieron un amparo el 31 de agosto de 2020 en los autos “Acosta, Nora Inés y otros c/Volkswagen Argentina SA y otro –Acción Colectiva- expte 8665690”, que puso un techo a las cuotas del 30% de los ingresos de cada ahorrista.

Pero las automotrices apelaron y rápidamente les hizo lugar la Cámara Séptima de Apelaciones, que estableció que la Justicia ordinaria no es competente y dio por caída la cautelar.

Intimadas por la Inspección General de Justicia, algunas automotrices desdoblaron las cuotas para aminorar los incrementos. “Las empresas pretenden cobrar a los ahorristas grandes sumas de dinero bajo dos modalidades: una diciendo que es la última cuota y otra (cuando el ahorrista ha pagado la última cuota) aduciendo que es una deuda que se originó a partir de haber abonado las cuotas con el correspondiente descuento. En ambos casos aplican intereses desde el momento en que se originó la diferencia y a posteriori, cuando ya han consolidado el monto final de la “deuda”, desde el momento en que no se abonó”, explica el abogado Carlos Gaso, que patrocina a los ahorristas. Algunos de sus clientes han recibido cuentas de actualización que van de los 400 mil al 1,2 millón de pesos. Un verdadero autoahorro.

Cuestión de imagen

El año pasado, la empresa FIAT fue denunciada por la venta de camionetas modelo TORO ‘Freendon Diesel’ que tenían un defecto de origen y dejaban de funcionar o se prendían fuego. La firma les achacó a los usuarios quejosos no utilizarlas correctamente.

Se vendieron alrededor de 15 mil vehículos en todo el país entre 2016 y 2017 para luego discontinuar su fabricación y venta.

300 compradores se agruparon en una acción colectiva patrocinada por la ONG Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), aduciendo que las fallas de origen ponían en peligro la vida de sus conductores, a la vez que los sometían a una utilización defectuosa del vehículo. Otros usuarios que litigaron de manera individual lograron que la misma Cámara Séptima ordenara la sustitución de cuatro camionetas por otras de igual prestación “por considerar que no se pueden trasladar al usuario las obligaciones y dificultades de mantenimiento derivadas del uso normal del vehículo”.

Pero en abril del año pasado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó esa cautelar en un fallo firmado por Marta Cáceres de Bollati, Luis Angulo y Domingo Sesín. Los vocales consideraron que la demanda causaba un perjuicio a la imagen de Fiat que podría derivar en el éxodo de la planta. “Abarcan el irremediable daño a la imagen”, advirtieron los magistrados, que además obligaron a los demandantes a devolver las camionetas que habían recibido en sustitución.

El abogado de UCU, Exequiel Vergara, consideró “una vergüenza” la resolución del TSJ y dijo que “se manejan con protección y amiguismo con una empresa que tiene relaciones directas con el gobernador Schiaretti”. La Provincia compró un lote de 98 de esas camionetas, de las cuales 13 se prendieron fuego. Todas debieron ser sacadas de circulación.

“Lamentablemente Córdoba es una de las provincias más atrasadas en la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor. La mayoría de los jueces y funcionarios exhiben con soberbia una cultura de desprecio por las nuevas leyes y principios protectorios en sus sentencias”, dijo el abogado.  Y agregó que “el beneficio de gratuidad para litigar, a favor de los consumidores, que desde su sanción está previsto en la ley, y que fue ratificado por la Corte Suprema en numerosas oportunidades, sólo se sostiene excepcionalmente y por magistrados que se cuentan con los dedos de una mano”.